VALÈNCIA (EP). La Associació Veïnal Grau-Port de València manifiesta su "oposición radical" a la posibilidad de que se trasladen al recinto de la Marina Norte los festivales y conciertos musicales de la Ciutat de les Arts i les Ciències, eventos que la justicia ha dictaminado que no pueden continuar celebrándose allí por las molestias que provocan al vecindario, especialmente por el exceso sonoro.
"Aquí también vivimos muchos vecinos y vecinas que sufrimos desde hace años los decibelios emitidos, muchas veces a niveles intolerables, y otras molestias derivadas de festivales y conciertos musicales, circos, ferias, carreras y pruebas deportivas y otros eventos de todo tipo, con locutores y animadores que parece que siempre tienen que dirigirse al público a gritos y acompañados de música -o lo que sea eso que se emite- a gran volumen", expresa la entidad en un comunicado.
Como ejemplo recuerda que el pasado verano ya hubo en su zona "diversos festivales que daban inicio a las cinco de la tarde y finalizaban a la 1.30 de la noche", con "más de ocho horas ininterrumpidas de excesos de sonido" al lado de sus viviendas.
Los vecinos del Grau-Port consideran "incomprensible, irresponsable e insultante" que se apunte al posible traslado de eventos de CACSA a la Marina Norte por ser falto de "la más mínima consideración hacia el vecindario" de su barrio.
"Las personas que hayan tenido la brillante idea de trasladar de un barrio a otro las molestias prohibidas por los juzgados deberían saber que los vecinos y vecinas de los edificios próximos a La Marina también tenemos unos derechos, entre los cuales se encuentra el de acceder a instancias judiciales si es preciso", advierten.
Hace dos semanas, la Asociación Vecinal de El Cabanyal-Canyamelar y la Asociación de Hosteleros del Paseo Neptuno enviaron un escrito al Ayuntamiento de València para mostrar su rechazo al posible traslado de eventos musicales programados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) a La Marina Norte si no hay previamente "un estudio de impacto y consenso con el entorno afectado".
Todo ello a raíz de la sentencia del pasado marzo de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia que estimó la demanda interpuesta por varios vecinos del entorno de CACSA y declaró se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad moral, reconocidos en los artículos 18 y 15 de la Constitución. La sentencia establece que el Ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para impedir definitivamente la vulneración de dichos derechos, incluyendo, en su caso, la revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos o actividades.
CACSA presentó un incidente de ejecución en el que solicita al juzgado que se pronuncie sobre la posibilidad de que puedan mantenerse en el recinto aquellas actividades musicales en las que se adopten, por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle, "las medidas adicionales necesarias" que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de contaminación acústica.
Por su parte, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha asegurado este lunes que el caso de Umbracle y el de los festivales que se celebran en CACSA son "diferentes". Según ha expuesto, desde la Generalitat se está trabajando con los promotores de los festivales y, para ella, es "importante" que se haga "un número mucho menor de actividad de estas características en la zona" y que, si se hace alguna actividad, que "sea autorizada por una resolución judicial en base al incidente de ejecución de sentencia que planteó la Generalitat".
