El vicepresidente segundo del Consell y titular de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha completado la reestructuración de su equipo tras algunos de los cambios acometidos en estos primeros seis meses de legislatura.
Así, este viernes se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el nombramiento de la abogada Maria José Guiralt como asesora C2 de la conselleria, puesto que accede en sustitución de David Vegara.
Este último fue ascendido días atrás a director general de Emergencia Habitacional, puesto que había ocupado Lorena Sanz, cuyo cese vino precedido de varios desencuentros con el vicepresidente segundo y conseller, Rubén Martínez Dalmau.
A ello hay que sumar el regreso de la exconcejal de València María Oliver a su puesto de asesora en esta cartera. Un cargo al que vuelve -apenas una semanas después de abandonarlo- tras haberse archivado la causa sobre el mapa escolar en la que se hallaba investigada.
En cuanto a la incorporación de Guiralt, Martínez Dalmau ficha a una abogada en ejercicio desde 2009 y especializada en derecho civil, mercantil y bancario. Disciplinas acordes con la conselleria en la que se integra y más si se tiene en cuenta la experiencia laboral en gestión de proyectos como el que figura en su currículum relacionado con un servicio de asesoría jurídica hipotecaria de la embajada de Ecuador en España entre 2012 y 2016, entre otras labores de asesoramiento legal relacionados con la vivienda.
Además, Guiralt, quien también ejerció como abogada en Ética Family Office entre 2011 y 2013, tiene otro punto a importante a favor en su trayectoria para Dalmau y su equipo: formó parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia entre 2010 y 2016.
Un detalle siempre importante en Podemos y más si se tiene en cuenta que Martínez Dalmau recibió hace apenas un mes la primera protesta de la PAH contra el Gobierno valenciano en esta legislatura. Una pequeña concentración que, no obstante, causó un fuerte malestar en la conselleria y cuya exigencia se centraba en poner en marcha medidas "urgentes" para solucionar "a la emergencia habitacional.
Un mensaje dirigido, según el portavoz de la PAH, José Luis González, al presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, "por ser la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana", pero también al conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, como principal responsable del ramo.
Entre las exigencias que realizó la plataforma al Ejecutivo valenciano, recogidas en un documento que presentaron por registro de entrada, se reclamaba la ejecución de la partida de 2,5 millones de euros de "ayuda al pago del alquiler en casos especiales" prevista en los presupuestos de 2019, de la que calculan que apenas "se han invertido 250.000 euros".
Un asuntos en los que a buen seguro deberá trabajar la nueva asesora incorporada por Martínez Dalmau, perfecta conocedora de las reivindicaciones de la PAH.
