Munición para el Botànic y Ciudadanos en su particular disparo a la gaviota

VALÈNCIA. Era difícil para los altos cargos del Gobierno valenciano y para los dirigentes de Ciudadanos disimular la satisfacción este jueves con la sentencia del caso Gürtel. Más allá de la pena impuesta a exresponsables históricos de la formación popular como Luis Bárcenas, lo ciertamente relevante para la brega política es la decisión del tribunal de condenar al Partido Popular que lidera Mariano Rajoy a una multa de 245.000 euros.

De esta manera, la formación de la gaviota se convierte en la primera de la historia de la democracia española en ser señalada de tal manera. Un golpe para la marca que enlaza con el vivido esta misma semana con el estallido de la operación Erial y la detención del ex presidente de la Generalitat y el exministro Eduardo Zaplana.

Un vapuleo al PP que tiene consecuencias especiales para la Comunitat Valenciana. En primer lugar, por las ramificaciones existentes en este territorio del caso Gürtel, donde varias piezas están pendientes de ser resueltas y podrían agravar la situación del partido. En segundo, porque la detención y envío a prisión del ex jefe del Consell abre un nuevo frente judicial más grave aún si cabe y con el que además no se contaba en la recta final de la legislatura.

Los tímidos intentos por parte de los populares de defenderse ya sea señalando la conexión de Zaplana con Ciudadanos, apuntar a la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc o recordar en privado que varios cargos socialistas fueron condenados en los años 90 por el caso Filesa, son los insuficientes y débiles argumentos utilizados para defenderse del tsunami judicial -y televisivo- que está haciendo zozobrar el navío popular.

Con este escenario, los rivales del PPCV tienen el campo abierto para una terrible pinza en el tiempo que resta para las elecciones autonómicas y locales de 2019. Las fuerzas del Botànic, especialmente PSPV y Compromís que son las que componen el Gobierno valenciano, disponen ahora de un margen de maniobra más amplio puesto que pueden comparar su gestión con la de los gobiernos populares -uno de cada tres consellers de este partido desde 1995 están imputados o han sido condenados- además de disponer de mayor munición para la llamada 'distancia del dinero' en el boxeo, o lo que es lo mismo, el cuerpo a cuerpo parlamentario. Así, casi cualquier ataque de la líder del PPCV, Isabel Bonig, en las próximas semanas puede ser contrarrestado por el Consell señalando a su partido condenado por corrupción.

En la otra orilla, estos casos también benefician especialmente a Ciudadanos, que son los que realmente pueden pescar en el convulso caladero de votantes de centro-derecha. La formación naranja no necesita siquiera en estos momentos un complejo plan para recabar apoyos desengañados del PPCV: distinguirse de los populares por ser un partido limpio y sin mochila, mantener el pulso con el Botànic en los asuntos clave para el electorado conservador y cometer los menores errores posibles que puedan tener trascendencia mediática. 

Más allá de eso, la dinámica actual es de win-win para el partido de Albert Rivera y las perspectivas en la Comunitat Valenciana pueden ser especialmente positivas por entenderse este territorio como una especie de zona cero de los casos de corrupción relacionados con el PP.