Foto: EDUARDO MANZANALa campaña que Juristes Valencians iniciamos en octubre de 2015 para hacer constitucional la capacidad legislativa civil, puede ser que tenga un punto final los próximos 16 o 18 de enero. Esas son las fechas probables en las que conforme al pacto secreto Feijóo-Sánchez el Congreso por vía de urgencia y en "lectura única" reforme la Constitución para dar nueva redacción al artículo 49, y corregir un anacronismo ofensivo de los padres constituyentes para referirse a las personas con discapacidades.
Y en esa sesión tan importante en la que se encarrilará la tercera reforma de la Constitución en 45 años, récord europeo de inmovilismo constitucional, se votará una enmienda de adición a favor de que les Corts puedan volver a legislar en derecho de familia, de sucesiones… Oiga el derecho civil de toda la vida como tienen otros 20 millones de españoles de seis territorios, algunos históricos como Navarra, Aragón, Baleares o Cataluña y otros, no tanto como es el caso de gallegos y vascos.
La enmienda garantista de la autonomía estatutaria, que hemos remitido la AJV a los diputados valencianos del PP, PSOE y Sumar, y que sabemos que se votará en la sesión del 16 de enero, es como he dicho de adición al no cuestionar el pacto bipartidista del artículo 49.
Lo positivo de la situación es que, tras cuatro años de espera, les Corts Valencianes por fin tendrán respuesta del Congreso y Senado. Los 350 diputados, de ellos 33 valencianos (algunos de los cuales en municipios o les Corts han impulsado personalmente la reforma) tendrán que votar sí o no a la restitución de una capacidad histórica que parecía recuperada tras la reforma del Estatuto de 2006, ejemplo de consenso entre PSOE y PP.
Muchos valencianos llevan mucho tiempo trabajando por esta justa petición cívica. Como muestra de que la voluntad de legislar no es una ocurrencia, les ruego que consulten el artículo del decano de la Facultad de Derecho de la UV Javier Palao, para desterrar falsos mitos sobre la cuestión, y donde se evidencia el compromiso histórico del municipalismo, liderado por el Ayuntamiento de Valencia, la universidad y la abogacía, y por extensión la sociedad civil en favor de nuestra autonomía legislativa civil.
Hemos de ser conscientes de que en poco más de diez días hábiles, los grupos parlamentarios popular y socialista nos autorizarán o denegarán la aprobación de leyes que teóricamente posibilita el Estatuto, pero que condicionaron hasta el absurdo las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016.
Es inconcebible que, en ese contexto, Alberto Núñez Feijóo, defensor del derecho civil gallego, y Pedro Sánchez, el presidente que ha firmado con Junts, el PNV, ERC, Bildu, BNG, Coalición Canaria, pactos para dotar de más autogobierno económico y político a sus territorios, se consagre un recorte al autogobierno tan contestado por los valencianos.
Paradójicamente, PSOE y PP, los hacedores del Estatuto del 2006, son los que pueden ser, si los valencianos somos meninfots y no reaccionamos ante esta injusticia, los sepultureros del autogobierno civil, una causa que de forma incesante nuestros mayores han reclamado desde la abolición de els Furs en 1707, que determinó que fuéramos el único pueblo de la Corona de Aragón al que se le castigó con la supresión del derecho foral civil, bajo la falsa acusación de desafección colectiva de los valencianos con Felipe V.
Dentro de la estrategia general de silenciamiento de los problemas valencianos, hasta la fecha, Feijóo y Sánchez no han querido escuchar ni al president Carlos Mazón, ni al anterior inquilino del Palau de la Generalitat Ximo Puig, al mando del PSPV hasta finales de febrero. A esta tarea reivindicativa ante Moncloa, los que aspiren a liderar el socialismo valenciano, deben unirse de forma inmediata.
Estamos a tiempo de revertir la catastrófica situación que comportaría negarnos una justa reivindicación sin coste económico, por lo que es el momento de que los sindicatos, los colectivos empresariales, universidades, colegios profesionales y la larguísima lista de entidades festivas, vecinales, comarcales, agrarias, que desde 2016 apoyamos la restitución de los derechos civiles valencianos, solicitemos con firmeza a nuestros representantes en el Congreso el cumplimiento de las promesas que nos realizaron durante la campaña electoral del 23 de julio para volver a regular en materia de herencias, separación de bienes, normas sucesorias favorables a la pervivencia de la empresa familiar y las explotaciones agrarias, o para conferir derechos civiles a las parejas de hecho.
Ahora, con la cercana votación del Congreso de mediados de enero, podremos sentenciar sobre el trabajo y la capacidad de convencimiento de los diputados valencianos del PP y del PSOE. No cabrán excusas, sin que puedan alegar una responsabilidad difusa y repartida por el público posicionamiento, la experiencia y conocimiento contrastado de diputados y senadores populares y socialistas sobre la cuestión, que en este momento no quiero diseccionar, pero está al alcance de cualquier interesado.
No debe valer la excusa de la disciplina de voto impuesta por los pretorianos de Feijóo o Sánchez para actuar explícitamente contra las necesidades valencianas, que toda la sociedad civil organizada valenciana ha reclamado. Sabremos por su diligencia ante sus jefes políticos, lo que podemos esperar de ellos para la consecución de objetivos más complejos como la infrafinanciación, la compensación de la deuda derivada de esa infrafinanciación, el agua para la Vega Baja, o las lamentables infraestructuras ferroviarias de norte a sur de nuestra tierra.
Hemos de trabajar contra reloj, pero tenemos mimbres para acabar con esta prolongada discriminación. A la vista de que en 45 años de vigencia, la Constitución Española sólo se ha modificado dos veces, y por exigencia comunitaria, no podemos desaprovechar el proceso iniciado para solucionar conjuntamente dos errores de la transición, el despectivo término "disminuido" del artículo 49 para referirse a las personas con discapacidades y el olvido de la voluntad democrática de los valencianos de no ser españoles de segunda categoría, y volver a tener unes Corts, que legislen en ámbitos de interés ciudadano inmediato como dice el Estatuto.
Creo que ha llegado el momento de demostrar que nuestra generación no ha caído en el meninfotisme y de forma ejemplar ha defendido los derechos civiles de todos por los cauces constitucionales, sin trampas, y unidos. Esa unidad, se debe formalizar con el pacto que el presidente Mazón ofreció a Puig y Baldoví respecto al Derecho Civil, y que deberían activar con carácter inmediato en les Corts esta misma semana. Tengan altura de miras, peleen hasta la extenuación, nadie dijo que reformar la Constitución fuera fácil, pero para eso les hemos contratado-votado, para conseguir mejoras para la sociedad valenciana.
Recuerden por favor a los mandamases de Génova y Ferraz, que no tienen especial interés por los valencianos salvo en campaña electoral, la opinión favorable del Presidente de Cermi, representantes cualificados de las personas con discapacidades a la tramitación conjunta de ambas reformas sociales como expresó por carta en mayo de 2022.
No acepten trampas ni excusas infundadas, como el miedo a introducir cuestiones que atenten contra el espíritu constitucional. Sin el voto del PSOE con el PP no puede cambiarse una coma de la Constitución, conforme al artículo 167. No osen insultarnos con trampas u ocurrencias. No son tan listos, y nosotros no somos tan tontos. No pueden engañarnos siempre y sin consecuencias.
José Ramón Chirivella es presidente de la Associació de Juristes Valencians
