La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha adelantado este martes en el pleno del Congreso que las comunidades autónomas recibirán el próximo año una "transferencia extraordinaria" de unos 7.000 millones de euros, un 6,3% más que lo que recibieron en 2021, que se tienen que consignar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, Montero además ha explicado que el Gobierno ha aprobado una partida presupuestaria de en torno a unos 3.100 millones de euros para la liquidación del IVA del año 2017.
"El Gobierno ha tomado la decisión de incluir en los Presupuestos una partida para comunidades que recibirán en torno a 3.100 millones de euros por este concepto que incorpora el capital pero también los intereses. A aquellas comunidades que recibieron un préstamos a tipo 0 para amortiguar esa caída por la falta de recursos del sistema de información del IVA no se les va a obligar a devolverlo y se va a autorizar que esos recursos se utilicen para el gasto que cada comunidad autónoma considere", ha explicado.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que obligaba al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA. Ahora, Montero ha anunciado que aprobará una partida presupuestaria en el año 2022 para solventar este perjuicio económico.
En su intervención, ha subrayado que la administración central "ha asumido una parte muy importante" durante la pandemia "protegiendo como nunca antes el estado autonómico". "El compromiso del Gobierno es firme", ha manifestado.
En la misma línea, ha admitido la necesidad de reformar el modelo de financiación de las comunidades autonómicas y ha traslado el compromiso del Gobierno para establecer un sistema de financiación "justo" para que todos los territorios reciban recursos adecuados que "pongan fin a los supuestos agravios territoriales".
