VALÈNCIA. La semana pasada coincidieron, en la misma portada, los coletazos de la sentencia que pone en peligro la celebración de festivales de música en el entorno de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències (CACSA) por la contaminación acústica que provocan a su vecindario, la denegación de la celebración del ciclo Jardí Electrònic también en un espacio público al aire libre de València, y otro imprevisto más allá de la ciudad, la cancelación del primer día del SanSan Festival por inclemencias meteorológicas. Quién diría que la Comunitat Valenciana se quería reivindicar como la región que más promocionaba los festivales de música.
València Music City nació hace justo un año con la intención de relanzar una estrategia cultural municipal que pusiera en el centro las iniciativas musicales en todas sus dimensiones. En realidad, el proyecto renacía, porque hubo otro plan aprobado por el anterior gobierno municipal (la Concejalía de Cultura estaba en manos de Glòria Tello), que nunca fue puesto en marcha. Las dos hojas de ruta venían firmadas por las mismas personas, el análisis y las medidas se hicieron en dos contextos diferentes, pero de igual manera.
A lo largo del 2025, el Ayuntamiento de València ha querido demostrar su interés porque esta estrategia tuviera sentido. En primer lugar, contratando a un coordinador general para que pusiera en marcha esta hoja de ruta, Juan Pablo Valero; y en segundo lugar, generando infraestructura, a través de diferentes grupos de trabajo que avanzaran en paralelo desde diferentes realidades. Y es que la estrategia abarca desde la sociedad musical o la creación de música experimental hasta los macrofestivales, ahora invitados directamente por la Alcaldesa María José Catalá a buscarse otro lugar para su celebración.
12 meses después de su presentación, València Music City sí ha hecho algunas propuestas, tal y como ha desvelado su coordinador en diferentes entrevistas. En el Anuario 2025 de la Música en la Comunitat Valencia, Valero avanzaba que la comisión de Música Moderna había consensuado medidas sobre el ruido: “Otro tema importante ha sido la limitación acústica a 90 decibelios, que es una problemática para el sector. Hemos consensuado que la medición no se haga desde la fuente de sonido, sino desde un punto acordado con el sector -la mesa de sonido- a una distancia determinada, para que la restricción sea más flexible”.
Además, el sector también ha avanzado en el diseño de otras medidas como la ventanilla única, o la elaboración de “tres proyectos marco de preautorización según distintos niveles de equipamiento” para agilizar trámites.
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- Foto: Bikus
La sentencia judicial es una enmienda a estos avances administración-festivales; pero sobre todo es un final que no sabía el cuándo pero sabía perfectamente el qué y el cómo. Tal y como ha ido informando este diario, la problemática con el vecindario no es nueva ni poco conocida. La sentencia indica que el Ayuntamiento de València tenía conocimiento de las molestias y que no tomó medida alguna para evitarlo durante años —ni siquiera hizo una medición del ruido que recibían las comunidades de vecinos que finalmente optaron por la vía judicial.
Hasta las promotoras musicales llevan años pidiendo una infraestructura municipal que pudiera absorber los eventos actuales y, por qué no, algunos futuros, en un lugar menos conflictivo. Una petición eterna que nunca se ha atendido realmente y que ahora parece urgente aunque imposible de cumplir a corto plazo.
El cabreo es monumental entre ciudadanía, público y, claro, los propios agentes musicales. Los festivales de música pop son una de las puntas de lanza de la estrategia de València Music City junto al cuidado de las sociedades musicales (que han absorbido también el esfuerzo de las medidas de este primer año).
Cabe recordar que no solo es cuestión de la celebración de unos festivales: la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM) ha llevado incluso al Síndic de Greuges una queja formal por la gestión del ciclo municipal Conciertos de Viveros, ante el giro de 180 grados que ha tomado desde el cambio de gobierno. Y muchos agentes musicales que aún no han visto avance alguno en su contexto miran con sospecha la declaración anticipada de València como “music city”.
Y es que la reivindicación y la promesa de este estatus generó unas expectativas durante 2025 y 2026 se está encargando de recordad que las circunstancias, actualmente, son otras. La ciudad no ha resuelto problemas de convivencia claves para ser la cuna de los festivales de verano; las promotoras y las salas de conciertos siguen con verdaderos problemas regulatorios; y la programación, más allá del Palau de la Música y el Roig Arena, no ha notado la diferencia. Marina Norte, como nuevo espacio, ha acogido iniciativas y puede ser un espacio caliente nuevo, pero no tiene nada que ver con la tierra prometida a la que aspira el sector.
Sin interlocución tampoco en la Generalitat
El sector de la música en directo, agrupado en unas pocas asociaciones, han perdido incluso influencia en las políticas culturales. El Botànic apostó porque fuera Turismo, a través de la marca Mediterranew Musix, la principal promotora de ayudas y medidas de promoción de estos eventos. Una iniciativa acabó sobrepasando su marco de actuación y llegando a ser un agente interlocutor en crisis políticas como las medidas durante la desescalada del confinamiento durante la crisis del coronavirus.
El Consell liderado por Carlos Mazón quiso elevar la apuesta y llegó ha anunciar una Dirección General de Industria Musical dependiente directamente de Presidencia. Luego llegaría la polémica por Som de la Terreta; más tarde la Dana. El proyecto ahora está descartado. Pero Mediterranew Music ha perdido su potencial por falta de recursos más allá de las líneas de ayuda y no ha habido reemplazo alguno de ninguna iniciativa similar. Por su parte, Institut Valencià de Cultura (IVC) siempre se ha posicionado como un ente imposible de absorver estas realidades y enmarca sus políticas culturales a contextos musicales más concretos.
