Foto: EFE/Juan Carlos HidalgoVALÈNCIA (EFE). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que hay margen presupuestario para extender la bajada de los impuestos eléctricos más allá de abril en caso de que sea necesario, "aunque esa no es la solución" del mercado energético.
"Hemos sido muy responsables en la confección del presupuesto y hay holgura para una prórroga de esta rebaja fiscal", afirma la ministra en una entrevista con la Agencia EFE en la que ha repasado los temas de actualidad de su departamento.
La bajada del IVA y el impuesto especial de electricidad, junto con la suspensión del impuesto de generación eléctrica, desde junio de este año hasta abril de 2022 tendrá un coste de "en torno a 5.000 millones menos de recaudación".
A pesar de ello, la ministra cree que "es lo que tenemos que seguir haciendo" hasta que surtan efecto las reformas estructurales implementadas en el sector energético.
Esto es posible porque el Gobierno ha sido "muy prudente" al estimar la recaudación tributaria, que este año cumplirá sus previsiones por primera vez desde 2010 y que en 2022 podría superar el repunte del 8,1 % recogido en el presupuesto si el crecimiento económico continúa en la senda actual.
Esta situación permitirá cerrar el año con un déficit público inferior al 8,4 % del PIB comprometido, gracias también al superávit de más de 12.000 millones de euros que hasta noviembre han registrado las comunidades autónomas por la financiación extraordinaria del Estado para cubrir los servicios básicos durante la pandemia.
"Nunca antes se había tenido una mirada tan solidaria con las comunidades autónomas, lo reconoce todo el mundo más allá del discurso político de la oposición, que pide más recursos y al mismo tiempo bajada de impuestos (...) exigiendo una dotación de recursos que nunca se habría producido si gobernara el PP", explica la ministra.
"El año que viene seguimos haciendo una inyección extraordinaria de recursos, a los que el Gobierno de España no tiene obligación, por importe de 7.000 millones de euros", añade Montero, en referencia a las compensaciones por la liquidación negativa de 2020 y el cambio del IVA de 2017.
Esa cifra "es mucho dinero", subraya, "cada uno la puede llamar como quiera, si la quiere llamar fondo covid, que la llame", puntualiza sobre la reclamación de algunas autonomías de un nuevo fondo para afrontar el coste de la pandemia.
Entre las transferencias recibidas por las autonomías, señala los 7.000 millones para ayudas directas a autónomos y pymes que reconoce que se han ejecutado de forma "asimétrica" en los diferentes territorios, lo que ha llevado a algunas comunidades a reintegrar a Hacienda el dinero sobrante.
A la espera del dato final, la ministra considera que se ha cumplido el objetivo de estas ayudas, que era mantener el tejido productivo afectado por una pérdida significativa de ingresos (30 % con respecto a 2019).
"Yo creo que misión cumplida, hemos atendido al sector productivo y hay que confiar en que eso también ha contribuido a que las cifras de desempleo hayan caído", asevera.
La postura del PP también será determinante para reformar el sistema de financiación autonómica, dice Montero, que considera que "si el principal partido de la posición sigue instalado en la estrategia del cuanto peor mejor" será difícil encontrar el consenso necesario para cambiar una ley orgánica que requiere de mayoría absoluta.
Montero rechaza que mejorar la financiación autonómica sea una reforma imposible, pero destaca que "el ingrediente más importante para construir ese edifico es la actitud de las formaciones políticas".
"También se decía que no sería posible acordar la reforma laboral ni los presupuestos", señala la ministra, que defiende que los presupuestos de 2022 "son los mejores de Pedro Sánchez, pero no van a ser los últimos".
Montero se ha fijado como objetivo que la reforma fiscal que prepara el Gobierno sea "justa", lo que a su juicio pasa por aumentar la contribución tributaria de capitales y empresas. El objetivo de esta reforma es "que no recaiga el gran peso del esfuerzo sobre la clase media", como ocurre actualmente, "sino que los grandes capitales, las empresas, contribuyan proporcionalmente como lo hacen los ciudadanos", señala la ministra.
En ese sentido, aboga por "aprovechar" el consenso internacional para aumentar la contribución fiscal de las multinacionales, como ha hecho el Gobierno estableciendo un tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto de sociedades para grandes empresas, lo que demuestra que "España está acertada en términos de hacia donde tiene que caminar la reforma fiscal".
Montero no desvela las medidas concretas que contendrá la reforma fiscal a la espera de las conclusiones que el comité de expertos presentará en febrero y que asegura no conocer, aunque sí avanza que la reforma se articulará varias normativas y leyes.
"Es una reforma imprescindible para que nuestro país pueda avanzar", subraya, ya que, por ejemplo, la reforma de la financiación autonómica pasar por lograr un aumento de la recaudación que permita transferir más recursos a las regiones.
Más allá de la recaudación, ve "especial interés" en el potencial para modificar conductas de la fiscalidad ambiental, una "propuesta ambiciosa" que aspira a acompañar a la transición industrial, o en la armonización de la fiscalidad autonómica, "que algunos territorios piden para que no se produzcan fugas de capitales".
Montero tampoco desvela si finalmente el Gobierno bajará el IVA a los servicios de peluquería y estética como reclama el sector -"no es momento ahora de anticipar cuestiones"-, pero recuerda que la Unión Europea ya ha advertido a España del "uso abusivo" del IVA reducido, algo que también analiza el comité de expertos.
La ministra confía en encontrar "el consenso adecuado" en el Congreso para sacar adelante la reforma fiscal porque "la gran mayoría del arco parlamentario" demanda esta medida, que ya estaba recogida en el acuerdo de investidura.
Sin embargo, reconoce que la negociación no será "cómoda" porque "con este Gobierno y en este Gobierno siempre todo requiere de mucho diálogo".
