La nueva tasa de basuras, un 'marrón' para los alcaldes
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| 10/08/2024
VALÈNCIA. "La normativa europea nos está asfixiando". Bajo esta premisa, los alcaldes de la Hoya de Buñol-Chiva, una comarca situada en el interior de la provincia de Valencia, estudian elevar una moción al Gobierno de España para minimizar la gestión de la tasa de basuras, cuyo coste repercutirá en su totalidad a la ciudadanía a partir de 2025. Así, los ayuntamientos de esta comarca se suman a la iniciativa de Vilamarxant (Camp de Túria), donde el Partido Popular también ha presentado este mes de octubre una moción con la misma finalidad.
El "nuevo" impuesto queda recogido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados; una medida estatal, desarrollada por una directiva europea, que obliga a los ayuntamientos al establecimiento de una tasa de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Al mismo tiempo, el gravamen debe ser "específico, diferenciado y no deficitario, y tiende a establecer de forma progresiva sistemas de pago por generación de residuos".
Tras su aprobación en abril de 2022, el Gobierno central ha dado de plazo tres años a las entidades locales para que establezcan este impuesto. Una tasa que, además de aumentar la cuantía que pagan los vecinos por la recogida y el tratamiento de residuos, implica que el coste de este servicio repercute completamente sobre la ciudadanía y, en consecuencia, son los contribuyentes quienes cubren la totalidad de los gastos con sus impuestos.
La posibilidad de presentar un recurso o moción al Gobierno central ha sido vista con buenos ojos por la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, que busca la manera de llevar a las instituciones estatales esta queja. Es más, los ayuntamientos de Buñol y Macastre han mostrado su "malestar" a este diario, asegurando que esta medida afecta al vecindario "de forma desproporcionada". Por su parte, el alcalde de Macastre, Vicente Montó, critica que la ley, "lejos de premiar a aquellos que más reciclan", no tiene en cuenta aspectos como el nivel de consumo o generación de residuos.
En ello coincide Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol, cuyo municipio ya ha aprobado la ordenanza reguladora de la tasa de basuras. En el caso de Buñol, los vecinos deberán abonar 98,12 euros por la recogida y tratamiento de residuos urbanos sólidos; un servicio por el que anteriormente pagaban un total de 52,45 euros. "Es una tasa excesiva y no se corresponde con el coste del servicio. Tenemos que luchar como sea para reducir esa cuantía", sentencia Sanz.
"Algunos ayuntamientos habían manifestado su intención de no aplicar el impuesto, pero eso no es viable", continúa Sanz y reitera que la única solución pasa por un "frente común" entre todos los municipios del interior de Valencia para exigir al Ejecutivo nacional ayudas en esta materia. Por ejemplo, la alcaldesa de Buñol plantea una cofinanciación del servicio, a fin de evitar que el 100% del coste de la recogida de residuos recaiga en la ciudadanía.
A diferencia de Buñol, el Ayuntamiento de Macastre todavía está pendiente de redactar la ordenanza fiscal que regule la nueva tasa de basuras en el municipio. Pese a ello, Montó avanza a este diario que la empresa pública GIRSA continuará como responsable de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU-contenedor verde), así como de la limpieza viaria y de espacios públicos del municipio.
Sin embargo, a Montó le preocupa el sistema que debe emplear el ayuntamiento para contabilizar el volumen de residuos que genera cada vecino. La idea, tal y como marca la política ambiental europea, era implementar contenedores inteligentes, que avisan a las empresas de recogida cuando el nivel de llenado es elevado (entre el 70% y el 100%). El problema es su precio de adquisición, que municipios como Macastre no pueden asumir.
En ese sentido, Montó pide al Gobierno central que prorrogue la aplicación de la tasa de basuras o conceda ayudas económicas para que los ayuntamientos puedan implementar este tipo de herramientas. Sobre todo, explica Montó, porque los pueblos más alejados del punto de reciclaje "juegan en desventaja", ya que la distancia aumenta los costes.
"Esta normativa nos sitúa en una coyuntura muy complicada y nos trata a los pequeños municipios de forma muy desigual; nos discrimina. La gestión de los residuos se ha convertido en un negocio y el Gobierno de España tiene que tomar cartas en el asunto", añade el primer edil de Macastre.
En la misma línea, Francisco Gómez, alcalde de Domeño (Camp de Túria) y presidente del Consorcio Valencia Interior, entidad que gestiona las instalaciones para el tratamiento y eliminación de residuos en cinco comarcas, cree que se necesita una mayor educación ambiental. Gómez critica que, mientras el impuesto "castiga a los que más residuos generan", las políticas estatales y autonómicas no dotan a los municipios de herramientas suficientes para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje.
Aún así, Gómez no entiende por qué a la mayoría de municipios les ha pillado por sorpresa la subida de la tasa de basuras. "Hemos tenido tres años para adaptarla, pero nos acercamos al límite y el 80% de los pueblos no sabe cómo aplicarla", señala el presidente del consorcio y, aunque asegura que su municipio ha hecho los deberes en este sentido, pronostica un incremento considerable en lo que los vecinos pagarán por el tributo de cara al próximo año. "Lo normal es que la tasa aumente", sentencia Gómez.
El Partido Popular de Vilamarxant, fuerza que gobierna en coalición con Ciudadanos en el ayuntamiento de esta localidad, fue el primero en presentar una moción para instar al Gobierno de España a minimizar el cobro de la tasa de basuras. La propuesta tiene que ser debatida en pleno, pero, según asegura su alcalde, Héctor Troyano, muchos grupos municipales en Valencia la han tomado como ejemplo y "van a presentar la suya ahora".
En el texto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los populares se oponen a esta medida y denuncian que "contradice el principio de progresividad fiscal" al no basarse en la capacidad económica de los contribuyentes. En consecuencia, explica Troyano, la ley se aplica de manera uniforme: "Incluso las administraciones locales económicamente saneadas y con capacidad financiera para enfrentar el déficit que genera este servicio están obligadas a aprobar la subida de la tasa".
Así, continúa Troyano, la normativa también afecta al principio de autonomía local. Un aspecto que el PP de Vilamarxant considera "fundamental", ya que, de los acuerdos propuestos en la moción, insisten en que "el ayuntamiento tenga la potestad para decidir de qué manera quiere aplicar la tasa de basuras, sin la necesidad de aumentar la carga fiscal al vecindario".