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Presidente del colegio de arquitectos

Mariano Bolant: "No existe lo bueno, bonito y barato"

Foto: EVA MÁÑEZ.
4/08/2017 - 

VALÈNCIA. El periodo vacacional suele ser propicio para las reflexiones. Y Mariano Bolant, Presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia así lo pretende. Este primer jueves del mes de agosto ha lanzado un comunicado conciso, duro y claro, en el que ha denunciado las condiciones “inmorales y temerarias” de los concursos públicos para construir o rehabilitar espacios públicos, al considerar que “se aprovechan de la escasez de encargos para reventar plazos y presupuestos”, lo que provoca que algunas obras se acometan en condiciones “indecentes”. El texto, en el que expone casos concretos y señala con nombres y apellidos, quiere sobre todo ser un acicate para que desde los estamentos públicos se corrija una tendencia “torticera”, asegura a Valencia Plaza, que ha convertido la obra pública en poco menos que una jungla y en la que, en aras de un malentendido bien común, se está perjudicando a la sociedad.

—Lo que usted denuncia no es cosa de una única administración.

—Efectivamente, es de todas; no son sólo ayuntamientos o autonomías, también es el Gobierno Central y otras instituciones.

—Los concursos son cada vez más temerarios.

—Cada vez tenemos más recursos que hacer contra ellos. Al final ha llegado un momento en el que te planteas: ‘Habrá que decirlo’. Hay muchas cuestiones que se están conduciendo por unos canales con los que no estamos de acuerdo. Así pasa por ejemplo con el asunto de que en los concursos se disocien el proyecto básico del proyecto de ejecución y la dirección de obra. Tampoco entendemos que se acepten bajas en tiempo insostenibles, o bajas temerarias… La profesión está atravesando momentos difíciles. La Administración lo que más está puntuando es la baja económica y ahora han introducido lo de la baja temporal. Hay gente que está tan desesperada que se tira a la piscina aunque sólo haya un palmo de agua. La Administración acepta esas bajas y lo que sucede es que están aceptando mentiras.

—¿La consecuencia de eso cuál es?

—Que no estamos produciendo la calidad que un edificio público requiere. Todos los edificios lo requieren. Los [promotores] privados sí hacen el esfuerzo pero los públicos parece que no lo hacen tanto.

“Estamos llevando las propuestas a unos extremos que no nos conviene a la sociedad en general. Debemos exigir calidad. Pero si sólo se prima que se haga la oferta [económica] más baja…”

—No hay un mínimo de calidad.

—Ése es el tema. Estamos llevando las propuestas a unos extremos que no nos conviene a la sociedad en general. Debemos exigir calidad. Los profesionales la pueden dar. Pero si sólo se prima que se haga la oferta [económica] más baja, si sólo se prima que se haga la obra lo más rápido posible, y después se introducen variables recientes, como hemos tenido el caso, con cuestiones sobre solvencias económicas… estamos acotando nuestras posibilidades de hacer las cosas mejor. Es el caso de las solvencias económicas. Cuando se introduce esta variable lo que se hace de entrada es descartar a los despachos más jóvenes porque no pueden cumplir ese requisito. Por dimensión se despacha también a casi todos los despachos de tamaño medio, porque tampoco lo pueden cumplir. Al final sólo pueden cumplirlo unos pocos y el resto tienen que acudir a ute’s que en muchos casos no son naturales, son uniones forzadas por las circunstancias; así sucede que se están uniendo empresas que no saben si quieren hacer cosas juntas. La multidisciplinariedad es muy loable y está muy bien, es a lo que tendemos, pero no debe ser porque tengamos que cumplir un requisito administrativo.

—Tenemos una metáfora reciente con el conflicto que se ha desatado por la peatonalización de la Plaza de la Reina de València.

—Por ejemplo. Al final, por una cosa u otra, hemos visto que este tipo de requisitos que se nos piden a los arquitectos nos llevan a sinsentidos. En este caso el proyecto tenía una solvencia técnica, con sus valoraciones; y al final ha sido la solvencia económica de una de las empresas la que también ha tenido que entrar a jugar.

—El atolladero es para la Administración, que ella misma se exige rechazar lo que quiere.

—Esto es. Al final acaban bebiendo su propia medicina. Y eso repercute sobre los ciudadanos.

—¿Cuál es la solución?

—Los criterios de los concursos deberían ser de otra manera. Hay muchas fórmulas. Una de ellas podría ser optar por los concursos de ideas libres, sin condicionantes económicos ni de ningún tipo. En un primer término se hace una selección de unas ideas, cinco, seis, y se les asigna una dotación económica. Eso hace que esos equipos seleccionados puedan ir abriendo camino. Al tiempo la Administración ya puede ir pidiendo cosas y va nutriéndose de ideas, incorporando gente joven, incorporando empresas pequeñas…

—Se trata pues de que se vuelva a valorar; no sólo hacer matemáticas en los concursos.

“La gente joven tiene muy buenas ideas y los despachos medianos también, pero no pueden participar en los concursos porque al final sólo se piden criterios económicos”

—El Consejo de Arquitectos tiene unos criterios de valoración que se quieren introducir en la Ley de Arquitectura a la aludo en el comunicado. Se trata de que todo el mundo pueda tener la oportunidad de ir a los concursos, porque el asunto es que ahora no pueden hacerlo todos. Y estamos perdiendo muchas opciones, muchas soluciones, porque la gente joven tiene muy buenas ideas y los despachos medianos también, pero no pueden participar en los concursos por esos criterios económicos de los que hablábamos. Es obvio que las grandes empresas tienen buenas ideas también, pero si en lugar de tener sólo dos equipos de grandes empresas tenemos también a dos equipos de tamaño medio y dos despachos jóvenes, lo que tendremos al final es a seis equipos aportando ideas, trabajando. Lo que no puede ser es que al final sólo sean las cosas para el que más barato lo haga, el que más rápido lo ejecute… el bueno-bonito-y-barato. Y ya hemos visto que el bueno-bonito-y-barato no existe. Al final no es ni bueno, ni bonito, ni barato. Ahora tenemos edificios que son deficientes, caros de construir, caros de mantener… porque hay que pensar en el mantenimiento posterior. ¿Qué queremos de un edificio público? Que sea bueno, económicamente viable y sostenible. Pues encontrar eso también se paga.

—Hay un dicho anglosajón que sostiene que si pagas con cacahuetes tendrás monos.

—Exactamente. La calidad es la calidad. Nadie en su sano juicio se plantea que médico es más económico. Nadie en su sano juicio se plantea qué médico le va a operar más rápido. Al contrario. Si te dicen que tu operación requiere cinco horas, le pedirás al cirujano que se tome seis.

—Es un cambio de mentalidad.

—Ahí entra el justiprecio. Si se aspira a algo bueno, hay que pagarlo. Pero no es lo que está sucediendo. La propia Diputación de Valencia tiene unos baremos de honorarios ridículos; la Universitat de València no hace caso de sus propios baremos recomendados; los ayuntamientos, tres cuartas partes de lo mismo. Todo es primar la baja económica, a acortar el tiempo, a la solvencia económica… Eso no puede ser. Eso no nos lleva a resultados de calidad. Hay que decir ‘basta ya’, hay que pedir que se replanteen las cosas. En Cataluña tienen una Ley de Arquitectura que ayuda a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que se prima? La calidad, la idea… Lo que se tiene que primar.

“La Administración es garante de los recursos de los ciudadanos y no por comprar una cosa más barata está gestionando mejor esos recursos. ”

—¿Y por qué ha pasado esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

—Está en la Ley de Contratos del Estado. Da la potestad a la Administración de obligar. Y aquí al final lo que sucede es que se está manipulando de forma torticera y se acude a máximos. Creo que los ciudadanos merecemos cosas buenas, lo mejor, en todas partes. La Administración es garante de los recursos de los ciudadanos y no por comprar una cosa más barata está gestionando mejor esos recursos. A corto, medio y largo plazo se está demostrando que no es mejor.

—Al final, todo pasa por una nueva formulación de la gestión del talento.

—Sí, porque se está despreciando el trabajo intelectual. Muchas veces se ven los proyectos como si fueran las ocurrencias de tres o cuatro que se han juntado, sin tener en cuenta el proceso intelectual que ha llevado a la toma de decisiones. Se cree que vale todo, y bajo la amenaza del pan, que digo yo, se está pidiendo todo. Y eso no es justo ni es bueno para la sociedad.

—La austeridad mal entendida.

—Sin duda. Lo cual no quiere decir que haya que despilfarrar. Se trata de equilibrar las cosas.

—¿Esto sucede en el resto del mundo?

 —No. En el resto de Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en los países del Este te pueden admitir bajas de hasta un 10%, pero no del 70% como se ha llegado a ver aquí. No sucede en ningún otro sitio. Aquí se ha tomado de forma retorcida esa mala interpretación de la Ley de Contratos. Como se puede apretar, lo hacen y después se ponen la medalla. Pero no. La medalla se la debe poner la sociedad con los buenos resultados. La arquitectura puede dar buenos resultados, los profesionales pueden dar buenos resultados, pero para ello hay que tratarlos de manera justa.

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