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entrevista  a la Consellera de Agricultura, desarrollo Rural y emergencia climática

Mireia Mollà: "Es difícil que alguien firme que la ampliación del Puerto no necesita una nueva DIA"

22/09/2021 - 

VALÈNCIA. La conjugación del desarrollo de las energías renovables con la protección del territorio, de la fiscalidad verde con las posibilidades de transporte de quienes menos tienen, la gestión pública o mixta del agua o las consecuencias de la ampliación planteada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para l'Albufera y su ecosistema. La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática, Mireia Mollà (Elche, 1982), analiza cuáles han de ser las líneas de trabajo tanto a nivel administrativo como a nivel personal para hacer frente a los retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI.

- Empecemos hablando de energías renovables. Han empezado a surgir algunos conflictos con la instalación de plantas de energías renovables con sectores como la agricultura y la ganadería. ¿Cómo se pueden conjugar todas estas variables y la defensa del territorio?
- La transición energética la tenemos que hacer: hemos de descarbonizar y alcanzar unos mínimos ya tasados en generación de renovables. Además hay un debate social sobre cómo hemos de transformar nuestra dependencia energética. A día de hoy, con las renovables, hay una especie de multiacción: no sólo debemos autoabastecernos y usar las superficies consolidadas en las edificaciones, etcétera. Pero hay que ser realistas: si cubriéramos todas las superficies consolidadas existentes del territorio valenciano, estaríamos alcanzando un 25% de la energía que consumimos. Por tanto, el resto hay que producirlo en plantas. Nuestra voluntad, en un territorio como el nuestro, es que las plantas sean pequeñas y medianas. Tenemos problemas para optar por plantas grandes porque nuestras superficies son complejas y porque confrontaría con el territorio y el paisaje.

Así que hicimos un decreto en el que están implicadas la Conselleria de Economía, de Territorio y la nuestra. Hay unos indicadores muy tasados. Algunos están incluso mapeados para facilitar la tarea a los promotores de las plantas. Han de pasar un trámite que yo puedo asegurar que es muy garantista. Se podrá hacer ese equilibrio porque sólo podrán estar estas plantas donde se cumplan esos criterios ambientales, territoriales y paisajísticos. Los promotores, a partir de los mapas y los indicadores, deben hacer sus propuestas. En el momento en el que hay propuestas controvertidas es porque hay algún indicador que entre en conflicto y es cuando se produce el conflicto social. Y lo que tenemos que evitar es que la transición energética, que hay que hacer y es positiva, confronte con una transición justa, que significa que debe adaptarse a las necesidades del territorio.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática, Mireia Mollà. Foto: KIKE TABERNER

- El anteproyecto de Ley de Cambio Climático valenciana establece zonas de prioridad y se habla del derecho a la superficie.
- Sobre la prioridad de suelos, los suelos degradados son los más importantes o zonas no urbanizables que no presentan esos componentes de producción agraria ni de paisaje. Pero también lanzamos el mensaje a los municipios de que hay mucho terreno programado como suelo urbanizable en otras épocas a razón del crecimiento desaforado y la especulación urbanística que no van a desarrollarse ni deberían desarrollarse según los criterios actuales de sostenibilidad. Por tanto, esos suelos deben promoverse para instalar plantas. Son suelos cercanos al municipio, son urbanizables y tienen zonas de evacuación más sencillas.

Lo que ocurre es que esos terrenos son caros porque tienen cargas superiores y en segundo lugar, todavía no hemos cambiado la mentalidad. Muchos propietarios retienen esos terrenos esperando a que haya desarrollos urbanísticos al estilo de hace una década. Creo que hay que renunciar a expandir como en otras épocas de manera desorbitada los núcleos y esos suelos han de ser aptos para instalar renovables.

Además, la ley establece que las nuevas planificaciones han de tener en techo o en superficie una reserva de autoabastecimiento, tanto en desarrollos residenciales como industriales. Cosa que antes no se hacía. Estamos intentando cambiar el paradigma: las renovables han de introducirse en nuestro día a día de manera urgente y valiente, y también en nuestro propio paisaje y no atentando contra territorio protegido. Estamos muy lejos, de una manera lamentable, con lo que nos toca en cuanto a las renovables. Ahora mismo tenemos 360 megavatios y hemos de llegar a 6.000 megavatios de fotovoltaica en 2030. Hay que multiplicar por 16 la capacidad.

-La Generalitat tiene muchas solicitudes pendientes para la instalación de plantas. ¿Son todas viables?
- No. Los consejeros de las comunidades autónomas lo comentamos a veces: "Si salieran todas, tendríamos para llenar todo nuestro territorio tres veces". Hay una demanda sobredimensionada respecto al potencial que será factible. Los requisitos no son baladís, son muy precisos y cuidadosos para que se pueda, pero donde se debe.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática, Mireia Mollà. Foto: KIKE TABERNER

- Otra fórmula que se está impulsando es la de las comunidades energéticas locales.
- En la Comunitat somos pioneros en esto. Tenemos la primera de España en Crevillent. De hecho, la ministra vino hace días para exponer el plan del Gobierno. Las comunidades energéticas locales están en cierto limbo porque no se ha traspuesto todavía la normativa comunitaria. Aquí ya lo hemos hecho en el decreto de renovables y en la ley de cambio climático. Lo hacemos para facilitar que los ayuntamientos estén ahí. Aunque no es necesario que una comunidad energética local pase por una administración pública, sí queremos que los ayuntamientos sean los que pivoten el desarrollo de manera expansiva. No queremos que sea una anécdota. Creamos los 'Municipios en Xarxa' donde ya hay 250 localidades que quieren desarrollar comunidades energéticas locales. La Conselleria de Economía ya ha hecho la primera asignación de ayudas para que los ayuntamientos pongan en marcha estas iniciativas.

La ministra dijo que quería que en 2023 hubiera al menos 1.000 municipios con comunidades energéticas locales. Nosotros, obviamente, vamos a liderar la cantidad de municipios en España porque hemos demostrado que ya hay 250 municipios interesados, acompañados de recursos de la Generalitat y de los fondos europeos para poder democratizar la energía.

- Pero sólo con la voluntad de los municipios no se cumplirá ese deseo en apenas dos años. ¿Cómo se va a hacer tan rápido?
- Es muy ambicioso pero tanto el ministerio, la Generalitat y los ayuntamientos queremos que las comunidades energéticas locales tengan mucha facilidad para poder desarrollarse. No son instalaciones agresivas, no tienen por qué estar en el suelo, tienen una limitación de tamaño y de capacidad y de radio de instalación. No estamos hablando de macroplantas. Por tanto, no tiene lógica que la normativa y la burocracia dificulte, sino todo lo contrario: hay que ser facilitadores. Por ejemplo, el Ayuntamiento de València ha cambiado su ordenanza para que la instalación de placas en los edificios se pueda hacer con apenas una declaración responsable.

- Habla la ley de Cambio Climático de fiscalidad verde y de desincentivar el uso del coche privado. ¿Cómo se puede hacer eso en las grandes ciudades y las grandes conurbaciones?
- De entrada, la ordenación de movilidad y urbanística deberá cambiar. La nueva ley estatal obliga a los municipios a rehacer espacios en las ciudades para que sean bajos en emisiones: peatonalizar y disuadir que los vehículos creen focos de emisión que son intolerables. Todos los municipios deben obligatoriamente repensar cómo serán esos espacios. Por tanto, la movilidad ha de cambiar. Por un lado, hay que disuadir que el vehículo privado tenga acceso a esas zonas y para eso hay que facilitar la movilidad colectiva y construir aparcamientos disuasorios.

La fiscalidad que crea la ley dice que si a partir de 2023 compras un coche que contamina, tendrás que pagar un impuesto por las emisiones. Puedes optar por un vehículo no contaminante, y si compras uno contaminante has de pagar para crear un fondo finalista que compense esas emisiones. Se crea porque a partir de 2040 la UE no va a permitir que se vendan vehículos contaminantes. ¿Es bueno que puedas elegir un vehículo contaminante sin ninguna carga? Para nosotros, no. Tu elección ha de bonificarse o penalizarse.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática, Mireia Mollà. Foto: KIKE TABERNER

- Ese tipo de fiscalidad recibe algunas críticas porque puede afectar directamente a personas con menos recursos que necesitan moverse y no pueden permitirse vehículos no contaminantes, que muchas veces son más caros. ¿Cómo se puede entender entonces este tipo de impuestos, teniendo en cuenta también las críticas que recibe el transporte público, por ejemplo en València?
- El transporte público es elemental. En el transporte que depende de la Generalitat Valenciana estamos haciendo enormes esfuerzos. Tenemos deficiencias estructurales y lamentables en el transporte a nivel estatal. Es insostenible y si el Gobierno del Estado no puede poner a disposición de la ciudadanía una red decente de transporte público -Cercanías, etcétera-, la agenda verde europea es una mentira. El Ministerio de Transporte es uno de los más importantes para la futura década y no está dando la talla. Eso va en perjuicio de esta transición que queremos hacer y de implicar a la ciudadanía. Si se ve que es un fracaso el transporte colectivo, si no es una alternativa, si es caro, si llega tarde o se cancela, la ciudadanía optará por el transporte en vehículo individual que es el que no queremos.

- ¿También hay problemas en el transporte dependiente de la Generalitat?
- Aquí la herencia es venenosa. La anterior consellera se encontró con una sentencia que condenaba a la caducidad de las concesiones de autobús porque el PP había estado prorrogándolas sine die. Cuando algo así te marca la agenda, debes comenzar a hacer todas las concesiones de nuevo y tienes que hacer los planes de movilidad, que también estaban sin hacer. Pero hay un antes y un después, tanto en planes de movilidad, como en concesiones, como en el resto. Las circunstancias han limitado mucho el hacer rápido lo que querías hacer. Tenemos ese talón de Aquiles, que es el transporte que no depende de nosotros sino del Ministerio. Y lo digo sin que se ofenda nadie: si el Gobierno de España se ve incapaz, que transfiera las competencias a la Comunitat Valenciana con los recursos que van aparejados. Aquí estamos para ayudarnos.

- Sobre la ampliación del Puerto, ¿la Conselleria tiene alguna herramienta para recurrir si finalmente se lleva a acabo la ampliación portuaria?
- Creo que no llegaremos a ese punto. En algún momento, un responsable del Gobierno deberá firmar que no hace falta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o que sí que hace falta. Creo que es complicado que haya quien firme un informe oficial y vinculante que diga que este proyecto, que es diferente al de 2007, no necesita una nueva DIA.

El otro día, con la ampliación del aeropuerto del Prat, dije una cosa: me voy a quedar con el gusto de ver qué valiente firma que se puede ampliar un aeropuerto en un espacio natural. También espero quedarme sin ver a alguien que firme que se puede hacer esta ampliación que afecte a la Albufera. Nosotros sí que hemos hecho los informes firmados por los técnicos que dicen que esa ampliación, en los términos en los que está planteada, afecta directamente a la Red Natura 2000 Albufera de Valencia. Si alguien firma lo contrario, me gustaría ver el nombre y el apellido de quien lo hace, y su valentía.

El Gobierno valenciano aprobó en 2020 unas medidas cautelares que paralizan cualquier proyecto que pueda impactar en la Red Natura Albufera de Valencia durante al menos tres años. Y eso siempre así: en la elaboración de un PORN y un PRUG, que lleva décadas sin actualizarse, siempre conlleva medidas cautelares en proyectos que puedan impactar en el espacio en cuestión.

La Red Natura de la Albufera no es solo la parte terrestre. La parte marina lo es también igual de importante o más que la terrestre. Para que se salve la Albufera no debe haber intrusión marina. Es el lago de agua dulce más importante de España con un sistema arrocero de agua dulce, con una biodiversidad de agua dulce. La intrusión marina acabaría con la Albufera tal y como la conocemos: ni arroceros, ni pescadores, ni biodiversidad de lago de agua dulce. La parte marina de la Albufera es importantísima: su protección y el control de todo lo que pueda influirle, impactará también sobre la capacidad de contener la intrusión marina.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática, Mireia Mollà. Foto: KIKE TABERNER

- En 2018 se creó un impuesto de vertederos que ahora la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) no sabe cómo cobrar a los vecinos. ¿Cuál es la fórmula más adecuada?
- Tenemos que hablarlo con la Agencia Tributaria Valenciana porque es un problema técnico. En definitiva, a mí me corresponde decir que la tasa está bien situada: tenemos que cumplir unos compromisos en economía circular. Hace tiempo que hay directivas europeas de residuos muy estrictas y España está fallando en los datos de reciclaje, de reducción de vertederos. La Comunitat ha hecho pasos de gigante pero tenemos mucho por hacer. También tenemos que ser conscientes de que es una actuación individual que provoca un impacto colectivo que se ha de gestionar, por lo que la ciudadanía debemos comprometernos.

- Es una manera de sancionar.
- Ahora tenemos el cuarto contenedor, los ecoparques bonificados, nuevas técnicas costosas de plantas de tratamiento para capturar residuos, etcétera. Son inversiones pero, en definitiva, los productores somos las personas y tenemos que aplicarnos el cuento, reducir nuestra generación de residuos.

- Entremos en el agua. Es habitual en la gestión a nivel municipal y supramunicipal la creación de empresas mixtas entre al administración y firmas privadas. Al fin y al cabo son unas pocas empresas privadas de aguas las que conforman estas mercantiles mixtas en el territorio valenciano. ¿Cuál es la postura de la consellera? ¿Está a favor de remunicipalizar este servicio?
- El agua es un derecho básico y en un entorno como en el nuestro es un elemento de los más importantes. Hace un año el agua empezó a cotizar en Wall Street, lo cual da buena cuenta de lo que estamos hablando. ¿Se debería remunicipalizar? La gestión pública del agua es positiva, tanto si es 100% pública como si son empresas mixtas donde más de la mitad es municipal porque es una garantía. Conozco empresas mixtas que no funcionan bien porque el municipio no hace ninguna labor de control y gestión, conozco empresas públicas que deberían funcionar mejor, conozco empresas privadas que hacen las cosas bien.

Todas las fórmulas tienen sus bondades y debilidades dependiendo de si gestionas de manera eficaz o no, negligente o no. El componente público es algo a apreciar pero que haya un componente público no impide una gestión que no es eficiente o eficaz. En época del PP muchas empresas públicas han sido un desastre de gestión y una fuente de corrupción. Por tanto, el componente público es positivo y debería estar siempre, pero también apelo a que los municipios, cuando están en empresas públicas o mixtas, deben ejercer de manera disciplinada su gestión. No vale dejar la gestión en manos de personas o gestores que no son eficientes.

- Se ha elaborado un plan para construir una depuradora y un colector para liberar el flujo que acaba en la depuradora de Pinedo. ¿La inversión opta a fondos europeos?
-  Está asignada, son 110 millones de euros aproximadamente. Nos interesa por muchas cosas: sale del plan estratégico para la Albufera, libera la carga de Pinedo, las aguas depuradas son reutilizables, etcétera. Capturará las aguas sucias de muchos municipios y las llevará a la nueva depuradora. Está dentro del nuevo Plan Hidrológico. El acuerdo es que nosotros nos hacemos cargo de redactar el proyecto y el trámite de las evaluaciones ambientales, y la adjudicación de la obra y el pago de la inversión depende del Ministerio.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática, Mireia Mollà. Foto: KIKE TABERNER

- ¿Podría explicar cuáles son los principales proyectos de la Conselleria para los fondos europeos?
- Muchos tienen que ver con el agua. Uno de los primeros proyectos para el que conseguimos fondos fue este, precisamente, para la Albufera. Hemos enviado la manifestación de interés para la restauración ambiental de la Albufera, que asciende a 60 millones de euros. Nos quedará un Plan Estratégico de unos 160 millones. También hemos pactado con el Ministerio tres inversiones importantes: en la depuradora de Rincón de León, Novelda y de Orgegia, que suman también unos 60 millones de euros. Conseguiremos depurar agua en condiciones para trasladarlas a zonas de riego. En Castellón tenemos también obras de agua.

En el paquete de economía circular, hemos hecho ya las primeras manifestaciones de interés. Son 44 millones de euros para mejorar la gestión de los bio residuos, las plantas de tratamiento, contenedores, etcétera. Hemos decidido que ese paquete vaya directo a los municipios porque al final, la gestión de residuos tiene que ver mucho con ellos, con consorcios, mancomunidades, etcétera.

Y por otro lado, vamos a gestionar otro proyecto de renovables, de autoabastecimiento mediante comunidades energéticas locales. Asciende a 20 millones de euros y hemos expuesto a los municipios las convocatorias. La Conselleria de Economía y nosotros hemos dividido este paquete de transición  energética para gestionarlo mejor.

- ¿Qué líneas quiere crear la Conselleria de cara al próximo presupuesto que se va a negociar?
- En el acuerdo político que queremos que salga de la comisión política, la emergencia climática queremos que sea un elemento prioritario. Eso lo trasladaremos a nuestras líneas de cambio climático, transición energética, economía circular, gestión de agua, etcétera.

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