No me salen las cuentas

Que un candidato que va a ser presidente gracias al apoyo de quienes quieren romper España diga que "no se va a romper España" suena igual que cuando un ministro de Hacienda anuncia que no va a subir la gasolina, que uno se echa la mano al bolsillo. El reto que tiene Sánchez es mayúsculo pero no le auguro mayor éxito, y no será poco, que una ralentización en el avance —ni un pas enrere!— hacia la independencia de Cataluña. La cuestión nacional(ista), que merecería un artículo aparte, centró el debate de investidura este sábado —Cataluña, Cataluña, Cataluña…—, pero hay poco que hacer. Coincido con Pablo Iglesias en que no vamos a ser tan ilusos de pensar que con las cesiones de Sánchez los independentistas van a dejar de ser independentistas.

Así que voy a referirme a lo urgente, a lo que en el debate apenas entraron las derechas: el contenido de los acuerdos entre el PSOE y sus socios, especialmente al de Unidas Podemos y al de Compromís, porque sin conocer el detalle de lo que van a costar, no me salen las cuentas.

El programa expuesto por Sánchez parecía más que nunca en un discurso de investidura una carta a los Reyes Magos. Ilusionante, colmado de buenas intenciones, lleno de promesas a los partidos regionalistas o nacionalistas que apoyan su investidura... Pero imposible. Los pactos no llevan memoria económica, pero daría igual que la llevase porque el papel lo aguanta todo. El documento Un nuevo acuerdo para España de la "coalición progresista PSOE-Unidas Podemos" está lleno de compromisos de gasto —algunos de ellos, como los sanitarios, tendrían que ser asumidos por las CCAA— con un penúltimo capítulo dedicado a cómo se va a pagar la fiesta.

Vayamos por partes: prometen Sánchez e Iglesias un nuevo Pacto de Toledo —el último intento se lo cargó in extremis Podemos— pero adelantan que garantizarán por ley la actualización de las pensiones conforme al IPC, amén de una subida mayor para las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad, además de eliminar el índice de sostenibilidad que pretendía, como su nombre indica, hacer sostenibles las pensiones. Todo esto supondrá varios miles de millones de aumento de gasto.

Prometen subir los sueldos de policías y guardias civiles, más dinero para becas, para I+D, para vivienda pública, para rehabilitación de vivienda e inversiones en Cercanías —¿ya nos toca?—, energía, depuración, regadíos, despliegue de infraestructuras digitales, digitalización de la Administración y numerosas medidas de apoyo a la llamada España vaciada. 

Todo esto también supone más gasto, pero no suma lo que uno de los acuerdos firmados a regañadientes con Compromís: la promesa de que la Administración Central aporte el 50% del coste de la atención a las personas en situación de dependencia y no el 18% como ahora. A regañadientes y "de forma paulatina a lo largo de esta legislatura", según aceptó el PSOE, que sabe que esto le aumentará el gasto de la Administración Central en más de 4.000 millones de euros al año.

En cuanto a cómo se va a pagar todo esto por parte de una administración que es deficitaria y a la que Bruselas obliga a recortar gasto, PSOE y Unidas Podemos lo fían todo a la lucha contra el fraude fiscal —un clásico que siempre defrauda, nunca mejor dicho—, a la subida de impuestos a las rentas altísimas —el chocolate del loro—, a la reducción de deducciones a las empresas —¿medioambientales, por i+D, por crear empleo?— para que paguen más Impuesto de Sociedades, a la subida del impuesto al gasóleo —que no entiende de rentas—, a la tasa Tobin y a la tasa Google. No suma.

No suma sobre todo cuando se introduzcan los peajes aún desconocidos de Cataluña y País Vasco. Conocemos a grandes rasgos los peajes políticos, pero también los habrá económicos. Por cierto, magistral el acuerdo firmado por parte del BNG, que no se ha molestado en redactar un farragoso y ambiguo pacto. Le ha bastado con un folio con dos párrafos: avanzar en el autogobierno y asegurar "el mismo estatus que Euskadi y Cataluña" en la futura estructura del Estado. También destacables las concesiones al PNV, especialmente la de "acordar previamente con el EAJ-PNV las medidas fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes".

Lo que me da pie a entrar en la última de las cuentas, la última en este artículo y la última para Sánchez, que es la reforma del modelo de financiación autonómica. También a regañadientes, el PSOE acabó firmándole a Baldoví que en el plazo de ocho meses el Gobierno presentará una propuesta de reforma, la propuesta que tenía que haber presentado Montoro a finales de 2017. A ver qué se inventan para no cumplir con ese plazo.

Tal como figura en los informes de los expertos convocados por Hacienda y como recordaba el otro día el Síndic de Comptes y experto en la materia, Vicent Cucarella, el problema de la financiación autonómica se resolvería sin grandes discrepancias entre autonomías si el Estado aumentase la asignación al conjunto de las CCAA. En su día se habló de unos 16.000 millones de euros más —en 2019 recibieron 104.000—, aunque seguro que con algo menos bastaría.

Y aquí es donde aún salen menos las cuentas, porque la subida de las pensiones es costosa, la dependencia costará un riñón y el resto de medidas habrá que ver cómo se pagan, pero ahora ve y dile a Montero que cuadre todo eso sin déficit y con 15.000 millones millones menos porque se los tiene que ceder a las CCAA.