Mesnet asegura que no podrá atender los salarios de sus trabajadores si Educación no revisa el contrato 

ALICANTE. El grupo Mesnet ha lanzado un nuevo comunicado para informar del delicado estado de situación en el que se encuentra la empresa en estos momentos y de las últimas novedades que han acontecido en relación a las negociaciones que se están manteniendo con la Conselleria de Educación para tratar de encontrar una solución a los impagos que ha denunciado el sindicato CCOO. 

La empresa ha recordado a sus empleados que los servicios de limpieza de centros docentes públicos dependen de una licitación que se ganó en el año 2022 y que, tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya no es sostenible. 

Con fecha de 28 de julio de 2022 se suscribió entre la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y Menset un contrato administrativo para la prestación del Servicio de limpieza de los lotes 1, 6 y 7 de Alicante y Valencia, cuyo plazo de ejecución era de 3 años, desde el 1 de septiembre de 2022, con posibilidad de una prórroga de 2 años.

“Desde febrero de 2023 hemos ido informando a la Consellería de las pérdidas que se estaban produciendo en los balances contables de los lotes, que hacían inviable la gestión del servicio. Hemos ido soportando un aumento considerable de los costes laborales que, en la actualidad no ha colocado en una situación insostenible", según ha asegurado Ramón Muñiz, director general del grupo.

Inviabilidad por la subida del SMI y el incremento del IPC

En el comunicado Menset ha recordado que se ha llegado a esta situación por varios factores que han hecho aumentar los costes en torno a un 17% aproximadamente. Por una parte las subidas del Salario Mínimo lnterprofesional decretado en su día por el Gobierno de España, cuya consecuencia directa ha sido un aumento, tanto de los costes laborales, como de las propias cláusulas de los convenios colectivos, negociados a posteriori y muy por encima de las estimaciones reflejadas en los propios pliegos de la licitación. Y por otro Iado, el elevado incremento del IPC ha incidido también directamente en los convenios colectivos de Alicante y Valencia con subidas muy por encima de lo estimado en los pliegos por parte de la Administración.

“Nuestra empresa es una Pyme con algo más de veinte años de experiencia y la situación nos ha provocado un sobresfuerzo económico que nos ha dejado sin margen de maniobra. A ello hay que añadir el retraso en el cobro de algunas facturas de la Administración, que no ha hecho más que empeorar la situación. Todo esto nos ha llevado a una situación límite y muy crítica. Nos ha sido imposible abonar el pago total de las nóminas del pasado mes de junio, cuando nunca en 20 años, hemos faltado a nuestros compromisos de pago tanto con nuestra plantilla, como con proveedores, impuestos y seguridad social”, informa con impotencia Muñiz.

Negociando una solución conjunta con la Consellería que no acaba de pronunciarse

Desde Consellería son conocedores de esta situación, que también afecta a otras empresas del sector. Hemos mantenido contactos con el ente autonómico para buscar una solución mediante un ajuste en el contrato, un aumento del precio/hora o la extinción urgente del mismo con el fin de perjudicar lo menos posible a los trabajadores y al servicio. Pero por el momento el tema ha quedado en manos del Consell Jurídic Consultiu, que no acaba de emitir dictamen. “Estamos totalmente ahogados. No podemos esperar más. Si el Comité no se pronuncia a la mayor brevedad la empresa no podrá sobrevivir. La falta de respuesta del conseller nos aboca a una situación muy grave que pone en riesgo el cobro de los salarios por el personal y el inicio del servicio en el mes de septiembre y la propia continuidad de nuestra empresa, de la que dependen cerca de 700 trabajadoras y trabajadores”, anuncia Ramón Muñiz.

Mediante el comunicado, se ha informado también de que, ante la gravedad de la situación, Mesnet ha solicitado una reunión urgente al José Antonio Rovira, conceller de Educación y Cultura, y va a iniciar una ronda institucional en les Corts Valencianes para trasladar a los grupos parlamentarios la gravedad de la situación y pedir ayuda urgente para intentar encontrar una solución que evite que 700 personas pierdan su puesto de trabajo.