Montoro aboga por estudiar de forma "conjunta y sin agravios entre las CCAA" la deuda que tienen 

VALÈNCIA. (EP). El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha incidido este jueves en que si se reforma el sistema de financiación autonómica "lo suyo" es que las comunidades vayan saliendo al mercado a financiarse y "repensar" entre todos "qué hacer" con la deuda contraída con el Estado en los últimos años, respecto a lo que ha abogado por una "propuesta conjunta" y "sin crear agravios entre administraciones autonómicas".

Montoro compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados y planteó la conveniencia de estudiar la deuda de las comunidades con el Estado contraída en los últimos años a través de los fondos de financiación creados por el Gobierno para ellas. Abrió así la puerta a estudiar qué parte de esa deuda se debe a "insuficiencias del sistema de financiación actual" para estudiar una reestructuración.

Preguntado al respecto en un acto con empresarios en Granada, Cristóbal Montoro ha dicho que las fórmulas deben ser debatidas y decidida la solución de manera conjunta con las comunidades, "sin crear agravios" entre ellas.

Ha defendido que con los mecanismos especiales de liquidez promovidos por el Gobierno, como el Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), las comunidades autónomas han tenido un gran ahorro en la carga de intereses y ha citado expresamente a Andalucía, cifrando ese montante en más de 4.000 millones de euros.

Montoro ha incidido en que para esta comunidad ha sido "muy positivo" estar en estos mecanismos especiales, a los que se acogió "desde el principio", y ha añadido que si se reforma la financiación autonómica lo "coherente" es revisar el futuro de estos procedimientos, que deberían desaparecer. "Lo suyo es que las comunidades autónomas vayan saliendo al mercado a financiarse", ha dicho.

Junto a ello, Montoro ha llamado a la "prudencia" a la Junta de Andalucía en su propuesta sobre financiación autonómica, después de que el miércoles cifrara en 4.000 millones de euros los recursos adicionales que necesita, alegando que de lo que se trata es de que cada comunidad tenga un planteamiento "compatible" con el resto para llegar a un acuerdo "entre todos".