No es Madrid, es la incompetencia

VALÈNCIA. El President Puig no descansa. La semana pasada volvía a la carga con su matraca y proponía -otra vez- aplicar un impuesto castigo a Madrid “para compensar el efecto capitalidad” y generar un “reequilibrio” económico que resarza a otras comunidades que, según él, sufren las consecuencias del “dumping fiscal” de Madrid. Lo dijo allí, en un desayuno informativo, en la capital de España. Y lo hizo sin ponerse rojo ni nada. 

Los dirigentes socialistas aprovechan cualquier oportunidad para tapar sus vergüenzas y su mala gestión desviando la atención con palabrería barata y ocurrencias marcianas que no pretenden sino enfrentar a los españoles, como por ejemplo la última idea feliz de Ximo Puig, que quiere solucionar los problemas de los valencianos subiendo los impuestos a los madrileños. Hablan de dumping fiscal y efecto capitalidad, y ni una cosa ni la otra. 

Llaman dumping fiscal al libre ejercicio de la competencia que tiene cada territorio de rebajar los impuestos cedidos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y la parte autonómica del IRPF. Pero Puig, el incompetente, prefiere subir a los valencianos estos impuestos sin tener en cuenta su impacto en familias y negocios en un momento de profunda crisis ni un proyecto que revitalice la economía de la Comunitat Valenciana. 

Cuando Puig suelta estas ocurrencias, le entra a uno la duda de si lo hace por ignorancia o mala fe, aunque no sé qué es peor. Empezando por lo básico: confunde torticeramente el efecto capitalidad, relativamente menor, con el efecto de aglomeración que tienen las grandes ciudades. El impuesto que él mismo reconoce se inspira en las propuestas de Paul Collier se trata de un impuesto a las (grandes) aglomeraciones urbanas, todas ellas, para contrarrestar su mayor competitividad y la pérdida de peso y población de pequeñas ciudades y comarcas rurales. Madrid no es la única gran aglomeración urbana de España, Y ni siquiera la que más afecta a las zonas menos urbanas de la Comunitat Valenciana.

Sirvan de ejemplo los flujos migratorios desde la provincia menos poblada de la Comunitat, Castellón. Según datos del INE, desde 2010 han dejado Castellón para mudarse a Valencia, la gran aglomeración urbana más cercana, 19.000 personas, seguidas de Barcelona con 8.800 y Madrid en tercera posición con 6.200.  Siguiendo a Collier, habría que poner un impuesto especial también a la ciudad de Valencia por ser la “aspiradora de talento y recursos” de la Comunitat. O, incluso, con las tres capitales de provincia para conseguir lo que él llama un “reequilibrio” provincial ¿Ustedes lo verían justo? Yo no. Por supuesto, a Barcelona, la otra pata de la bicefalia urbana de España, Puig ni la menciona.

Lo de Puig es propio de un mandatario incompetente que, a pesar de tener en Valencia a la región que más castiga a sus contribuyentes de rentas altas confiscándoles el 54 % de sus ingresos, es la que menos recauda, la que menos crece y sufre una tasa de paro, deuda y déficit mayor que la madrileña. Puig no se entera. En lugar de tirar piedras sobre el tejado de los demás, lo que debería estar haciendo Puig es mirar qué están haciendo bien otras CCAA e impulsar las reformas que fomenten aquí la atracción de talento, simplifiquen la burocracia, favorezcan el emprendimiento y, en definitiva, creen riqueza y empleo de calidad.  

Esta cuestión, no obstante, va mucho más allá de distintos modelos de gestión económica. Va sobre el modelo territorial que queremos y la defensa de unos principios democráticos básicos. Cualquier preferencia por un modelo de distribución competencial es perfectamente legítima, desde un modelo totalmente centralizado al más descentralizado posible. ¿Queremos centralizar impuestos para evitar desigualdades entre los españoles? Adelante, pero los de todos. ¿Queremos que los impuestos en cada territorio se modulen siguiendo las preferencias de sus votantes? Adelante, pero los de todos. Lo que no es de recibo es el modelo Puig de “confederal con lo mío, jacobino con los demás”.

No nos engañemos, un modelo en el que Puig puede decidir sobre lo que ocurre en otra comunidad autónoma (hoy, Madrid, mañana cualquier otra) pero esa comunidad autónoma no puede decidir sobre lo que hace Puig es profundamente antidemocrático. Lo que quiere Puig, aunque no se atreva a verbalizarlo, es convertir a los madrileños en ciudadanos de segunda donde su voto valga menos y sus decisiones serían puenteadas. 

Yo jamás querría eso para los valencianos. No es secreto que tengo con Puig y el Acord del Botànic enormes diferencias y desearía que no siguieran con sus políticas, pero es el gobierno resultante de la decisión de los valencianos en las urnas y defenderé, desde el desacuerdo, su legitimidad. Este mismo principio democrático básico que defiendo para los valencianos lo debemos defender igual para madrileños, andaluces, asturianos y aragoneses. Lo debemos defender todos como demócratas, pero muy especialmente los demócratas que nos consideramos, además, liberales. Dar y quitar derechos según tu lugar de origen no es democracia, es otra cosa.

Esta forma de criminalizar a otras autonomías sólo genera odio y enfrentamiento entre los españoles que sólo quieren que les dejen vivir en paz. Si el señor Puig de verdad quiere mejorar la situación financiera de la Comunidad Valenciana debe ir a Madrid a pedir a su Gobierno con urgencia la reforma del sistema de financiación autonómica, porque es llamativa la sumisión y la complacencia con la que los señores Puig y Soler reclaman a la ministra de Hacienda dinero y luego aceptan volver con dos palmaditas en la espalda. “Somos optimistas, nos tienen en cuenta”, dicen. Lo cierto es que, después de seis años de Gobierno, seguimos esperando a que les tengan en cuenta para algo.