VALÈNCIA. La semana pasada el Ayuntamiento de Algemesí denunció haber sufrido una estafa de 135.400 euros tras ingresar en una cuenta fraudulenta una mensualidad del servicio de recogida de basuras y limpieza vial. Según explicó el consistorio, los delincuentes presuntamente falsificaron documentos y certificados bancarios para suplantar a la empresa proveedora, Tetma, y a una entidad financiera ante el departamento de intervención municipal.
Tras conocerse los hechos, la alcaldesa de la localidad, Marta Trenzano, aseguró que los técnicos municipales requirieron el detalle de la modificación y que los delincuentes supuestamente remitieron una certificación bancaria y un documento falsos de la empresa, "disfrazados con toda una serie de sellos, cuños y firmas que inducen al error". Sin embargo, tras revisar dichos documentos, el grupo municipal Més Compromís ha denunciado que “la estafa fue posible, no porque fuera perfecta, sino porque no teníamos ningún protocolo de seguridad ni habíamos formado a las funcionarias en prevención de fraudes”.
Desde el partido de la oposición señalan como responsable a Trenzano, quien además se encarga del área de Hacienda en el ayuntamiento. Así pues, los valencianistas recuerdan el caso de la estafa de la EMT de València y sostienen que “la obligación de la alcaldesa era pedir una auditoria de seguridad electrónica y elaborar un protocolo que llega tarde”.
Més Compromís rebate las palabras de la primera edil, quien afirmaba que “era difícil sospechar de una falsificación tan perfecta”. Tras revisar la documentación, el partido liderado por Lorena Calatayud, relata que, tanto el documento bancario como el documento de la empresa “contenían una firma manuscrita sin que bajo de esta se indicara ni el nombre ni el cargo de la persona que lo firmaba”. “Además, contenía faltas de ortografía”, cuentan. Según el partido valencianista, el documento falsificado de la empresa también contenía un código postal “que no se corresponde con la sede de la empresa”.
En este sentido, Més Compromís considera que si las facturas se presentan de manera electrónica con un certificado digital infalsificable, cualquier petición de este tipo también debería haberse presentado por el mismo canal, en lugar de hacerlo a través del correo electrónico. “La existencia de un protocolo de seguridad que indicara que cualquier trámite se tenía que hacer también a través de la oficina virtual y con certificado hubiera impedido cualquier fraude. Pero no existía y, por tanto, la funcionaria no tiene ninguna responsabilidad al respecto".
También recuerdan que la estafa se originó a partir de un correo que una empresa adjudicataria, que ya había realizado muchos trámites, envío al correo general del ayuntamiento “preguntando a que departamento debían dirigirse”. “Además, el dominio desde el cual se envió el correo era genérico, no era el de la empresa”, apuntan. Así pues, tal y como publicó este periódico, desde Més Compromís insisten en la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas.
