VALÈNCIA. Este martes tiene lugar en la Ciudad de la Justicia de Valencia una jornada de testificales en el caso de la presunta construcción irregular de la piscina municipal de Alboraia en término municipal de València. Uno de los citados a declarar era el exalcalde de València, Joan Ribó, como máximo responsable del cap i casal cuando se impulsó la infraestructura por parte del consistorio vecino. Sin embargo, finalmente no acudirá a la cita.

Así lo han explicado a este diario fuentes próximas al ex primer edil de la capital del Túria. "Ni él ni su abogado han recibido la citación", explicaron en este sentido, de manera que habrá que esperar para esta declaración. Todo apunta a un fallo en la notificación, según aseguraron fuentes conocedoras de la instrucción. El juzgado solicitó varias veces a la Policía Local que aportara "datos y filiación del domicilio" del que fuera máximo dirigente de la ciudad de València para poder hacerle llegar la citación. Sin embargo, no ha sido efectivo, lo que permitirá a Ribó evitar, por ahora, pasar por la Ciudad de la Justicia.

El juez aceptó la citación de Ribó solicitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, personada como acusación popular y presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López, que consideraba "evidente" que tanto el alcalde Ribó como la entonces edil de Ubanismo, Sandra Gómez, "conocieron la construcción de la piscina, por ser este un hecho notorio ampliamente difundido en los medios de comunicación y que aquélla se emplazaba en su término municipal, sin que para ello se hubiera obtenido título habilitante alguno", por lo que debieron incoar "un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el que se ordenara el derribo de lo ilegalmente construido" y un procedimiento sancionador.

La socialista Gómez tiene ahora la condición de aforada por ser diputada en el Parlamento Europeo, de manera que no puede ser investigada por un tribunal ordinario. Pero sí el ex dirigente de Compromís, Joan Ribó. También está investigado el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria; y la edil de Urbanismo, Ana Bru. El primero declaró en febrero y la concejala de Urbanismo está citada para comparecer este martes.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo la lupa de la justicia por la presunta construcción ilegal de la piscina, impulsada desde 2022 por el Ayuntamiento de Alboraia en suelos de su propiedad ubicados en València. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término municipal de Alboraia, algo que ha confirmado el propio vicesecretario general del municipio de l'Horta Nord, tal como publicó este lunes Valencia Plaza.

El término municipal en el que se encuentra la infraestructura constituye una cuestión relevante dado que el Plan General de este municipio lo grafía como suelo urbano mientras que el de València, el que es de presumible aplicación, lo califica como suelo protegido no urbanizable. El nuevo equipamiento se trata de una piscina municipal descubierta cuyo coste ascendió a los 1,2 millones de euros y que contó con una subvención de la Diputación de València. Se ubica en linde con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero se habría levantado sobre unos terrenos no urbanizables, argícolas y calificados como huerta protegida.