VALÈNCIA. Cuando se cumple más de un mes desde que salió a la luz la estafa que ha sufrido el Ayuntamiento de Algemesí por valor de 135.400 euros, Més Compromís ha formalizado la petición de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido. El fraude tuvo su origen cuando el consistorio ingresó en una cuenta fraudulenta una mensualidad del servicio de recogida de basuras y limpieza vial.
Los hechos fueron denunciados por el consistorio a principios de agosto, pero el fraude se remonta al mes de abril. Concretamente al 23 de abril, cuando el departamento de intervención de la administración local recibió un correo electrónico que pedía el ingreso de los pagos relativos al contrato del servicio de recogida de basuras en una nueva cuenta. Presuntamente, los delincuentes falsificaron documentos y certificados bancarios para suplantar a la empresa proveedora y a una entidad financiera. La estafa se destapó cuando Tetma -la empresa adjudicataria- reclamó el pago de dicha factura y aseguró que no era titular de la cuenta ni de las direcciones de correo que les remitió el ayuntamiento.
Tras varias semanas en las que la alcaldesa, Marta Trenzano, ha facilitado la documentación sobre la estafa a los partidos de la oposición, Més Compromís ha presentado una moción para constituir una comisión de investigación, como ya adelantamos. “Consideramos que es fundamental dar cumplimiento a uno de los principios rectores de la nueva política, como es la transparencia. No es suficiente con que se nos den explicaciones a los miembros de la comisión, que es una reunión interna, sino que hay que crear una vía para que la información la tenga la ciudadanía”.
Según explica el partido valencianista, tras una reunión con los distintos grupos políticos, Trenzano se comprometió a crear una comisión permanente para abordar el tema. Sin embargo, “no ha sido fiel a su palabra”, critican desde Més Compromís. Su intención, según han asegurado, es incluir esta cuestión en el pleno de septiembre “y no demorar más esta necesidad”.
Tal como recoge la propia moción presentada por la regidora y portavoz de Més Compromís, Lorena Calatayud, se solicita que la comisión esté presidida por un miembro de la oposición “para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades políticas existentes”. Además, el documento también recoge la petición de que dicha comisión esté formada, a parte de por representantes políticos,por un grupo de técnicos expertos y sugieren pedir la participación de la Sindictura de Comptes y de la Conselleria de Transparència“para que nos asesoren o para que formen parte".
El texto presentado ayer en el consistorio insta a que una vez se determine el diagnóstico y tras los trámites oportunos, la comisión “recoja las conclusiones y propuestas de mejora en un dictamen que servirá, si así lo determina el pleno posteriormente, de documento para implementar medidas de protección anti estafas, así como otras medidas de ciberseguridad para el ayuntamiento”. Esto coincide con la solicitud por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira de embargar cautelarmente la cuenta con la que los ciberestafadores, presuntamente, llevaron a cabo el fraude, como contó Levante-EMV.
Tras conocerse los hechos, desde el consistorio aseguraron que los delincuentes supuestamente remitieron una certificación bancaria y un documento falso de la empresa, “disfrazados con toda una serie de sellos, cuños y firmas que inducen al error”. Sin embargo, tras revisar dichos documentos, el grupo municipal Més Compromís denunció que “la estafa fue posible, no porque fuera perfecta, sino porque no teníamos ningún protocolo de seguridad ni habíamos formado a las funcionarias en prevención de fraudes”.
Además, los valencianistas relataron que, tras revisar la información sobre la estafa, tanto el documento bancario como el documento de la empresa “contenían una firma manuscrita sin que bajo de esta se indicara ni el nombre ni el cargo de la persona que lo firmaba”. “Además, contenía faltas de ortografía”, cuentan. Según el partido valencianista, el documento falsificado de la empresa también contenía un código postal “que no se corresponde con la sede dela empresa”.
Otras de las “irregularidades” que detectó el partido de Calatayud fue que la estafa se originó a partir de un correo que una empresa adjudicataria, que ya había realizado muchos trámites, envío al correo general del ayuntamiento “preguntando a que departamento debían dirigirse”. “Además, el dominio desde el cual se envió el correo era genérico, no era el de la empresa”, contaron.