Foto: EP/Rober SolsonaVALÈNCIA. La primera reunión entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, parece que ha tenido más sintonía y mejores resultados que el encuentro del jefe del Consell con la líder del PSPV, Diana Morant. A diferencia de esta segunda cita, de la que salieron sin grandes acuerdos, la celebrada este viernes y que duró más de dos horas sí tuvo entendimientos destacados.
Y hay uno que tiene especial importancia porque el debate podría acabar en el Congreso obligando a todos los partidos a retratarse en sus posicionamientos. Se trata de la llamada ley de Trato Justo impulsada por Compromís y que contiene tres reivindicaciones: la reforma del sistema de financiación autonómica; la aprobación urgente, mientras tanto, de un fondo de nivelación –un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las comunidades peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios–; y la regularización de la deuda histórica.
La primera parte del acuerdo alcanzado entre el presidente de la Generalitat y el dirigente de Compromís es llevar este texto a Les Corts para consensuarlo entre todos los grupos posibles, a la espera de si se sumará el PSPV dado que es improbable que lo haga Vox. Pero la segunda parte es la más relevante, dado que una vez tramitado en el Parlamento autonómico tendría que pasar al Congreso.
De un lado, se trata de un movimiento importante por parte de Compromís. Cuando Sumar –grupo al que pertenecen– alcanzó el pacto para la investidura de Pedro Sánchez, aseguraron que en él se recogía el fondo de nivelación. Pero el PSOE lo ha negado y no ha movido un dedo todavía ni para ello ni para la reforma del sistema de financiación. El hecho de que la coalición lo lleve al Congreso supone que vayan un paso más allá en una reivindicación que, al fin y al cabo, sólo puede ser atendida en Madrid por muchas iniciativas y reclamaciones que se aprueben en Les Corts.
Pero la posición del PPCV no es menor sino, en realidad, más reseñable. De hecho, si alguien se arriesga de verdad en esta jugada es Mazón. Con la agenda valenciana paralizada y con las dificultades de colocar el discurso sobre ella a nivel nacional, que el presidente de la Generalitat se plantee llevar la ley de Compromís al Congreso demuestra, y es algo que reconocen desde la propia coalición, bastante valentía.
No está claro lo que hará el PP a nivel nacional con el este asunto. En una reciente entrevista de Valencia Plaza a Juan Bravo, vicesecretario de Economía popular, éste aseguraba que le parecía "muy bien la propuesta", pero criticaba a Compromís por no ponerla como condición para seguir apoyando a Sánchez. Ahora, habrá que comprobar si el partido la apoya, puesto que el fondo de nivelación podría no agradar a todas las comunidades gobernadas por ellos.
Pero la estrategia, si saliera bien, a quien realmente incomodará es al PSOE, tanto a nivel nacional como autonómico. En este último caso, porque el PSPV tiene una dependencia directa de Ferraz con Diana Morant de líder. Y en Madrid, por motivos obvios. Supone ponerles en un brete sobre un asunto que no han intentado siquiera resolver.
La ley de Compromís incluso habla de regularización de la deuda, cosa que claramente no agrada al PP nacional, por lo que ocurra en Les Corts con la llamativa pinza Mazón-Baldoví tendrá sin duda interés.
Al margen de este texto, ambos dirigentes acordaron este viernes tramitar la ley de Accesibilidad Universal, un proyecto que quedó pendiente de aprobar la legislatura pasada y que estaba "ampliamente debatida con las entidades", por lo que Baldoví expresó su deseo de que se apruebe "sin grandes problemas".
Sin embargo, sobre las leyes que han presentado PP y Vox y la renovación de órganos estatutarios no hubo entendimiento: Baldoví señaló que será difícil acordar nuevos nombres para estos organismos mientras el PP "rebaja estándares democràticos" en leyes como la de Antifraude, donde los populares quieren sustituir el acuerdo de tres quintos necesario hasta ahora para elegir a su director por uno de mayoría absoluta.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
