VALÈNCIA. Los ayuntamientos de Alboraia y de València están bajo la lupa de la justicia por la presunta construcción ilegal de una piscina pública. El primero fue el que impulsó la nueva instalación en terrenos de su propiedad ubicados en el término municipal del Cap i Casal. El problema, y es el origen de la investigación, es que se habría llevado a cabo en suelo protegido.

Al menos es como reza la querella de un particular presentada hace casi dos años ante la Fiscalía y que, como contó Las Provincias, iba dirigida contra el alcalde del municipio de l'Horta Nord, Miguel Chavarría, así como contra el alcalde de València en aquel momento, Joan Ribó, y las concejalas de Urbanismo de ambos consistorios, Ana Bru en el caso de Alboraia y Sandra Gómez en la capital -hoy eurodiputada-.

El nuevo equipamiento se trata de una piscina municipal descubierta cuyo coste ascendió a los 1,2 millones de euros y que contó con una subvención de la Diputación de València. Se ubica en linde con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero se habría levantado sobre unos terrenos no urbanizables, argícolas y calificados como huerta protegida, tal como ha reconocido el propio Ayuntamiento de Alboraya a la Fiscalía.

El juzgado de instrucción número 19 de Valencia, encargado del caso, ya tomó declaración al alcalde del municipio y también al concejal de Hacienda de València el pasado mandato, Borja Sanjuán. Pero esta semana, la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, personada como acusación popular y presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López, ha solicitado que se cite como investigado al primer edil de València cuando ocurrió la infracción, Joan Ribó.

A juicio de la asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, es "evidente" que tanto el alcalde como la edil de Ubanismo "conocieron la construcción de la piscina, por ser este un hecho notorio ampliamente difundido en los medios de comunicación y que aquélla se emplazaba en su término municipal, sin que para ello se hubiera obtenido título habilitante alguno", por lo que debieron incoar "un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el que se ordenara el derribo de lo ilegalmente construido" y un procedimiento sancionador.

En ese sentido, insiste el escrito presentado, ambos "omitieron absolutamente dar cumplimiento a su deber legal de perseguir las infracciones urbanísticas, más si cabe en un suelo especialmente protegido por sus valores ambientales, de modo que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación, en su modalidad omisiva".

Por ello, además de pedir que se cite a declarar como imputado al exalcalde del Cap i Casal, también propone al titular del juzgado que ofrezca declarar en el procedimiento a la exedil de Urbanismo, Sandra Gómez, que goza de inmunidad parlamentaria por su cargo como eurodiputada. La asociación insiste en que desde el "momento inicial trasluce la responsabilidad" de la exconcejala, pero como sólo podría juzgarla otra instancia superior, plantea que Gómez pueda comparecer en el juzgado ordinario voluntariamente para ejercer "su derecho de defensa previamente a su imputación formal", y que lo haga con todas las garantías de un investigados.