Negro sobre blanco: estas son las seis medidas que Puig le pidió a Montoro

VALENCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvo este lunes un encuentro con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para trasladarle una serie de medidas -en concreto seis- de carácter "transitorio" para, nada más y nada menos, la "viabilidad de la Comunitat Valenciana".

Un documento de 10 páginas en el que, además de esta media docena de iniciativas, se incluyen tres de las reivindicaciones que el Gobierno valenciano está realizando en bloque desde el pasado año. La reforma del sistema de financiación, una compensación por los déficits acumulados por la infrafinanciación (también llamada deuda histórica) y, en tercer lugar, inversiones equivalentes al peso poblacional de la Comunitat Valenciana o al de su aportación al PIB, algo que no se ha producido en los últimos 16 años.

Al margen de estas exigencias, el presidente de la Generalitat hizo entrega a Montoro en el encuentro del texto con seis medidas para atender una "serie de necesidades" para la Comunitat Valenciana. Unas peticiones dirigidas a paliar la situación "en tanto se produce la negociación entre las comunidades autónomas y el Gobierno para la aprobación de un nuevo sistema de financiación. Un objetivo al que no ayuda la incertidumbre en la conformación del gobierno y la posibilidad de un horizonte con nuevas elecciones.

Estas son las seis medidas que Puig le pasó por escrito a Montoro:

1. FLA extraordinario para cubrir el déficit de 2015

La Comunitat Valenciana cerró 2015 con un déficit del 2,51% del PIB. Esto supone una desviación respecto al déficit autorizado que era del 0,7%. Es necesario que el Gobierno articule un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para cubrir la parte no autorizada del déficit y que deberá rondar los 1.800 millones de euros.

Este mecanismo extraordinario no es distinto al que planteó el Consell anterior, justo hace un año. A primeros de abril de 2015, semanas antes de las elecciones autonómicas, el Gobierno central inyectó 2.230 millones de FLA extraordinario que cubrieron los déficits no autorizados de ejercicios anteriores a 2014. Y el 16 de diciembre de 2015, cuatro días antes de las elecciones generales, de nuevo el Ejecutivo central transfirió un segundo FLA extra en el año para el déficit no autorizado de 2014, por importe de 1.471 millones
En total, sumando devolución liquidaciones negativas, 3.819 millones para financiar déficits de ejercicios anteriores. Ahora la demanda es de unos 1.800 millones para pagar a los proveedores por el déficit (motivado por la infrafinanciación) no autorizado de 2015. Insistir en que, en todo caso, se está reclamando exactamente lo mismo que se otorgó hace un año al anterior Consell.

Las oscilaciones al alza o a la baja del Periodo Medio de Pago de la Comunitat Valenciana están directamente relacionadas con las inyecciones de los FLA extraordinario. En marzo de 2015 se disparó hasta los 99,07 días para, tras la inyección del FLA, bajar a los 38,01 de junio. Luego se bloqueó la nueva transferencia, lo que provocó el aumento de la demora hasta los 87,52 días a 30 de noviembre. A partir de ahí, nuevo FLA y descenso que, en enero, se situaba en los 57,69 días de PMP. En febrero, ha vuelto a repuntar al retrasarse el nuevo FLA extra (69,06 días).

2. Mantenimiento del interés 0% del FLA hasta la reforma

El incumplimiento del objetivo de déficit en ningún caso puede traer aparejada la aplicación de medidas coercitivas. La imposibilidad de cumplir con la norma viene derivada de la mala financiación. Por tanto no debe producirse por parte del Ministerio de Hacienda un doble castigo a la Comunitat Valenciana: primero con una financiación injusta y después castigándola por no alcanzar los objetivos de déficit.

La reclamación de que se mantenga el FLA a un tipo del 0% es básica al menos en tanto no se aborde el prometido (e incumplido) compromiso de abordar la reforma de la financiación autonómica junto con un tratamiento a la ingente deuda, en concreto, la generada por la infrafinanciación.

Este déficit de financiación (que no deuda histórica, aunque no estamos ante un debate nominalista) incluye las insuficiencias financieras respecto a los recursos medios por habitante en el conjunto de España que ha sufrido la Comunitat Valenciana de forma prolongada a lo largo de muchos años.

A finales de 2014, en puertas de la precampaña, se aprobó el FLA al 0% durante 2015. Al mismo tiempo, se garantizó ese 0% también en 2016 y 2017 a las comunidades mal llamadas “cumplidoras”, que lo son porque están sobrefinanciadas, por los recursos que obtuvieran en 2015 del compartimento de Facilidad Financiera.

Este año, el Gobierno ha pasado a aplicar el tipo del 0,834% a los préstamos estatales, que suman 29.055,63 millones (el 69,6 % de todo el endeudamiento de la Generalitat, 41.753 millones). Esto significa que este año ya se abonarán 43,6 millones. Pero a partir de 2017, cuando todos los créditos FLA y de Proveedores devenguen todo el año al 0,834 %, el impacto anual en las cuentas será de en torno a 250 millones de euros.

Hasta 2019, la actual legislatura, pretende imponerse el pago en intereses de 758,8 millones a la Generalitat. La situación comporta una doble vara de medir respecto a las que seguirán teniendo la financiación del FLA de 2015 al 0% (obviamente su ahorro es muchísimo menor porque son las que dada su situación no necesitaban acudir al FLA).

La petición de seguir con el FLA al 0% se basa en la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valencana, que es la que explica, junto con la mala gestión de los recursos disponibles en el pasado, cómo se ha disparado el volumen de deuda de la Generalitat en apenas unos años (desde 2011 casi se ha doblado, de 21.860 millones a los actuales 41.753 millones).

3. Solución para los impagos realizados por el anterior Consell

El Consell está afrontando todavía el abono a la AEAT de las retenciones por IRPF a los funcionarios de la Generalitat impagadas por el anterior Gobierno valenciano del PP. Queda todavía por saldar la friolera de 310 millones, con un calendario de pagos que implica que hasta noviembre de 2017 se van a estar desembolsando cantidades mensuales entre 12 y 15 millones.

Ligado a esta cuestión, la Generalitat también denuncia del cobro de intereses de demora por parte del Ministerio de Hacienda por los retrasos del Consell de Alberto Fabra en abonar a la AEAT estas retenciones por IRPF a los funcionarios.

El pasado 5 de enero, el Ministerio de Hacienda cobró a la Generalitat 52 millones solo en intereses (por los 700 millones que le retuvo en marzo de 2015 con cargo a la liquidación de 2013 que se cobraba en julio, sobre los más de 1.000 que le debía al cierre de 2014). Al mismo tiempo, también en enero, el Ministerio le descontó unilateralmente 63 millones de los recursos del sistema de financiación para cobrarse la cuota pendiente de noviembre de 2014.

4. Asunción por el Estado de la multa de la Comisión Europea

La decisión del Gobierno de repercutir en la Comunitat Valenciana la multa de 18,93 millones impuesta por la UE a España como consecuencia de la manipulación de las cifras de déficit a cargo de los anteriores Consells del PP es un agravio que el actual Consell no está dispuesto a permitir.

El caso estalló tras aportar el Consell de Alberto Fabra, en enero y en abril de 2012, datos incorrectos en los que se ocultaban 1.891 millones de facturas en los cajones de sanidad. Estos tuvieron que ser aflorados en mayo para poder ser incluidos en el Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores, y ahí se destapó todo.

En 2012, el Gobierno central, que ya tenía poderes para controlar más efectivamente el déficit (el nuevo reglamento de la UE aprobado a raíz de la crisis de la deuda griega había entrado en vigor en diciembre de 2011), no puede alegar ignorancia de las prácticas que durante años cometieron sus compañeros de partido. Entre otras cosas, porque las denunció la Sindicatura de Cuentas y se publicaron en una publicación oficial del Reino de España (el Boletín Oficial de las Corts Valencianes).

5. Financiación para la totalidad del tratamiento de Hepatitis C

El Gobierno decidió que el FLA financiara el coste de los costosos tratamientos antivirales contra la hepatitis C, alrededor de 114 millones. Sin embargo, el coste fue superior a lo previsto inicialmente, de forma que finalmente la factura se elevará a 141,32 millones. Esto significa que faltan 27 millones, sobre los que se reclama la transferencia económica (en su defecto, que los cubriera también el FLA pero, obviamente, esto son préstamos a devolver).

6. Puesta en marcha de un comité de expertos para la reforma

La Generalitat Valenciana considera imprescindible la creación de un grupo de expertos técnicos, propuestos por todas las comunidades autónomas, que realicen un trabajo objetivo previo sobre el sistema de financiación.

Esta posibilidad se la trasladó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al ministro Cristóbal Montoro, el pasado mês de noviembre en la reunión que mantuvieron en Madrid. El grupo debería constituirse e iniciar sus trabajos de forma inmediata.

El comité debería elaborar unas bases técnicas sobre las que posteriormente se negociaría el acuerdo político.

MEDIDAS ESTRUCTURALES

1. Reforma de la financiación autonómica

Las medidas de carácter transitorio deben conducir a la reforma del sistema de financiación autonómica, dando así cumplimiento a la LOFCA. Una reforma que debe acometerse partiendo de cero y teniendo en cuenta a todas las administraciones del Estado, adecuando su financiación a las competencias que tienen asignadas.

2. Plan de gestión de la deuda

La Generalitat Valenciana considera, en el contexto antes explicado, que es necesario aprobar un plan de gestión del déficit de financiación acumulado durante los últimos años. La Comunitat Valenciana acumula una deuda de más de 42.000 millones de euros, lo que supone un 42% del PIB. Es la autonomía más endeudada en términos absolutos de toda España. La razón no está en gasto si no en la la infrafinanciación. Los informes de los expertos antes citados han llegado a cifrar en 16.000 millones, incluyendo los costes financieros por haber tenido que acudir a préstamos, el coste real de una financiación injusta.

La Comunitat Valenciana no está sola en esta reivindicación que no va contra nadie. Recientemente el presidente de la Generaltiat, Ximo Puig, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, alcanzaron un acuerdo para defender que se condonen los crédtos del FLA ligados a la infrafinanciación acumulada desde 2009. Este acuerdo, abierto a todas las autonomías, supondrían alrededor de 10.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana.

En el contexto de la deuda acumulada por la Comunitat Valenciana hay que dejar claro que la Generalitat solo reclama los fondos que no llegaron nunca por el mal sistema de financiación. El resto, correspondiente a la mala gestión o políticas erróneas de anteriores gobiernos autonómicos, son responsabilidad del Gobierno valenciano que los asume.

3. Déficit de inversión en la Comunitat Valenciana

Al margen de la infrafinanciación, la Comunitat Valenciana arrastra un déficit en inversiones por parte del Estado que lastran el crecimiento económico de un territorio especialmente castigado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

En los últimos 16 años, la Comunitat Valenciana no ha recibido de los Presupuestos Generales del Estado una inversión equivalente a su peso poblacional o al de su aportación al PIB.

De haber sido así, la inversión del Estado debería haber aportado 6.830 millones adicionales en ese periodo analizado.

Un ejemplo de la discriminación en las inversiones es por ejemplo la deuda que mantiene el Consorcio Valencia 2007, ente público participado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, responsable de la organización de la Copa del América.

Las obras de adecuación del puerto se financieron con un crédito de unos 300 millones. Otros acontecimientos similares celebrados en España -desde las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza, a los juegos de Barcelona o la capitalidad cultural de Madrid- fueron sufragados por el Gobierno central. La Generalitat reclama que la deuda del consorcio, que ya asciende a más de 400 millones por los intereses, sea asumida por el Estado

Este martes, precisamente, se debate por segunda vez en el Congreso, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que incluye la obligación del Estado de realizar una inversión anual equivalente al peso en la economía nacional.