Mira-Perceval: "El enriquecimiento injusto es causa de la falta de disciplina presupuestaria"

VALÈNCIA. Las administraciones han experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial de los mediáticos expedientes de enriquecimiento injusto, normalizando así las elevadas compensaciones económicas a quienes realizan por encargo estas. Según un informe de la Sindicatura de Comptes, en 2017 se aprobaron 339 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto en la Generalitat Valenciana por valor de 1.115,50 millones de euros, mientras que en 2018 se aprobaron 384 por importe de 1422,40 millones. 

Así se expuso en la jornada 'Enriquecimiento injusto: uso o abuso', organizada por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) y la Agencia Valenciana Antifraude. En ésta estuvieron presentes Antonio Mira-Perceval, síndic de comptes, Patricia Boix, letrada mayor del Consell Jurídic Consultiu, Carlos Cubillo, director técnico del departamento 1º sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Teresa Moreno, interventora delegada de Baleares y Jorge García, interventor del Ayuntamiento de Gandia.

Cabe recordar que estos expedientes se aprueban previa autorización del Consell y sin fiscalización previa de la Intervención General y, evidentemente, no están en los presupuestos. "Es vital que se fortalezca el control interno para evitar el abuso de la figura de enriquecimiento injusto"; señalaba Mira-Perceval, de la Sindicatura de Comptes. Sin embargo, aseguraba que se trata de un síntoma de otros males. "Es falta de disciplina presupuestaria y falta de procedimientos administrativos normalizados", señalaba. 

El síndic de comptes recordaba que, en los últimos años, se ha mejorado la disciplina presupuestaria tras la aprobación de la ley de racionalización en las entidades locales. Sin embargo, emplazaba a la necesidad de mejorar los procedimientos para evitar la existencia de este tipo de gasto y definir una normativa clara respecto al enriquecimiento injusto.

"Hay que delimitar lo que es un gasto de pleno derecho, con gastos de otros ejercicios que se han de pagar este año, pero por otra parte regular claramente con los gastos contraídos en contra de la normativa", apuntaba. También señalaba la importancia de las situaciones. "¿El gasto del que estamos hablando es voluntario o necesario? Porque puede que el que incurre en el gasto no sea el verdadero responsable", destacaba.

"A veces he pensando en la soledad del gerente del hospital. A él le dan un presupuesto. Si hace un año gastó 100 y le dan 80 este año, no le dan un mensaje de que se apriete el cinturón, sino que le están diciendo que ignore el presupuesto. Al final, se encuentra entre tener que atender a los enfermos o contratar irregularmente", señalaba. 

Mientras, para Patricia Boix, del CJC, la solución para que no haya abusos es que se cumpla la ley de contratos del sector público. "Esta ley necesita una revisión pero hay que hacer planificación", recalcaba. En este sentido, Boix también recordaba la existencia de contratos millonarios con consignación presupuestaria pero prorrogados y pagados con enriquecimiento injusto.