VALÈNCIA. Durante décadas, la relación entre ciudadanía y administración ha estado marcada por una desconexión evidente: formularios ininteligibles, trámites interminables y una sensación generalizada de frustración. Sin embargo, el vertiginoso avance tecnológico—y en particular la IA generativa— está reescribiendo esta narrativa. No solo está mejorando la experiencia del ciudadano, sino que está transformando los sistemas administrativos desde dentro, marcando un cambio profundo en la manera en que se ofrecen y gestionan los servicios públicos.
La incorporación de estas tecnologías no solo reduce los tiempos de espera y simplifica trámites complejos, sino que también transforma la comunicación, haciéndola más clara, cercana y accesible. Herramientas como los asistentes virtuales o los agentes, capaces de atender consultas y gestionar reclamaciones de manera automatizada y personalizada, representan apenas el inicio de esta revolución. Su verdadero impacto reside en su capacidad para diseñar servicios públicos más intuitivos y eficientes, al mismo tiempo que empoderan a los profesionales que los operan. Al liberarles de tareas repetitivas y ofrecer datos procesables en tiempo real, estas soluciones no solo optimizan la eficiencia operativa, sino que también potencian la toma de decisiones, promoviendo una mejora continua en sus competencias.
Sin embargo, como todo gran avance, el uso de la IA en la administración pública enfrenta desafíos significativos. No se trata únicamente de dominar la técnica, debe ser implementada desde un compromiso ético y regulatorio. Europa ya ha dado un paso adelante con el IA Act, una normativa que establece límites claros para garantizar que estas herramientas sean seguras, justas y siempre supervisadas por humanos. Este marco no busca frenar la innovación, sino guiarla de forma responsable, demostrando que la innovación tecnológica no tiene por qué ser incompatible con los valores fundamentales de seguridad y equidad.
En Minsait, entendemos que la tecnología debe ser una aliada que potencie las capacidades humanas, no que las reemplace. Las decisiones que afectan a las personas deben seguir en manos de personas, y los datos que gestiona la administración pública deben ser protegidos con el máximo rigor. Porque la confianza no se puede programar: se construye a través de la transparencia y la responsabilidad.
Para avanzar en esta dirección, hemos desarrollado la iniciativa AI ACTion, un programa diseñado para ayudar a administraciones y empresas a implementar la inteligencia artificial de forma segura, ética y transparente. Este plan incluye herramientas para evaluar el impacto de los algoritmos, garantizar una supervisión humana constante y proteger los datos personales. Además, reconoce la importancia de preparar a los profesionales que gestionan estos sistemas, por lo que incorpora programas de formación especializados para fortalecer sus capacidades en el manejo, análisis y supervisión de la IA, potenciando así su rol y maximizando los beneficios que esta tecnología puede aportar.
Este nuevo paradigma no solo ofrece una mejora técnica; es una transformación cultural. La administración ya no se percibe como una entidad distante e impenetrable, sino como un socio activo que entiende, escucha y actúa en beneficio de la ciudadanía. Bien utilizada, la tecnología puede ser un puente para acercar las instituciones a las personas, fomentar la transparencia y recuperar la confianza ciudadana.
