La Diputación defiende ante el Supremo el contrato de la depuradora de Ontinyent

VALÈNCIA. La disputa por la legalidad de la prórroga del contrato de la depuradora de Ontinyent, operado por la empresa mixta de aguas de la Diputación de València, Egevasa, ha acabado en el Tribunal Supremo. Tanto la corporación provincial como su empresa dependiente y el propio consistorio de Ontinyent han presentado sendos recursos contra la última sentencia del TSJ, que anula la prórroga de dicho contrato de 2014 "pese a su manifiesta ilegalidad".

El fallo del alto tribunal valenciano ahora recurrido, emitido el pasado mes de septiembre, decretaba la nulidad de la continuación del contrato de la estación depuradora. Egevasa lo ha venido gestionando desde 1993, cuando era una empresa pública al 100%. Más tarde, tras vender en 1999 el 49% mediante concurso público a una firma privada -hoy dependiente del grupo Global Omnium-, el Ayuntamiento de Ontinyent aprobó una prórroga del contrato a instancias de Egevasa. No así la Diputación, según el relato del TSJ.

El alto tribunal considera, por tanto, ilegal dicha prórroga y atiende el recurso de una empresa del sector, Aqlara, especializada en la gestión de infraestructuras hidráulicas. Desde la Diputación de Valencia aclararon que esto no influye en la prestación del contrato, puesto que "el servicio se sigue prestando con plenas garantías y así seguirá puesto que nada ha cambiado" por el momento hasta que haya una resolución judicial firme.

Ahora, los recursos de la Diputación y de Egevasa ante el Tribunal Supremo coinciden en cuestionar la "legitimación activa" de Aqlara, competidora del socio privado de Egevasa, Global Omnium. Según explicaron fuentes de la corporación provincial, su recurso arguye que el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ontinyent y la Diputación no puede ser impugnado por terceros ajenos a la relación.

En ese sentido, arguyen que la firma denunciante no tiene un "interés real y directo" pues su denuncia se basa en un "beneficio hipotético" en el caso de que finalmente se anulara dicho convenio como consecuencia de una sentencia firme del Supremo. Así, explican que es "hipotético" porque, si se diera esa situación, Ayuntamiento y Diputación podrían revisar el convenio y adecuarlo a la normativa vigente si fuera necesario, permitiendo así que se siguiera prestando el servicio de depuración a través de Egevasa, por lo que la situación continuaría como hasta ahora de facto.

Asimismo, desde la Diputación señalan que sobre esta disputa hay pronunciamientos contradictorios. Además del fallo del TSJ que anula la prórroga, hay otros dos anteriores de juzgados de lo contencioso-administrativo que desestimaron la nulidad del convenio.

Además, insisten en la corporación provincial en que la controversia sobre la prestación de estos servicios mediante empresas mixtas "ya no está en discusión" porque "los tribunales resolvieron que estas empresas, como Egevasa, pueden prestar este tipo de servicio siempre que exista una licitación previa". Y en el caso de Ontinyent, subrayan, "esa licitación existe" y data de 1999.