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prevé tanto las reformas de las sedes judiciales como formación específica 

Nace el modelo valenciano de justicia inclusiva con personas 'facilitadoras' 

Foto: ROBER SOLSONA/EP
8/02/2022 - 

VALÈNCIA (EP). La Generalitat pone en marcha el modelo valenciano de justicia accesible e inclusiva con 6,1 millones de euros presupuestados en 2022 para que las más de 310.000 personas con diversidad funcional que viven en la Comunitat tengan sus derechos garantizados y no se enfrenten a ninguna barrera de acceso.

Este "ambicioso" proyecto prevé tanto las reformas de las sedes judiciales como formación específica a los trabajadores del sector y dos novedades: un cuerpo de profesionales 'facilitadores' para apoyar a las personas con diversidad funcional y la adaptación gratuita de las resoluciones judiciales en lectura fácil.

"Quedan muchas barreras por levantar, también las invisibles", ha reivindicado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la presentación en el Colegio Notarial de Valencia junto a su decano, Francisco Cantos; la fiscal decana autonómica para personas con discapacidad, Ana Mª Lanuza, y representantes de dos entidades de discapacidad: la presidenta de Plena Inclusión CV, Marian Ferrús, y el titular del CERMI CV, Luis Vañó.

Se trata de un programa piloto que parte del trabajo desarrollado en los últimos siete meses y que se adelanta a las novedades que establece la Ley nacional 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. También incorpora las deficiencias de accesibilidad en edificios detectadas en los últimos años por el Foro de la Discapacidad y Justicia.

Sin paternalismo

En la presentación, la consellera ha asegurado que es un modelo pionero en España para garantizar los derechos de más del 6% de la población valenciana. Personas que "deben poder tomar decisiones por sí mismas sin sustituir su voluntad", ha recalcado, para remarcar que el proyecto huye del paternalismo y animar al conjunto de la jurisprudencia a sumarse.

La fiscal Ana Lanuza ha advertido que "no es un problema de sensibilidad, sino de cultura judicial" y ha lamentado el escaso impacto que tuvo la aprobación de la Ley 8/2021, que entró en vigor en septiembre, a pesar de su trascendencia. "Las sociedades están obligadas a civilizarse", ha resumido en su intervención el decano de los notarios.

Por parte de las entidades, la responsable de Plena Inclusión ha hecho notar que "muchas veces son tratados como niños y personas que no entienden" cuando tienen derecho a acceder a la Justicia y ha celebrado el modelo como un gran paso adelante. También el presidente del CERMI ha confiado en la nueva estructura y ha garantizado que los 'facilitadores' serán imparciales y ajenos a los usuarios.

En concreto, el modelo se reparte en cinco ejes, el primero centrado en el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Se prevé la creación de servicios de orientación y asistencia junto a la mediación gratuita y un protocolo específico en la red de oficinas para víctimas del delito.

El segundo eje, sobre accesibilidad cognitiva, contempla la adaptación rápida y gratuita de resoluciones judiciales en lectura fácil, algo que ya testó en un juzgado de Castellón y llegará al resto de la Comunitat. También incluye la creación del cuerpo de 'facilitadores', un cuerpo de profesionales especializados en atención a este colectivo que podrá solicitar tanto los propios interesados como cualquier operador judicial.

Reformas en 33 sedes judiciales

En tercer lugar está el plan de Conselleria para eliminar las barreras arquitectónicas y sensoriales de todos los edificios judiciales, con la previsión de acometer reformas en un total de 33 hasta finales de 2023. Se instalarán rampas y ascensores, señalización e itinerarios con pavimentos con contrastes cromáticos y de texturas, así como bucles magnéticos en todas las sedes para reducir el sonido ambiente que perciben los que llevan audífonos.

En materia de recursos humanos se crearán unidades de atención social en Alicante y Castellón, tras la primera abierta en Valencia en 2019, mientras las fiscalías provinciales ya cuentan con nuevos profesionales de trabajo social.

Por último, el eje de formación prevé la publicación de una guía creada que reunirá todos los recursos que tienen a su disposición las personas con discapacidad intelectual. Tiene formato pregunta-respuesta, está creada en colaboración con la Universitat de València y se publicará antes de verano. A ella se suma la información disponible en el portal Justícia Oberta y el programa Justiprop de los juzgados de paz de 96 municipios valencianos.

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