Más de 28.700 personas han tenido obstáculos para recibir atención médica o acceso al tratamiento en España

VALÈNCIA (EP). Hasta 28.744 personas que han padecido alguna barrera que ha dificultado o impedido su acceso al sistema sanitario en los últimos tres años, según el III Informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS), que publica anualmente Médicos del Mundo, y que en esta ocasión hace una análisis detallado de los casos de barreras al acceso sanitario, que cuantifica en 69.650 en los últimos 32 meses.

Ese dato muestra que cada persona atendida ha experimentado de media 2,42 barreras, lo que refleja por un lado la interconexión entre las distintas barreras. Así, entre los afectados, el 61,4% fueron mujeres frente a un 38,58% de hombres; por edades la mayoría de las personas atendidas son jóvenes adultas - casi el 50% se corresponde con personas entre los 18 y los 34 años - mientras que en los extremos encontramos un 8,69% de menores de edad y 4,75% de personas mayores de 65 años.

Con relación al origen, la práctica totalidad de los casos documentados se corresponden con personas extranjeras - únicamente un 2,78% tiene nacionalidad española - la inmensa mayoría procedentes de Latinoamérica (fundamentalmente de Colombia, Perú y Venezuela), seguida del Norte de África (con una clara preponderancia de personas de Marruecos, seguidas a gran distancia por Argelia) y en menor medida Europa (principalmente de Rumanía) y el África subsahariana (Senegal y Mali).

En cuanto a los obstáculos, cerca del 41 por ciento de los casos corresponden a requisitos legales y administrativos, como la obligatoriedad del empadronamiento, que dificulta la atención a personas migrantes, sin hogar o en situación de vivienda precaria. Asimismo, más de 16.500 casos documentan cómo el coste de tratamientos o la falta de accesibilidad a centros de salud impactan directamente en las personas más vulnerables.

Además, un 25 por ciento de los casos reflejan el impacto de la ausencia de traducción, mediación intercultural y comunicación clara en los centros sanitarios, creando un efecto disuasorio para quienes más necesitan ayuda.

Por otro lado, destaca que hasta 885 menores y 363 mujeres embarazadas enfrentaron barreras debido a la exigencia de demostrar una residencia de más de tres meses; mientras que 1.375 casos documentan las dificultades de entre los solicitantes de protección internaciona, y a 305 personas mayores reagrupadas se les negó acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Dentro las barreras económicas, que representan el 14,33 por ciento del total de barreras documentadas, se encuentra por un lado la dificultad que algunas personas en situación de mayor precariedad tienen para acceder a medicamentos necesarios (1.849 casos). Luego, las facturaciones en urgencias que constituyen una barrera que afecta de forma preponderante a las personas migrantes que no consiguen ver reconocido su derecho a la atención sanitaria (898 casos).

Las barreras informativas representan, tras las barreras discriminatorias, el principal escollo para las personas más vulnerabilizadas con un 25% del total de casos documentados (más de 17.000 casos). Son muchos los casos de personas que desconocen cual es su derecho de acceso al sistema sanitario o cómo realizar los trámites para poder ejercerlo (5.293 casos). Gran parte de estas situaciones son a su vez consecuencia directa o indirecta de la falta de información adecuada desde el propio Sistema Nacional de Salud (3.375 casos). En el caso de las personas mayores con nacionalidad española, sobre todo señalan como una barrera adicional el papel que las nuevas tecnologías juegan a la hora de dificultar el acceso a la atención (1.231 casos).

Ante estas situaciones, médicos del Mundo propone modificar la Ley 16/2003 para garantizar el acceso sanitario universal a todas las personas que residan de forma efectiva en España, sin exigir un tiempo mínimo de estancia e independientemente de su situación administrativa.

Además, de simplificar trámites burocráticos unificando y agilizando los procedimientos administrativos en todo el territorio; desvincular el empadronamiento del derecho a la atención sanitaria y reforzar los servicios sociales y de trabajo social en centros de salud, y mejorar el transporte público hacia centros sanitarios y ofrecer servicios de traducción y mediación intercultural en todas las comunidades autónomas.