VALÈNCIA. Las cada vez menos habituales mayorías absolutas en los últimos años vienen produciendo a menudo alianzas parlamentarias o incluso de gobierno entre partidos que poseen objetivos muy diferentes o incluso defienden posiciones ideológicas alejadas. 

Las situaciones más curiosas, no obstante, se producen con frecuencia en la política autonómica y municipal, dado que tienen lugar discrepancias o distintas maneras de comportarse de un mismo partido respecto a otro según la institución, dirigente o, simplemente, la necesidad que se tenga del apoyo de la formación de turno.

Precisamente esto es lo que ocurre con el PPCV liderado por Carlos Mazón en su relación con Vox. Los tres principales referentes de la formación de la gaviota en tierras valencianas, el propio jefe del Consell; la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, poseen posiciones a menudo dispares a la hora de tratar con el partido de Santiago Abascal.

Así, el presidente de la Generalitat, que fue el primer dirigente popular en alcanzar un acuerdo de gobierno con Vox tras las autonómicas, ha mantenido en estos dos años una buena relación con esta formación, incluso cuando se produjo la ruptura un año atrás. Es más, sus cesiones discursivas han sido notorias, tal y como evidenció con su anuncio del pacto con Vox para la aprobación de los presupuestos, asumiendo públicamente los postulados de la formación de Abascal en cuanto al rechazo en la recepción de menores migrantes o cuestionando la política verde europea. En esa misma comparecencia, Mazón llegó a solicitar a Delegación del Gobierno que se detallase la nacionalidad de los detenidos por pillaje durante los días posteriores a la Dana, una reclamación que había abanderado la ultraderecha para sembrar la duda sobre los migrantes.

Unas posiciones que han vuelto a replicarse esta semana por parte de Mazón. El presidente de la Generalitat, preguntado por los sucesos de Torre Pacheco, aseguró que "tan grave" le parecía "el que acusa a todos los inmigrantes de delincuentes" como el hecho de "que se llame racista al que señala a un delito perpetrado por un inmigrante". Una idea en la que insistió de nuevo tras rechazar hacer "demagogia" ni "populismo": "Cuando alguien delinque, delinque, venga de donde venga. A ver si por el hecho de que delinca una persona inmigrante no vamos a poder señalar ese delito o esa agresión. Esto me parece otra barbaridad", comentó, en una línea discursiva próxima a Vox.

En esta línea, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, aseguró este jueves que el Gobierno valenciano hará "todo lo posible" y explorará "todas las vías posibles" para evitar el reparto de menores migrantes propuesto por el Ejecutivo central a las comunidades autónomas, un reparto que considera "inconstitucional, irresponsable e injustificado". Una postura también mantenida por Vox: prueba de ello, se produjo también esta semana cuando, al ser preguntado por el balance de los dos años de mandato de Mazón, el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, lo calificó de "positivo". "Está haciendo lo que tiene que hacer", remarcó.

En la orilla opuesta a esta sintonía se encuentra el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, quien esta misma semana mantenía un agrio enfrentamiento en redes sociales con la dirigente de Vox y presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y con el citado José María Llanos, a colación de una entrevista concedida al diario Levante-EMV en la que defendía la difusión del valenciano a través de À Punt.

"El presidente de la Diputación de Valencia aboga por erradicar el español de la TV autonómica. El PP tiene más colores que una caja de Plastidecor. El rojo PSOE ya nos lo ha mostrado en muchas ocasiones, ahora se descuelgan con el naranja o calabaza, según se mire, de Compromís", espetó Massó en la red X (antes Twitter). La respuesta de Mompó, en valenciano, no se hizo esperar: "Qué aburrido debe ser tener una caja Plastidecor del mismo color... He releído la entrevista, en castellano, por cierto, y no he encontrado la palabra 'erradicar'. ¡Qué difícil es ser valenciano! Siempre atacados por renegados y renegadas de todos los bandos cuando defendemos lo nuestro".

El cruce de declaraciones prosiguió, con otra dura respuesta de Massó horas después: "Claro, tú eres más sutil y por tanto más peligroso. A los pancatalanistas los vemos venir, tú te disfrazas con piel de cordero. Por cierto, hasta donde yo sé, sigues perteneciendo al mismo partido que el presidente del Consell, ¿no? ¿También lo consideras un renegado?". Un mensaje al que se sumó el del portavoz de Vox, José María Llanos, quien calificó a Mompó de "González Pons de pacotilla" porque "por su sillón está dispuesto a lo que sea". 

Ante esta andanda, Mompó se mostró "cansado" de esta situación y recalcó que no quería perder "un segundo más en gente que creo que quiere un poco de protagonismo y ya está". "No sé en qué momento he sido crítico con alguna de sus lenguas. Como diputado valenciano que soy y como valenciano que soy, considero que las instituciones valencianas tienen que fomentar el valenciano", zanjó.

Catalá huye de cualquier posicionamiento ideológico alineado con Vox

Pero además de la sintonía -por necesidad o convicción- de Mazón con Vox y la aparente distancia discursiva de Mompó con los de Abascal en temas como el valenciano, existe un tercer tipo de relación con la ultraderecha: el pragmatismo de María José Catalá. A diferencia de sus compañeros de partido, Catalá sí comparte gobierno con Vox, lo que marca precisamente la relación de la alcaldesa de València con sus socios.

Aunque a principio de legislatura comenzó su mandato en solitario, la popular dejó claro que Vox era su socio preferente e hizo algunas concesiones iniciales a los voxistas para asegurarse su respaldo. Tras unos meses, finalmente aceptó incorporar a los cuatro ediles de Vox a su gobierno para ganar estabilidad de cara al resto de legislatura. Desde el inicio, la alcaldesa evitó dar a los de Abascal competencias con excesiva carga ideológica para limitarles la capacidad de desplegar su batalla cultural desde dentro del gobierno. 

La popular siempre presume de estar alineada con sus socios en aspectos de gestión local aunque mantengan diferencias ideológicas en aspectos como el feminismo o los derechos LGTBI. “Todo lo que Vox no haga -en materia de Igualdad- lo hará esta alcaldesa y 13 de los 17 concejales del PP”, ha repetido en varias ocasiones la edil popular. Sin embargo, siempre evita entrar al choque directo con sus socios y los de Abascal también mantienen el pacto de no agresión al PP de Catalá en público. En varias ocasiones la Junta de Gobierno ha adoptado acuerdos como adherirse a mociones de respaldo al 8M o al mes del Orgullo sin los votos de Vox. Sin embargo, el partido de Abascal no ha amagado en ningún momento con romper su pacto en el Ayuntamiento de València.

La mayor crisis del gobierno se produjo precisamente con el estallido del caso de Juan Manuel Badenas, cuando, debido al presunto amaño de contratos, Catalá se vio obligada a expulsar temporalmente al exportavoz de Vox, para acabar readmitiéndolo semanas después. Fue el episodio de máxima tensión para la alcaldesa, que, sin embargo, logró —en un ejercicio de equilibrismo político— que tanto Badenas como Cecilia Herrero regresaran al redil.

Catalá representa una relación con Vox basada en la contención estratégica. Los mantiene ‘atados en corto’, sin excesivo margen para desplegar su agenda ideológica. Al mismo tiempo, permite algunas voladuras controladas —en temas como la igualdad, las políticas verdes o la diversidad— que funcionan como válvulas de escape para ambos partidos, sin alterar el rumbo general del gobierno.