VALÈNCIA. La industria musical valenciana volvió a movilizarse este jueves para respaldar a la Sala Repvblicca de Mislata en su conflicto con el Ayuntamiento por el aforo del recinto. La protesta, organizada por la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM), adoptó la forma de un “entierro festivo” inspirado en las tradicionales second line de Nueva Orleans, con el colectivo Sedajazz marcando el ritmo de una marcha simbólica que recorrió los alrededores del espacio cultural.

La acción ha recordado los conciertos que no pudieron celebrarse durante 2024, el año en que la sala permaneció cerrada por una orden municipal que posteriormente ha sido anulada por los tribunales. Se ha descubierto una placa con los nombres de los 45 artistas cuyas actuaciones fueron canceladas como consecuencia de aquel cierre.

Un manifiesto leído en el acto argumentaba que la programación de la sala se canceló “no por falta de público; no por falta de artistas; no por falta de proyecto”, sino por un bloqueo administrativo que, según han denunciando todo este tiempo, ha puesto en riesgo uno de los espacios de música en directo más relevantes del área metropolitana de València.

“45 artistas que no pudieron subir al escenario. Trabajadores que no pudieron ejercer su oficio y un público que se quedó sin aquello que da sentido a espacios como este: la música en directo”, señalaba el texto.

Desde la FEVIM insisten en que cada cancelación tuvo un efecto en cadena dentro del ecosistema musical. Su representante, Armand Llàcer, recordó que cada concierto suspendido representa “mucho más que una fecha” y supone “un daño cultural, económico y comunitario muy importante”.

“No venimos a confrontar”

El conflicto entre la sala y el consistorio de Mislata se remonta al cierre decretado a finales de 2023 tras una inspección municipal. En noviembre de 2025, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de València, declaró nula la orden de clausura al detectar defectos en el procedimiento administrativo. Entre otras cuestiones, la magistrada señaló que la medida cautelar no fue ratificada en plazo por la Generalitat y que se omitió el trámite de audiencia a la empresa.

Pese a ese fallo judicial, el debate sobre el aforo sigue abierto: el Ayuntamiento mantiene un límite de 430 personas escudándose en una modificación urbanística, mientras la sala defiende que su capacidad real supera el millar de asistentes. “Las salas de conciertos son infraestructuras culturales esenciales”, defendía el manifiesto, y reclamaba aplicar la normativa vigente “con normalidad y con rigor”.

En todo caso, el mensaje final apostó por rebajar el tono y abrir una vía de diálogo con el consistorio:  “Hoy no venimos a confrontar. Venimos a pedir diálogo, responsabilidad institucional y soluciones”, concluía el texto.