Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. La Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, que viene alertando desde el inicio de la legislatura de que sufre una grave escasez de personal que ya se ha traducido en "incapacidad para dar respuesta a sus competencias y funciones", ha cifrado el impacto que tiene esta circunstancia en la tramitación de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), un régimen de autorización previa obligatorio en la Unión Europea para las instalaciones industriales de mayor potencial contaminante.
Se trata de un trámite de vital importancia para las empresas, que llega incluso a condicionar las decisiones de inversión de las grandes mercantiles, que optan por autonomías o Estados con mayor rapidez en la tramitación de las AAI requeridas para llevar a cabo su actividad. Cabe subrayar en este sentido que todas las industrias de cierta entidad de la Comunitat -firmas como Ford España, BP, Fertiberia, Cemex, Lafarge, IFF, la cerámica, las fritas, el vidrio...- están sujetas a la AAI.
El análisis realizado por la Comunitat el pasado mes de febrero, elaborado en el marco de una propuesta de reeestructuración de personal para paliar esta situación, arrojó una cifra de 276 autorizaciones en trámite en la Comunitat entre nuevas AAI (37), modificaciones sustanciales de las existentes (33), renovaciones o revisiones (36), o modificaciones no sustanciales (170).
"La inversión en los expedientes pendientes que han podido valorarse (que no son todos) asciende a casi 493 millones de euros en la Comunitat Valenciana, con la creación de, al menos, 500 puestos de trabajo nuevos directos además del mantenimiento de los existentes y los indirectos que pueden crear con inversiones de esa cuantía", advertía el mencionado informe respecto a las autorizaciones nuevas.
Por lo que respecta a las modificaciones sustanciales de las existentes, "la inversión estimada para 14 de los 33 expedientes pendientes de modificaciones sustanciales de instalaciones autorizadas que han podido valorarse, supera los 146 millones de euros, con la creación de al menos 240 puestos de trabajo directos más los indirectos". "Sin la finalización de estos expedientes no es posible ni siquiera empezar las obras", advierte el departamento.
"La 'cartera' de expedientes pendientes de tramitar y de los que ha podido estimarse la cuantía de la inversión es de 639 millones de euros de inversión productiva en la Comunitat. Y ello, con una estimación que no abarca la totalidad de los expedientes pendientes", resume Medio Ambiente.
La secretaría autonómica, preguntada al respecto por este diario, explica que la situación se mantiene en el presente mes de diciembre, si bien augura una mejoría con las medidas de reestructuración de personal que han adoptado recientemente ante la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones.
La Dirección General de Cambio Climático y Calidad ambiental tiene perfectamente identificado el origen de este colapso burocrático: la Comunitat cuenta actualmente con solo 3 inspectores medioambientales para alrededor de 500 instalaciones, lo que deja la cifra por inspector en un total de 167.
Las instalaciones por inspector de otras autonomías son 64 en el caso de Aragón, 12 en Galicia, 8 en La Rioja o 6 en Madrid o Cataluña, según los datos que maneja el departamento, que considera que la situación descrita "hace materialmente imposible poder cumplir con los objetivos de inspección programados".
Para tratar de paliar el problema la secretaría autonómica ha decidido atribuir estas funciones a tres profesionales más, dos de ellos a tiempo completo y el restante a tiempo parcial. Su incorporación será en breve, según informan, si bien se trata solo de una medida de urgencia que sigue lejos del escenario ideal -el cual Medio Ambiente se atreve a esbozar-.
"Se necesitan un total de 48 funcionarios más en esta dirección general, además de los que ya están prestando sus servicios en la misma", esboza Cambio Climático y Calidad Ambiental, que agrega que "es imprescindible incrementar el capítulo 1 del programa presupuestario 442.50 de los presupuestos de la Generalitat en 1.579.530,90 euros y que se autorice a su provisión por la dirección general de Función Pública".
