Los regantes miran a Bruselas como último recurso tras el cierre de acuíferos sin resolver el trasvase

ALICANTE. La aprobación el pasado 16 de junio de los planes de actuación para los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, en el seno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), apunta a una nueva judicialización de la política hídrica respecto a la provincia de Alicante (la propia declaración como sobreexplotados de los acuíferos está dirimiéndose en un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana), dado que cada finca o comunidad de regantes que se considere perjudicada podrá iniciar su propio proceso legal contra el organismo de cuenca.

Cabe recordar que los planes de actuación aprobados, para permitir que los acuíferos se recuperen, suprimen progresivamente entre este año y 2027 los derechos concesionales de los regantes sobre dichas masas de agua, sin establecer cómo se van a sustituir. Algo que va expresamente contra la Ley de Aguas (concretamente, contra su artículo 56.2) y que supone en la práctica una 'expropiación' no compensada, tal como critican numerosos regantes del Alto Vinalopó (la zona directamente castigada). De los 95,3 hectómetros que tiene concedidos ahora el regadío en la zona se pasará a solo 9,3 en cinco años, un 90% menos.

Dado que se trata de medidas diferentes para cada acuífero, y sin perder de vista que el TSJCV podría anular la declaración de sobreexplotación de 2020 en base a la cual se han aprobado estos planes, a partir de ahora cada 'expropiado' podría, por su cuenta y al margen de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí, interponer su propio contencioso en busca de la nulidad o incluso una reclamación administrativa. Pero además, se abre una nueva puerta: superado el umbral del Gobierno central, que es quien aprueba estos planes de actuación con el apoyo de la Generalitat, los regantes tienen una última 'instancia superior' a la que acogerse: la Unión Europea.

En este sentido, por un lado hay que tener que cuenta que la Ley de Aguas vigente en España es la del texto refundido de 2001, pero que en 2003 se modificó a través de otra ley para introducir la trasposición de la Directiva Marco Europea del Agua. Es decir, vulnerar la ley estatal al no asignar los recursos de sustitución en el cierre de los acuíferos equivale a ignorar una directiva europea. De esta forma, cualquier afectado podría plantear el caso, de forma particular, al Parlamento Euorpeo, según las fuentes consultadas por este diario.

Pero además, no hay que olvidar que Bruselas financió con 120 millones de euros las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, precisamente para sustituir con agua del Júcar la extracción de recursos subterráneos, lo que supone que pagó prácticamente la mitad de las obras de competencia estatal (el proyecto costó finalmente 228 millones tras el cambio de toma de Cristina Narbona en 2005). La obra lleva terminada desde 2009 sin que se haya regulado su uso en unas normas de explotación integradas en la planificación de la cuenca (en estos momentos se tramita el tercer plan del Júcar desde que se finalizó la tubería, sin asomo de regularlo) y, por tanto, Bruselas podría entender que no se ha cumplido el objetivo al que destinó esos 120 millones y reclamar su devolución.

400 millones de euros al año

La decisión de cerrar los acuíferos sin resolver el trasvase pone en riesgo el cultivo de 32.600 hectáreas en el interior de Alicante, que generan una producción agrícola de más de 400 millones de euros al año, según un estudio de la Politécnica de Cartagena. Pese a todas las fotos que se han hecho representantes del Consell con los regantes en las últimas semanas, lo cierto es que no hay acuerdo más allá de pactar la compra de agua de forma puntual (18,8 hectómetros este año), y el convenio a varios años que se intenta cerrar no otorgará derechos a los usuarios ni los convertirá en demanda del Júcar.

La cuestión mollar sigue siendo la misma: los regantes piden que se les exima de pagar los costes de amortización de la obra, en base al convenio original firmado antes del cambio de toma en 2005, y que se reparta el incremento del precio entre regadío y abastecimiento. Dos reclamaciones que siguen sin encontrar eco en el Ministerio. De manera que, sobre el papel, la CHJ va a cerrar los acuíferos del Vinalopó sin ofrecer a los afectados una alternativa que garantice sus derechos concesionales, y a abrir un escenario judicial endiablado.