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VALÈNCIA. (EP) La Comunitat Valenciana ha registrado más de 300 suicidios de adolescentes y jóvenes en los últimos diez años, según datos del INE recogidos por Save the Children en un informe sobre salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia.
En 2020, una de cada diez muertes de adolescentes y jóvenes en la Comunitat fue a causa de suicidio o de autolesiones, lo que demuestra que la pandemia ha traído a su vida nuevas preocupaciones, miedos e infelicidad, además de poner de manifiesto la magnitud de los problemas de salud mental que sufren los jóvenes, expone la ONG.
Bajo el título 'Crecer Saludable(mente). Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia', el análisis concluye que los trastornos mentales han aumentado del 1% al 3% en niños y adolescentes de entre 4 y 14 años en España y del 4% al 7% en el caso de los trastornos de conducta, en comparación con los últimos datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud de 2017.
Tras realizar una encuesta a nivel estatal a 2.000 padres y madres sobre la salud mental de sus hijos, el estudio estima que la incidencia de estos problemas es tres veces mayor (10%) en las familias sin empleo que entre la infancia y la adolescencia que vive en familias que han conservado el empleo (3%) tras la crisis de la COVID-19.
Además, los niños y adolescentes que viven en hogares con bajos ingresos tienen cuatro veces más posibilidades (13%) de sufrir trastornos mentales y/o de conducta que los que viven en hogares de renta alta (3%). También en los hogares más pobres se concentra una mayor proporción de infancia migrante que presenta una mayor incidencia de trastornos mentales y/o de conducta.
"La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de cuidar de nuestra salud mental, especialmente la de la infancia y la adolescencia que vive en familias en riesgo de pobreza o exclusión social. Los niños de este tipo de hogares tienen muchas más dificultades para acceder a estos profesionales, por lo que la pobreza una vez más es un factor que vulnera derechos tan básicos como el derecho a la salud", asevera Rodrigo Hernández como director autonómico de la entidad.
En la Comunitat se han registrado un total de 308 suicidios de adolescentes y jóvenes (hasta 29 años) en la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Según los resultados de la encuesta, un 3% de niños y adolescentes han tenido pensamientos suicidas en 2021.
Si bien las niñas parecen más afectadas por pensamientos o intenciones suicidas, son los niños quienes terminan por cometer en mayor proporción este acto. Las intenciones de suicidio se incrementan a medida que los niños alcanzan la adolescencia y los porcentajes son mayores en las familias con rentas bajas.
Por su parte, los niños y adolescentes víctimas de 'bullying' tienen 2,55 veces más riesgo de intentos de suicido que los que no lo han sufrido. En el caso del 'ciberbullying', el impacto es todavía mayor.
Otra de las realidades que recoge la investigación es que los servicios de salud mental infantojuveniles no están suficientemente dotados para el reto que tienen por delante, con largas listas de espera que relaciona con la falta de recursos humanos especializados.
Como consecuencia, el aumento de la presión asistencial en la atención primaria conduce a que parte del sufrimiento emocional de los niños y adolescentes "se pretenda mitigar con medicación". También constata el estudio un problema de calidad debido a la baja frecuencia de las consultas: hasta tres meses entre visita y visita y con una duración muy corta.
"Aunque han aumentado en los últimos años los profesionales dedicados a la salud mental en la Comunitat, todavía estamos muy lejos de garantizar una atención adecuada a los niños, especialmente a aquellos que no se pueden permitir a servicios privados de salud mental. La infancia y la adolescencia más vulnerable debe tener a su alcance recursos públicos y de calidad", reivindica el representante de la ONG.
El informe incluye así recomendaciones para que la estrategia de salud mental implemente sus objetivos. Plantea una inversión de 44,6 millones de euros para la formación especializada del personal docente, junto a la formación del personal sanitario en detección temprana de comportamientos suicidas.
También propone la puesta en marcha de un teléfono de atención a la salud mental exclusivo para la infancia y la adolescencia, con un coste estimado de medio millón de euros, así como la mejora de las estadísticas oficiales.
Otras de sus recomendaciones son consolidar la especialidad de psiquiatría y psicología infantojuvenil, duplicar el número de plazas anuales convocadas de psicólogo interno residente (PIR) hasta llegar a 400 (coste estimado en 31 millones) y duplicar el número de plazas anuales convocadas del MIR en la especialidad de psiquiatría hasta 600 (coste estimado de 12,4 millones).
A nivel autonómico, la organización valora positivamente el comisionado de la Presidencia de la Generalitat en salud mental creado este mismo año, pero considera que debe ir mucho más allá: "Es un gran paso para dar respuesta al impacto de la COVID-19 en la salud mental, pero esta figura y su ambición no puede quedar en papel mojado. Es fundamental que todas las estrategias en este ámbito se aborden también con perspectiva de infancia para no dejar fuera de esta estrategia a ningún niño o niña vulnerable, a los que la pandemia les ha afectado especialmente".
Y ve necesarias más campañas de sensibilización relacionadas con la prevención al suicidio y formación a profesionales que trabajan con la infancia en materia de salud mental, incluidos aquellos que atienden el teléfono de atención a la infancia de la Generalitat (116111).