Cuando digo 'No me des veneno' no hablo de la intoxicación de patriotismo excluyente con el que intentan envenenarnos. Esta vez hablo de la alimentación.
Este diario ha hecho público el informe de la Dirección General de Salud Pública que concluye en la conveniencia de imponer un impuesto a las bebidas carentes de aportes alimenticios con exceso de azúcar, tal y como se ha hecho en abundantes países.
El informe nace de una serie de peticiones para promover la salud infantil impulsadas por Compromís. Su origen no es una cruzada contra las bebidas azucaradas, no, no se trata de prohibir ni juzgar a nadie por lo que coma o beba, pero sí de contar con información suficiente de las consecuencias que tiene para nuestra salud, además de impulsar vía legal una reducción tanto del consumo como de los azúcares añadidos a las bebidas.
Las medidas urgen porque la caries dental y la obesidad infantil son ya epidemias en nuestro país, y la diabetes crece sin freno.
La administración pública puede y debe fomentar hábitos de vida saludables, y para ello existen distintos mecanismos. Uno de ellos es imponer un impuesto que invite a reflexionar y desmotive el consumo de bebidas que a pesar de ser perjudiciales para nuestro equilibrio se han normalizado en nuestra vida cotidiana. En Cataluña el impacto del impuesto ha supuesto una reducción del 25% de su consumo, es decir, ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Los estudios tanto de la Universidad Pompeu Fabra, como la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III lo avalan. Conociendo su éxito tanto allí como en múltiples países, consideramos conveniente su implantación.
Al final, las decisiones serán las de cada persona, pero hemos de garantizar que sean tomadas con toda la información necesaria, conociendo las consecuencias. La gente sabe que fumar perjudica seriamente la salud, pero muchos a pesar de ello siguen haciéndolo y asumen el riesgo. No obstante, fumar no es la única acción perjudicial para tu salud que puedes llevar a cabo a lo largo del día, y, sobre todo, cuando eres responsable del cuidado y salud de terceras personas menores, conviene estar al tanto de sus efectos.
La obesidad, especialmente la infantil, es un problema mundial abordado por la OMS y que ataca especialmente a las capas más vulnerables de la sociedad, y el impuesto a las bebidas azucaradas es precisamente una de las propuestas de la OMS, junto con la subvención de las frutas y verduras para abaratar su coste y promover su consumo, para frenar esta pandemia. El motivo es que los estudios indican que la ingesta de azúcares libres o bebidas azucaradas es un determinante del peso corporal, tanto en niños como adultos.
En el caso del azúcar, se ha detectado un incremento exponencial en todos los productos procesados (pizza, hojaldres, embutidos…), que supone una ingesta de azúcar que la gente desconoce. Si a ello le sumas galletas, cereales, postres,… y las bebidas azucaradas, te encuentras con unas cifras de obesidad infantil disparadas (España es el tercer país del mundo en obesidad infantil).
Precisamente por ello el Consell del Botànic ha regulado qué productos pueden dispensarse en las máquinas expendedoras situadas en lugares públicos (colegios, hospitales,…), y se han establecido criterios de consumo saludable para el diseño de los menús de los comedores escolares: productos frescos, de temporada, locales y, en la medida de lo posible, ecológicos, eliminando alimentos y bebidas insanos y procesados. Así se recoge en la reciente Ley de Infancia: en nuestra Comunitat la alimentación saludable es ya un derecho de la infancia. En esta ley, además se regula, entre otros aspectos, la prohibición de la publicidad de alimentos insanos dirigida a la infancia y adolescencia, una regulación autonómica que es todo un logro en materia de protección y la primera en todo el estado español.
Y no se crean que este debate no se ha tenido en el Parlamento Europeo, muy al contrario, se ha debatido varias veces, incluso vetaron la etiqueta "efecto estimulante" a las bebidas azucaradas. Sin embargo, los lobbies del sector alimenticio siguen ganando la batalla. Y Europa sigue sin legislar con directrices claras, dejándolo todo en manos de la buena voluntad, cuando es precisamente la falta de buena voluntad del sector que ha ido incrementando el azúcar añadido y la que nos ha conducido a un problema mundial.
Este es uno más de los ejemplos en los que la alianza entre la derecha, mayoritaria en el parlamento europeo, y los lobbies económicos a los que nuestra salud no les importa en absoluto, frenan iniciativas de calado que pueden mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. En el caso del azúcar presente en los alimentos infantiles, tanto el sector sanitario como el social -con iniciativas como "mi primer veneno" de Justicia Alimentaria-, denuncian las falacias de la alimentación infantil y, en definitiva, que la legislación europea pareciera que protege más a la industria azucarera que la salud infantil. Y así nos va.
El Ministerio de Sanidad ha vendido como un gran logro un acuerdo con el sector empresarial para rebajar entre un 5-10% los niveles de azúcar en determinados alimentos de aquí al 2020, una medida insuficiente a la que puede sumarse voluntariamente quien lo desee. Asimismo tenemos el Código PAOS, sobre la publicidad destinada a los menores de 12 años (15 por internet), también voluntario con recomendaciones genéricas de ética publicitaria y que sencillamente no evita el bombardeo continuo al que someten a la infancia de publicidad de alimentos perjudiciales para su salud ¿por qué no se prohíbe esta publicidad dañina como sí que se hizo con el tabaco y como hemos hecho a nivel autonómico? ¿Por qué no se aborda una regulación que afecta a un grave problema de salud?
Hasta ahora se ha optado por poner en manos de la buena voluntad del sector empresarial que dejen paulatinamente de envenenarnos y de publicitar productos dañinos para la salud infantil. Y así seguimos.
Hoy por hoy la balanza se inclina a favor de los intereses económicos de la industria alimenticia, representada por potentes lobbies, mientras profesionales de la salud, nutricionistas y organizaciones de la sociedad civil se desgañitan demandando medidas para que dejen de envenenarnos dulcemente.
Las elecciones están ahí. Si queremos invertir esa balanza a favor de la información y nuestra salud, ya sabemos qué debemos de hacer.
Isaura Navarro es diputada de Compromís en Les Corts