VALÈNCIA. El Tribunal de Instancia de Sueca ha cerrado la instrucción por los incidentes ocurridos durante el reventón térmico que provocó la muerte de un joven de 22 años y decenas de personas heridas durante la celebración del festival Medusa en agosto de 2022.
El auto, al que ha tenido acceso este diario, propone la imputación de los responsables de la promotora y las empresas de montaje y certificación de las estructuras del festival en caso de que el Ministerio Fiscal y las acusaciones formulen una acusación para abrir un juicio oral.
El juez, con las pruebas recabadas, entiende en su instrucción que las estructuras afectadas cedieron porque carecían de anclaje suficiente. En este sentido, censura las “graves e inexcusables omisiones y deficiencias” tanto en la redacción del proyecto como en la certificación de seguridad de las mismas. Por eso, propone a los responsables de Alaia Business (promotora del festival), Babalugroup y Estructuras Everest Plus (responsables de montaje) y SGS Inspecciones Reglamentarias (que certificó el montaje) como investigados.
El auto certifica, por una parte, que el reventón térmico fue una anomalía meteorológica, a partir de un informe de la AEMET; pero también pone el foco en las deficiencias del montaje y su supervisión a través de un informe firmado por el departamento del Cálculo de Estructuras de la escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de València.
Por contra, el juez dicta el sobreseimiento provisional de los técnicos y responsables políticos del Ayuntamiento de Cullera al no apreciar responsabilidad alguna en dicho montaje. El juzgado cierra así la fase de instrucción, que fue iniciada tanto por el fallecimiento del joven como por una veintena de denuncias que recibió el festival tras dicho incidente.
El festival reitera “la confianza” en las empresas implicadas
Por su parte, el festival Medusa ha reaccionado puntualizando que, a pesar de “el máximo respeto hacia la decisión judicial”, “manifestamos que no compartimos los fundamentos de nuestra imputación”. Aunque no adelantan los motivos de defensa, sí quieren destacar que este mismo auto alega que Andreu Piqueras, representante legal del festival, “no está aparente y directamente implicado con las supuestas omisiones y deficiencias en el proyecto ni con los errores de montaje”, si bien más adelante especifica que el procesamiento se debe al entender que el mismo “tiene el exquisito deber de neutralizar el riesgo derivado” de la celebración del festival.
Asimismo, la promotora reafirma su “confianza en las empresas y técnicos que intervinieron en la organización del festival, todos ellos acreditados, con amplia experiencia y sin ninguna tacha hasta la fecha”. “Es por ello que confiamos plenamente en que se acreditará en la fase correspondiente que los hechos se debieron únicamente a un trágico accidente inevitable por rachas de viento de más 120km/h que azotaron alguna zona del festival según el propio informe de AEMET que obra en autos”, concluye.