Montón recorta las competencias económicas a la directora general que eligió Puig

VALÈNCIA. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, dio a conocer el pasado 23 de marzo en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano una serie de modificaciones en el segundo escalón del Ejecutivo valenciano. Varios de estos cambios afectaban al área de Sanidad que dirige Carmen Montón y en algunos casos fueron interpretados como un aumento del control por parte de Presidencia hacia la titular del departamento. 

Así, la directora general de Alta Inspección, Isabel González, dejó su puesto para ser la nueva gerente del área de salud de La Ribera, tras la reversión, y fue sustituida por Isabel Castelló, hasta ese momento asesora en Presidencia y próxima a Ximo Puig. La otra alteración se produjo en la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria, que pasó a dividirse en dos direcciones generales: la de Recursos Humanos seguía en manos de Justo Herrera mientras que la segunda, denominada DG de Eficiencia y Régimen Económico, recayó en Carmelina Pla, miembro de la Ejecutiva del PSPV y cercana también al presidente de la Generalitat, además de sobrina del exlíder del partido Joan Ignasi Pla.

Sin embargo, esta dirigente, a la que se le otorgaba un papel destacado en materia económica, no tendrá excesivo margen de maniobra en el equipo de Montón. Es lo que se desprende de la resolución de la consellera publicada en el DOGV el pasado miércoles 11 de abril, en la que se evidencia una reordenación de competencias por las que el grueso de las autorizaciones en materia económica pasan a manos del subsecretario, Ricardo Campos -mano derecha de Montón-, dejando al departamento recién estrenado por Carmelina Pla sin firma y casi tan vacía como una nevera a la vuelta de las vacaciones.

Así, según la resolución y comparándola con la del 22 de julio de 2016, que otorgaba grandes competencias a Justo Herrera, una de las modificaciones se produce en materia de contratación administrativa y de gestión económica en referencia a servicios centrales. Si anteriormente era la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos – Justo Herrera– la que tenía capacidad de firmar contratos de más allá del límite de 6 millones de euros, ahora esa prerrogativa recae en el subsecretario.

Otro de los puntos destacados es el referido a las "facultades referidas a contratación, gastos de funcionamiento e inversiones reales de gestión centralizada, independientemente del programa presupuestario, sin límite cuantitativo", antes también delegadas a la DG de Recursos Humanos y Económicos, que también pasan ahora a estar en poder de Ricardo Campos. De la misma manera, también se trasladan al subsecretario las facultades referidas a la "autorización del gasto correspondiente a expedientes de contratación tramitados a través de la central de compras de bienes y servicios, independientemente del programa presupuestario, sin límite cuantitativo", así como las relativas a "contratación, gastos de funcionamiento e inversiones reales de todos los programas y subprogramas presupuestarios de la Conselleria, que por cuantía no hayan sido delegadas en los órganos directivos de los propios centros de gestión".

La acumulación de poder bajo la firma de Campos no se queda ahí. También pasa de la anterior dirección general a la subsecretaría el control "en los contratos que conlleven el pago de contraprestaciones económicas a favor de la Generalitat o contemplen la repercusión al contratista de gastos o cantidades previamente satisfechas por la Generalitat, la gestión y la recaudación de los ingresos asociados a estos contratos".

Cajas fijas y suplencia

Este traspaso hacia el subsecretario también se produce en las cajas fijas de los servicios centrales, es decir, de aquellos gastos recurrentes que no necesitan expediente ni control previo.

Como curiosidad, en el apartado décimo de la resolución se especifica que en caso de "vacante, ausencia o enfermedad" de los órganos en los que se efectúan las delegaciones, la suplencia, en el caso de que afecte al subsecretario en materia de servicios centrales, recae en el director general de Recursos Humanos y no en la nueva directora de Eficiencia y Régimen Económico, Carmelina Pla.

Por si quedaba algún cabo suelto, se especifica que es el subsecretario –antes era el director general de Recursos Humanos y Económicos– el que queda facultado "para que dicte las instrucciones necesarias para la aplicación de la presente resolución". 

De esta manera, se consuma una acumulación de poderes en manos de Ricardo Campos en detrimento de la recientemente nombrada directora general de Eficiencia y Régimen Económico, que por la denominación de su cargo debería haber asumido la parte económica de la antigua Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, correspondiendo a Justo Herrera las de personal. 

Una estrategia que contrasta con una resolución de julio de 2016 en la que se estrechó el margen de maniobra de las distintas direcciones generales para dotar de un fuerte margen de maniobra al responsable de Recursos Humanos y Económicos, Justo Herrera. Sin embargo, tras los últimos cambios en el segundo escalón, la consellera parece haber decidido redirigir toda esa capacidad al subsecretario, su hombre de confianza, reduciendo el papel de la nueva incorporación al organigrama, mujer de confianza de Ximo Puig.