VALÈNCIA. Nueve meses. Ese es el tiempo que la patronal de Valencia CEV ha necesitado para culminar su transformación en organización empresarial de ámbito autonómico. El proceso finalizó formalmente este jueves con la aprobación por aclamación de la asamblea de los nuevos estatutos que regularán el nuevo funcionamiento, con novedades relevantes en el proceso de elección. El objetivo, como destacó el presidente Salvador Navarro en su discurso, es conseguir una organización "integradora, solvente e independiente" que no reproduzca los errores de la extinta Cierval, como las cuotas territoriales que acabaron provocando su quiebra.
El visto bueno a los estatutos pone en marcha de inmediato los procesos para conformar los nuevos órganos de gobierno. En el primer trimestre de 2018 se celebrará una asamblea electoral para elegir a los vocales de los órganos de gobierno de la patronal, así como de los consejos empresariales que se formarán en cada provincia, y antes de un año se convocarán elecciones a la presidencia.
En el proceso ya participarán las federaciones sectoriales y empresas de fuera de la provincia de Valencia que en los últimos meses han ido formalizando su ingreso en la nueva CEV, que en marzo ya aprobó una modificación puntual de sus estatutos para ampliar su ámbito territorial. Entre ellas están la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, la azulejera Ascer, o la naviera Baleària.
No obstante, el objetivo de Salvador Navarro es no agotar el plazo del primer trimestre de 2018 y acelerar al máximo posible la elección de los integrantes de los nuevos órganos de gobierno. Esta tramitación exprés implica que las federaciones y empresas de Alicante y Castellón que aún no hayan dado el paso de integrarse en la nueva patronal autonómica no podrán acceder a esos órganos ni participar en la elección de sus representantes, en particular los de los consejos empresariales de sus respectivas provincias.
El movimiento persigue acelerar la fuga de asociados de la castellonense CEC o la alicantina Coepa, cuyos dirigentes están enfrentados a los de la CEV al no reconocer su carácter autonómico. Si dieran el salto una vez ya elegidos los nuevos órganos de gobierno no tendrían oportunidad de participar en su configuración hasta dentro de cuatro años.
Navarro, que admitió contactos con el presidente de Coepa, Francisco Gómez, a pesar de los roces de los últimos meses, reiteró el ofrecimiento a los actuales miembros de la patronal alicantina para integrarse en la CEV. En el caso de la castellonense CEC, también dijo que era "una cuestión de tiempo" el trasvase de asociados. "Hay que lamer heridas, pero el objetivo de todos los empresarios en Valencia, Alicante y Castellón es tener un proyecto como es este", subrayó.
Los estatutos aprobados este jueves están basados en los principios generales para la nueva CEV que la organización lanzó a principios de año, pero incorpora algunas novedades fruto de las aportaciones que han ido realizando las federaciones que se han ido sumando al proyecto que toma el relevo de Cierval. Algunas ya fueron concretadas en la última reunión de sus órganos de gobierno.
Entre ellas destaca el requisito de tener que contar con al menos un 20% de los avales de los miembros de pleno derecho de la asamblea general para poder armar una candidatura a la presidencia. Además, los presidentes han de ser elegidos con al menos un 40% de los votos. En el caso de una votación con varios aspirantes en la que ninguno supere el 40%, se prevén rondas sucesivas eliminando al candidato con menos apoyos.
Los Consejos Empresariales Provinciales (CEPs) aparecen como una de las claves del carácter "vertebrador" que pretende tener la nueva CEV. Sus integrantes serán los miembros de la junta directiva de la CEV que tengan domicilio en cada provincia. A ellos corresponderá la elección del presidente de cada CEP en una asamblea electoral provincial. Los tres presidentes de los consejos provinciales serán a su vez vicepresidentes de la CEV.
La junta directiva tendrá entre setenta y cien vocales. En su composición "se tratará de "mantener la representatividad de la representación territorial y sectorial" de la asamblea general. El mismo criterio de representatividad se aplicará para elegir a los 25 integrantes con voto del comité ejecutivo.
Este núcleo duro de poder estará integrado por el presidente, hasta nueve vicepresidentes y un mínimo de quince miembros de la junta directiva con voto. La composición prevista para el comité ejecutivo apunta a 12 miembros del CEP de Valencia, 8 del CEP de Alicante y 5 del CEP de Castellón, pero "siempre que la composición de la junta directiva lo permita, ya que se guardará proporcionalidad en la representación.
También existe la posibilidad de que, a propuesta del presidente, formen parte del comité con voz pero sin voto hasta diez personas "de reconocido prestigio y experiencia en el mundo empresarial, económico o jurídico".
También es novedosa la creación de la figura del miembro asociado, pensada especialmente para empresas. Los estatutos prevén que las empresas directamente asociadas a la patronal, una figura potenciada en los últimos tiempos para aumentar los ingresos de origen privado, pueden alcanzar un máximo conjunto del 30% de voto en la asamblea general.
La nueva figura de miembro asociado está prevista para compañías que quieran ser socias de la CEV con voz pero sin voto, lo que en la práctica supone ampliar las posibilidades de captar nuevos asociados más allá del límite global del 30% previsto para los socios que sí tienen derecho a voto.
Los nuevos estatutos mantienen otras modificaciones ya adelantadas durante el proceso de elaboración, como la limitación del mandato de presidente a ocho años o la posibilidad de que este cargo sea retribuido, algo que no está previsto por Salvador Navarro.
También se mantiene la previsión de perder la condición de miembro de la organización de aquellos asociados que incumplan sus obligaciones y deberes con la misma, tanto los previstos en los estatutos como en el código de buen gobierno de la patronal. Para ello se requiere un acuerdo por mayoría de la junta directiva a propuesta del comité. La medida persigue protegerse ante eventuales impagos de los asociados, precisamente la situación que provocó la quiebra de Cierval..
