Más de dos años después sigue la 'batalla legal' entre Vivendi y Mediaset

MADRID (EP). El consejo de administración de Mediaset ha vetado el derecho de Vivendi, que controla el 9,61% del conglomerado audiovisual italiano de forma directa y el 19,19% de forma indirecta a través de Simon Fiduciaria, a ejercer su voto en la junta general de accionistas que se celebra este jueves. El consejo, con arreglo a las opiniones mostradas por su asesor legal y las declaraciones hechas por la Corte de Milán, considera que tanto Vivendi como su fiduciaria "no están legalmente autorizadas" a ejercer sus derechos administrativos en la junta, incluidos sus derechos de voto.

En concreto, se opone a la solicitud de ambas para ejercer los derechos de voto asociados a las acciones que controlan y veta la entrada a los delegados de Simon a la junta, aunque sí permite la presencia de Vivendi a pesar de que el consejo cree que existen condiciones para vetarle. Meadiset argumenta que Vivendi adquirió su actual participación violando el compromiso que adquirió la francesa en abril de 2016 para la compra del servicio de televisión de pago Mediaset 'Premium', operación que acabó frustrada.

Posteriormente, Vivendi elevó su participación en la compañía italiana hasta el 30% en una operación que Mediaset calificó de "hostil" y en la que el grupo francés manifestó su "ambición estratégica" de convertir la compañía en uno de los principales grupos mediáticos globales establecidos en Europa. Como consecuencia de esta operación, ambas entidades se enfrascaron en una batalla legal que ya dura más de dos años -la familia italiana Berlusconi controla el 44% de la compañía- y que ha motivado la decisión de veto por parte del consejo sobre el grupo francés.

Poco después de publicarse esta sanción, Vivendi ha respondido a Mediaset condenando esta decisión y anunciado que se reserva su derecho para llevar el caso a los tribunales con el fin de dilucidar la validez de esta resolución. En concreto, Vivendi considera que la decisión del consejo "está en contra de todos los principios básicos de la democracia en la que se sustenta el accionariado", por lo que la califica de "ilegal y en contra de los intereses de Mediaset y, en particular, de los accionistas minoritarios".