VALÈNCIA. Sigue la resaca por la cancelación del Festival de Les Arts el pasado sábado; y conforme se enfría el asunto, se puede ir ampliando la perspectiva sobre las responsabilidades de cada actor en esta crisis. La pregunta que se va destilando, ahora que el público y las organizaciones de consumo se están organizando para reclamar el reembolso total de las entradas y abonos, es cuál ha sido la responsabilidad de las diferentes administraciones implicadas y qué escenarios políticos se abren ahora.
Primero, el contexto. El viernes, el Festival de Les Arts sí pudo abrir sus puertas, ante la incredulidad de todas las fuentes del sector y cualquier persona que hubiera seguido de cerca el conflicto desde la publicación de la durísima sentencia contra el Ayuntamiento de València por el ruido que provocaban los macroconciertos en el recinto.
Aunque el sábado la primera noticia sobre la cancelación la dio el propio festival, que presentó la situación como un cierre desproporcionado y fuera de su control (llegan a explicitar que “esta decisión no parte de nosotros” y que habían trabajado “desde el cumplimiento de la normativa vigente”), luego quedó acreditado en las actuaciones de la Policía Local que no solo superaron los decibelios máximos permitidos, sino que "no se han respetado las limitaciones de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica presentada” que hizo posible la primera jornada.
¿Qué se podía haber hecho?
El límite de 85 decibelios hace inviable la música al aire libre para un grupo denso de público, no solo en cualquier festival, sino incluso en un local de ocio como una discoteca. Muchos artistas firman cláusulas con las promotoras para poder cancelar su bolo si no se puede emitir su música al menos a 100 decibelios.
Por otra parte, el resto de festivales previstos para el mismo recinto se reubicaron ante la evidencia de su imposible normal funcionamiento. Entre ellos, incluso dos de la misma promotora que el Festival de Les Arts, The Music Republic: Love the 90s y I Love Reggaeton.
Ante todas estas evidencias, ¿tan solo valió el compromiso de un plan técnico para que las administraciones dieran luz verde a su celebración el primer día? La autorización dependía de CACSA, responsable del espacio, aunque en esta ocasión, a partir de un requerimiento, la documentación también fue auditada por el Ayuntamiento de València, destinatario de la condena en el proceso judicial por no haber tomado medidas contra el exceso de ruido continuado a lo largo de años.
Unos y otros accedieron a que se celebrara. El concejal del Ayuntamiento de València, Juan Giner, justificó ayer que “estamos en un estado de derecho. Si el promotor del festival dice que se va a ajustar a la ordenanza… Todos tienen sus reglas y sus derechos”.
La imagen de las diferentes administraciones
El jueves, un día antes de la apertura del festival, también sorprendió la visita del President de la Diputació de València, Vicente Mompó, a las instalaciones del Festival de Les Arts y publicar en sus redes sociales unas fotografías con sus responsables que acompañaba un texto en el que explicaba que “hay gente que apuesta, arriesga, invierte y se deja la piel para que ocurran las cosas”. Calificaba la organización de “un equipo que, lejos de buscar excusas, ha decidido afrontar las dificultades y preparar una edición que volverá a situar a València en el circuito de los grandes festivales europeos”. Unas palabras de apoyo que, apenas tres días después, han envejecido fatal.
Su presencia es aún más llamativa por el silencio del resto de actores políticos. Las promotoras exiliadas de CACSA han verbalizado que el Ayuntamiento de València ni siquiera se ha reunido con ellas; y no ha habido una interlocución clara y pública por parte de ninguna conselleria de la Generalitat Valenciana, si bien sí le han puesto facilidades al Bigsound en su traslado a Torrent.
El Ayuntamiento de València también se enfrenta a una crisis de reputación, al haber dinamitado desde la publicación de la sentencia el mes de marzo todo lo construido a lo largo de meses a través de la marca València Music City. Después de todo lo ocurrido este fin de semana, el consistorio ha descartado abordar las soluciones que le piden las promotoras para que el problema no se extienda a toda la ciudad. Ni flexibilización de la normativa ni nuevos recintos.
- -
- Foto: NACHO LÓPEZ
La Generalitat Valenciana también tendrá que hacer gestiones por partida doble. A pesar de mantener un perfil bajo a lo largo de las últimas semanas, CACSA tendrá que establecer un criterios para abordar futuros eventos en sus instalaciones o dar un giro de 180 grados y cerrar sus puertas a los mismos. Por otra parte, el Consell tendrá que organizar quién se encarga de la realidad de la música en directo, ya que el Institut Valencià de Cultura no atiende los grandes eventos, Turismo ha dejado de promoverlos como marca estratégica y ya está enterrada la pretensión del expresident Carlos Mazón de crear una Dirección General de Industria Musical.
Sucede algo extraño, en este sentido. Tanto València Music City como Turismo apoyan económica los festivales (el primero tiene una línea de ayudas a iniciativas musicales, mientras el otro reserva un presupuesto para subvenciones a festivales de más de cuatro millones de euros), pero no hay acompañamiento alguno en su desarrollo ni en la maraña burocrática y legislativa para su correcto funcionamiento. El sector musical pide, desde hace años, una interlocución mucho más fluida.
Y las promotoras, ¿qué?
Justos por pecadores, pero las sonadas polémicas de los macrofestivales valencianos son una piedra en la imagen que tanto quiere cuidar el sector en general. El comunicado de la asociación de promotoras, el sábado pasado, optó por no opinar sobre la actuación de The Music Republic pero sí diferenciar la situación del contexto.
La situación, provocada por la promotora, fue una jornada de festival mediocre y otra cancelada por su insistencia inédita y solitaria en no reubicar su propuesta. El contexto es la aparente vulnerabilidad creciente a la que se enfrenta el sector ante la falta de desarrollo de una normativa específica.
