Los cambios en Mariner todavía van más allá. Conllevan también la salida del hasta ahora secretario y consejero Francisco Javier Mariner Monleón y la entrada en su lugar de Alejandro Mariner Rande. Se incorporan además Jorge Mariner Rande como consejero y vicepresidente y Mónica Mariner Tamarit como consejera y vicesecretaria.
En el consejo, además, se produce la salida de Enrique Carlos Mariner Monleón y la entrada de Mario Mariner Tamarit.
El cambio ponen fin a un periodo de cinco años en los que el también expresidente de Ivefa ha estado al frente del consejo de la empresa familiar Mariner, si bien también coincide con la investigación judicial que tiene lugar tras una querella de la otra rama de la familia. En la causa se encuentran imputados -investigados, según la reformada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)- tanto el presidente saliente como el entrante, además de los cargos mencionados en los primeros párrafos salvo Mónica Mariner Tamarit y Mario Mariner Tamarit.
La causa es una auténtica guerra por la propiedad de la mercantil. Las penas que se reclaman, en el caso de algunos dirigentes como el ya expresidente, sumarían un máximo de 12 años de cárcel -según consta en la querella, presentada por el letrado Emilio Alfonso Monzó López-.
Según los hechos que se denuncian, en 2011 tuvo lugar una ampliación de capital en la empresa cuyo objeto, "teóricamente", era permitir a la firma afrontar mejor la crisis económica. No obstante, según la querella, aquí "empiezan a aparecer las conductas de una rama de la familia (los querellados) tendentes a apartar de la gestión a los miembros de la otra rama".
La querella detalla que en la emisión de acciones correspondiente a la ampliación de 2011 se establece, tal como recogen los estatutos de la empresa, que el 50% de los títulos -y no otro porcentaje- sería para cada rama de la familia. No obstante, tal requisito no apareció reflejado en la correspondiente acta notarial del 1 de julio de 2011. "Mediante dicho artificio y, amparado por una fe pública que ha sido manipulada para dar apariencia de que plasmaba los verdaderos acuerdos adoptados, se han visto aumentados los derechos políticos de una rama de la familia", recoge el texto.
Tras esta "maniobra" se habría producido otro "engaño" en contra del régimen de transmisión de acciones y del derecho de suscripción preferente: la compra a uno de los querellantes -una persona de avanzada edad, según apuntan fuentes conocedoras del conflicto- de dos minúsculas partes de sus acciones por parte del entonces presidente, Mario Moliner Monleón, y del ahora exconsejero Enrique Carlos Mariner Monleón, que también se habría hecho con "los derechos políticos de la totalidad de las acciones". Según reza el texto, "con dicha ilegal compraventa se altera el equilibrio existente anterior".
En su declaración ante la juez que investiga el caso, Mario Mariner Monleón defendió la legalidad de las dos ampliaciones de capital realizadas en la empresa en los años 2011 y 2015. "Simplemente unos aportaron más y otros, menos", indicó el empresario. Según la defensa, la querella "no tiene ninguna base jurídica", puesto que la ampliación de capital de 2011 se realizó con presencia en el consejo de la rama de la familia que ahora presenta la acciones legales. "Todos aprobaron la ampliación", señalan.