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actual consejera de la junta de andalucía

María Jesús Montero será la ministra de Hacienda de Pedro Sánchez

Tendrá que decidir si avanza en la línea de la tasa 'Google'

5/06/2018 - 

MADRID (EP). La actual consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, asumirá la cartera de Hacienda en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, según avanzaron a Europa Press en fuentes socialistas. En las últimas horas, la dirección del PSOE Andaluz y la cúpula socialista en Ferraz han mantenido intensas conversaciones en torno a los nombres andaluces que entrarían en el Gobierno.

María Jesús Montero (Sevilla 1966), la segunda andaluza que se incorpora al gabinete tras la confirmación de que la cordobesa Carmen Calvo será vicepresidenta única y ministra de Igualdad, es licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA.

Se trata de la más veterana en el gabinete que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, conformó en 2015, cuando Montero repitió en el cargo tras once años formando parte del gobierno andaluz de manera ininterrumpida.

Ostentaba la cartera de Hacienda y Administración Pública desde 2013, departamento al que llegó tras pasar nueve años al frente de la Consejería de Salud, a la que accedió en 2004 de la mano de Manuel Chaves. A este cargo accedió tras ejercer desde 2002 como viceconsejera del mismo departamento.

 

Anteriormente fue subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla entre 1995 y 1998. En este año se incorporó al complejo sanitario Virgen del Rocío de la misma ciudad, primero como subdirectora médica y posteriormente como subdirectora gerente.

Al margen de su trayectoria en el ámbito sanitario, María Jesús Montero fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988, y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Desde 2008 es parlamentaria por Sevilla en la Cámara autonómica.

Déficit, financiación autonómica y Presupuestos, las tareas

La que será nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomará el relevo a Cristóbal Montoro en el departamento con el objetivo de déficit público del 2,2% del PIB comprometido con Bruselas como una de sus principales tareas, así como completar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y proyectar los del próximo ejercicio y tomar decisiones ante la reforma de la financiación autonómica pendiente.

La hasta ahora consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha sido elegida por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ocupar la cartera de Hacienda, por lo que abandonará el Ejecutivo autonómico andaluz para tomar el relevo al 'popular' Cristóbal Montoro, tras seis años continuados al frente del departamento ministerial.

Aunque es seguro que España saldrá este año del procedimiento de déficit excesivo en el que llevaba inmersa desde 2009, Montero tendrá que trabajar para conseguir cumplir la meta fiscal comprometida con la Comisión Europea, fijada en el 2,2% del PIB para este año, con lo que se deberá hacer un ajuste de unos 10.000 millones para rebajarlo del 3,07% en el que cerró 2017 al 2,2%, un requisito también para poder cumplir la meta de deuda del 97% del PIB.

De hecho, desde Bruselas y la AIReF han advertido ya del riesgo de posible incumplimiento del objetivo de déficit, especialmente por el aumento del gasto recogido en los Presupuestos de 2018 por el alza de las pensiones.

Para alcanzar la meta presupuestaria y hacer frente al aumento adicional en pensiones, Montoro había comunicado a Bruselas la intención de crear un impuesto a las grandes tecnológicas, conocido como 'tasa Google', que se estudiaría en el marco del Pacto de Toledo, por lo que la nueva ministra de Hacienda deberá decidir si avanza en esa línea impositiva u opta por otras medidas.

 

De igual forma, Montero asume la cartera de Hacienda en plena tramitación en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, elaborados y aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero que el nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzó que mantendrá tras haber conseguido el apoyo del PNV a su moción de censura. El PP ha decidido ahora presentar enmiendas a sus propias cuentas y retrasar el debate de totalidad, por lo que previsiblemente se dará la paradoja de que Montero tendrá que acudir a la Cámara Alta a defender las cuentas públicas del PP.

El presupuesto alternativo del PSOE a las cuentas del PP contemplaba un aumento del gasto adicional de 8.000 millones de euros, con una recaudación de 6.420 millones a través de subida de impuestos en materia medioambiental a empresas y rentas altas. También proponía hacer frente al gasto en pensiones cargándolo a los impuestos y crear dos nuevos tributos, uno a la banca y otro a las transacciones financieras.

Así, Montero deberá zanjar el asunto de los Presupuestos de 2018 y ponerse de inmediato a trabajar para conseguir los apoyos al techo de gasto de 2019, paso previo y necesario para las futuras cuentas públicas del próximo año.

Otro de los principales asuntos pendientes es el referido a la reforma de la financiación autonómica y local, en un contexto en el que el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) (en donde Montero ha ocupado un asiento en los últimos años como consejera andaluza) ultimaba sus trabajos y el Gobierno de Rajoy iba a remitir un documento.

Entre las ideas de su sucesor, Cristóbal Montero, se encontraba la reestructuración de la deuda de las CCAA, a lo que se suma la asignatura pendiente de abordar la posible compensación a los ayuntamientos por la pérdida de los ingresos que recibía del impuesto municipal de plusvalía, después de que el Tribunal Constitucional determinase que no se puede aplicar dicho gravamen si la venta de la vivienda se cierra sin plusvalía, es decir, con pérdidas respecto a su valor inicial.

La nueva titular de Hacienda deberá gestionar también el levantamiento del control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, después de que el pasado sábado decayera la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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