VALÈNCIA (EFE). La subsecretaria de la Conselleria de Sanidad, Mónica Almiñana, ha declarado este jueves ante el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia por una querella interpuesta por Ribera Salud por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Durante su comparecencia, según fuentes conocedoras del interrogatorio, ha señalado que delegó en su equipo la resolución que motivó la denuncia. Ésta ampliaba el plazo para presentar ofertas en un concurso se servicios informáticos del Hospital de La Ribera dos días después de haber vencido el plazo inicial y volvió a ampliarlo varias jornadas después, esta vez sin publicar ninguna resolución.
La alto cargo se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la defensa del grupo hospitalario, aunque sí lo ha hecho a las de su abogado y las de la juez. Así, según las mismas fuentes, ha indicado que confiaba en su equipo y en los técnicos en lo relacionado con esta resolución y que en ese momento se encontraban desbordados de trabajo por la pandemia. Mientras, desde la Conselleria de Sanidad no han querido hacer declaraciones al respecto.
Tras la presentación de la querella, el juzgado, en un auto fechado el pasado 6 de noviembre, la admitió a trámite y citó a declarar este jueves a la también exsenadora del PSC y exgerente del Hospital La Fe de València, que fue nombrada subsecretaria de Sanidad por el pleno del Consell del pasado 4 de septiembre.
Al mismo tiempo, Ribera Salud y Alfatec presentaron sendos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -órgano adscrito al Ministerio de Hacienda- contra las ampliaciones de plazo.
En su querella, Ribera Salud exponía que Amiñana había "dictado una resolución ampliando el plazo para presentar ofertas por parte de los interesados en una licitación pública, dos días después de haber vencido dicho plazo". La querellante recuerda que, según el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, "en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido".
Según Ribera Salud, "esta actuación, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, que no permite ampliar un plazo ya vencido, supone una clara conculcación de los más básicos principios que deben regir en materia de contratación pública". Uno de estos principios es "el de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores que concurren en el procedimiento, contraviniendo de manera injustificada los derechos de los licitadores en detrimento de los beneficios de otros".
El pasado 7 de septiembre se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación del contrato convocado por la Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la Conselleria de Sanidad. Conforme al anuncio de licitación, la fecha límite establecida para la presentación de las ofertas era el 6 de octubre de 2020 a las 15 horas.
Sin embargo, Ribera Salud denunció que "de manera sorprendente y absolutamente injustificada, en fecha 8 de octubre de 2020, una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la Resolución de la Subsecretaria de la Consellería de Sanidad de la misma fecha por la que se resolvía conceder un nuevo plazo para la presentación de las ofertas". Y días después se volvió a ampliar sin ninguna explicación por parte de la Conselleria, aseguró el grupo hospitalario.
Según la empresa querellante, la actuación de Almiñana "reúne todos los requisitos de la figura de la prevaricación administrativa: una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal".
FOTO: EVA MÁÑEZ
