VALENCIA, (EP). Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana necesitan 154 días de trabajo para pagar la deuda autonómica, con lo que se sitúa como el primer territorio donde más jornadas laborales por habitante se requieren para ello frente a las 53 de País Vasco y Comunidad de Madrid.
Así se refleja en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que calcula que a nivel nacional la deuda pública total respecto al PIB representa un perfil "sostenible o decreciente", en especial a partir de 2018, si bien el conjunto de las administraciones no alcanzaría el valor de referencia del 60% del PIB hasta el año 2036.
Estas son algunas de las conclusiones del observatorio de deuda pública presentado este jueves por el organismo, que ha lanzado una plataforma interactiva para analizar el endeudamiento de las administraciones públicas en distintos escenarios.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, elaborada para ser garantía de cumplimiento del pacto de sostenibilidad europeo, establece un periodo transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del 60% del PIB, si bien la AIReF cree que las administraciones no alcanzarán este objetivo hasta dentro de 20 años, en el ejercicio 2036.
La ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones se situó en el 100,5% el pasado mes de junio, unos 65 puntos porcentuales por encima del mínimo alcanzado en marzo de 2008, siendo la tercera vez en los últimos trimestres que se rebasa el umbral del 100% del PIB.
Además, el observatorio muestra que la Comunitat Valenciana es el territorio donde más días de trabajo por habitante se necesitan para pagar la deuda autonómica, con un total de 154 días, frente a los 53 días del País Vasco y de la Comunidad de Madrid.
Considerando la deuda propia y la común, hay cinco comunidades autónomas cuyos habitantes deberían dedicar más de 440 días para hacer frente a la deuda. Éstas son Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia.
De igual forma, comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunitat Valenciana tendrán que esperar hasta pasado el año 2040 para cumplir el valor de referencia del 13% del PIB.
Por el contrario, las corporaciones locales podrían conseguir el valor de referencia del 3% del PIB marcado en este mismo año.
