Montero descuadra el presupuesto del Consell con unas transferencias menores de las previstas

VALÈNCIA. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que participan el Gobierno central y las CCAA de régimen común se reunió este lunes, después de casi año y medio, en una cita que no dejó muy buenas noticias para la Comunitat Valenciana. Una de las principales es que contará con menos transferencias del Estado en comparación con las previstas por parte de la Generalitat en los Presupuestos de 2024. 

El motivo son las entregas a cuenta: los miles de millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica dirigidos a cubrir las necesidades de gasto. El Consell las calculó en 12.799 millones. Lo hizo en base a las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debido a que cuando el Ejecutivo valenciano elaboró el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2024, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Hacienda se negó a facilitar estos datos por estar en funciones.

La cifra fue finalmente comunicada este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la titular de este departamento en el Consell, Ruth Merino. Serán 12.555 millones en concepto de entregas a cuenta, 243 millones menos de los previstos, por tanto, en las cuentas del año que viene.

La otra cifra importante para la previsión de ingresos es la liquidación del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2022 –se efectúa dos años después–, que será más alta que nunca. Ahí los datos sí son más ajustados a los dibujados en las cuentas. Se cifró en 2.719 millones de euros y finalmente la Comunitat recibirá 2.699 millones, 20 menos. Sumados a los 243 millones de menores entregas a cuenta, el descuadre totaliza 263 millones de euros.

La Conselleria de Hacienda ha solicitado al Ministerio una aclaración sobre el cálculo de las cantidades al existir ese desfase respecto a las estimaciones de la AIReF que descuadra el presupuesto y obligaría a hacer un recorte del mismo importe en los gastos. 

No obstante, Ruth Merino anticipó este lunes la decisión del Consell de no cambiar los presupuestos. La responsable de Hacienda lamentó que el Gobierno central haya facilitado "tarde y mal" esta información y dijo que el Ejecutivo autonómico no va a modificar sus cuentas del próximo año. "No vamos a pedirles más esfuerzos a los valencianos, no les vamos a hacer pagar la factura de los separatistas. No vamos a cambiar los presupuestos que hemos presentado, que son los que necesita la Comunitat Valenciana", argumentó.

Si no se corrige el presupuesto y se mantiene el gasto, el resultado será más déficit precisamente el año en el que se vuelve a la senda de estabilidad presupuestaria con un objetivo de déficit del 0,1%, frente al 0,3% presupuestado, que el Consell tampoco tiene intención de modificar.

Los 263 millones de euros menos con los que contará el Consell de transferencias del Estado podrían pasar a considerarse, de este modo, como una nueva 'partida reivindicativa', que se suma a otras ya previstas en los presupuestos. Se trata, en definitiva, de ingresos cuya llegada no está asegurada pero que sirven para cuadrar las cuentas. 

A este órdago del Gobierno valenciano al central que lidera Pedro Sánchez se unen otros como el del déficit. El Ministerio de Hacienda hizo este lunes uso de su mayoría de voto en el CPFF para aprobar un límite de déficit del 0,1% para el próximo año. Todas las demás CCAA –excepto Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE– se posicionaron en contra. Pero en este asunto la Generalitat ha ido más allá. Como informó Valencia Plaza, el Consell que preside Carlos Mazón elaboró su presupuesto con un déficit del 0,3%, lo que significa el triple de desfase entre ingresos y gastos. Concretamente, 431,9 millones de euros. 

En la reunión de este lunes se mantuvo en la petición. Ruth Merino critica que, a la hora de determinar cómo se reparte el esfuerzo de reducción del déficit, el Gobierno central no haya tenido en cuenta la posición de partida de las CCAA y que el Estado se haya reservado el 97% del déficit autorizado. Esta circunstancia, señala, obliga a las autonomías de régimen común a cerrar el ejercicio con un déficit de 0,1% sobre el PIB "a pesar de que gestionan el 35% del gasto total". 

Montero abrió la puerta a que "algunas Comunidades Autónomas" que lo han solicitado puedan tener en 2024 un objetivo de déficit diferenciado. Eso sí, mientras el conjunto siga siendo el del 0,1% (algo que supone que se tengan que poner de acuerdo los territorios). El asunto se debatirá en el próximo CPFF después de que lo decidido este lunes pase por el Congreso y el Senado, cámara esta última en la que tiene mayoría el PP. Montero ya se ha avanzado al posible rechazo por parte de la Cámara Alta y advierte de que si así ocurre se aplicaría lo establecido en el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en abril, que fijaba un 0% para las CCAA. Un escenario todavía peor.  

Montero bad news no se quedó ahí. Aunque no se trataba de un punto del orden del día de este lunes, lógicamente salieron dos asuntos fundamentales para la Comunitat en el turno de ruegos y preguntas: la eterna reforma del sistema de financiación y el prometido fondo de nivelación. Y ni uno ni lo otro.

Ni reforma ni fondo de nivelación

La ministra de Hacienda evitó dar plazos para el cambio de modelo y para la presentación de una propuesta que parta del Gobierno. La estrategia pasa más bien por pasar la pelota a las comunidades autónomas –muchas de ellas del PP y con intereses contrapuestos– para que se pongan de acuerdo. 

Ya por la tarde, el Gobierno comunicó que ha ofrecido tres posibles fechas al PP para mantener la primera reunión de la legislatura entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la que se aborde la financiación. 

En cuanto al fondo de nivelación –un mecanismo transitorio para repartir dinero entre las comunidades peor financiadas para que pudieran acercarse a la media nacional–, Montero echó balones fuera y señaló que corresponde al Congreso porque el CPFF no tiene capacidad normativa. Una posición llamativa cuando Compromís lleva asegurando desde el pasado octubre que el acuerdo entre Sumar –coalición a la que pertenecen– y el PSOE para la investidura de Sánchez llevaba el compromiso de que el citado fondo estuviera dotado en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo, sin embargo, más abierto a la interpretación que a otra cosa atendiendo a la literalidad de ese pacto. 

De cualquier modo, las palabras de la ministra de Hacienda no parecen demasiado claras y tienden más a resaltar las diferencias existentes entre los dirigentes autonómicos del PP. Unos territorios, supo destacar este lunes, quieren un fondo transitorio porque se consideran infrafinanciados y otros lo quieren para todas. 

De hecho, en la rueda de prensa posterior al CPFF pareció justificar que algunas comunidades, como es el caso de la valenciana, estén financiadas muy por debajo de la media. "Hay una media porque los parámetros de dispersión, insularidad, población ajustada y otros elementos son los que repercuten en que haya comunidades por encima de esa media o por debajo. Si una comunidad entiende que tiene derecho a recibir el promedio de recursos que tiene el sistema, yo le diría: ¿entonces por qué no repartimos por población? Porque si ustedes utilizan las matemáticas, ese promedio lo proporciona justamente la población sin mayores ajustes. Por tanto, sería como negar al modelo de financiación que el coste de los servicios públicos tienen una mayor presión por las variables que componen el sistema", apuntó.