Las nuevas universidades deberán ofrecer soluciones habitacionales a sus estudiantes para implantarse

VALÈNCIA (EP). La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han firmado este miércoles un protocolo destinado a la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles para el colectivo vinculado a la vida universitaria, incluyendo estudiantes y personal docente o investigador.

El protocolo incluye diversas medidas en el ámbito de las competencias de los tres ministerios —ya que también participa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas— con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas universitarias y asegurar que las nuevas universidades ofrezcan soluciones habitacionales a sus estudiantes como requisito necesario para su creación.

Entre las medidas se encuentra la implementación de mecanismos de financiación para proporcionar recursos a las universidades públicas destinados a alojamientos y viviendas universitarias, especialmente en zonas tensionadas. Esto permitirá que las promociones se realicen en suelos dotacionales o patrimoniales, cedidos o puestos a disposición principalmente por comunidades autónomas o ayuntamientos.

La ministra Isabel Rodríguez ha destacado que el documento firmado hoy "es un compromiso para poner el suelo público al servicio de las universidades". "No vamos a parar hasta que respondamos al problema de vivienda que enfrenta nuestro país, un desafío que es transversal y global, pero que desde la política y el compromiso con la ciudadanía resolveremos", ha enfatizado.

Rodríguez ha señalado que, además de dialogar, tienen "la responsabilidad de escuchar". La ministra ha argumentado que el protocolo "surge de la capacidad de escucha de este Gobierno", ya que al abordar la situación del mercado del alquiler en España, se identificaron movimientos que van en contra de la defensa de la universidad pública como motor de movilidad social.

Por su parte, la ministra Diana Morant ha enfatizado que "la crisis de la vivienda también impacta en el derecho a cursar una carrera universitaria, un paso clave para el progreso individual y colectivo". "El acceso a la universidad debería estar limitado únicamente por el mérito y el esfuerzo, no por cuestiones económicas ni por el afán especulativo de quienes comercian con derechos básicos como la vivienda o la educación", ha señalado.

Morant ha añadido que el Gobierno, a través de los tres ministerios firmantes de este protocolo, está "colaborando para abordar uno de los principales problemas que enfrentan muchos españoles, especialmente los jóvenes, resultado de años de burbuja inmobiliaria y políticas que van en contra del interés general". "Hoy damos un paso adelante en el ambicioso plan del Gobierno para asegurar viviendas dignas para toda la ciudadanía", ha comentado la ministra de Universidades.

Durante la firma del acuerdo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) interrumpió el acto al gritar 'La Ley de Vivienda es una mierda' y 'Gobierno progresista, cómplice de rentistas', exigiendo al Gobierno otras medidas para solucionar el aumento de los precios de las hipotecas y alquileres.

Un acuerdo clave para el alquiler asequible para universitarios 

El presidente del ICO, Manuel Illueca, ha puesto en valor que "el trabajo conjunto de los tres Ministerios es clave para impulsar la promoción de viviendas que se destinen al alquiler asequible para colectivos universitarios".

"Esta colaboración nos ayudará a identificar las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y contamos con los recursos necesarios gracias a los préstamos del Plan de Recuperación para acometerlas en las mejores condiciones", ha manifestado.

El protocolo firmado se enmarca dentro del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de mayo por el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Instituto Oficial de Crédito se comprometen a desarrollar una nueva línea de préstamos a largo plazo de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda destinada al alquiler asequible o social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible durante 50 años.

En las últimas décadas, se ha multiplicado el número de universidades, aumentando y diversificando la oferta educativa superior en numerosos lugares del territorio nacional, no solo en grandes ciudades sino también en núcleos más pequeños, incidiendo directamente en el mercado inmobiliario del alquiler.

Según los datos disponibles, casi el 75% de nuestras universitarias y universitarios estudian en una ciudad distinta en la que residen y casi el 30% ha de cambiar de provincia para estudiar en alguno de los 180 centros universitarios con estudios presenciales que se distribuyen en nuestro país.

En grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, los universitarios que estudian en la ciudad constituyen entre el 5 y el 10% de su población total y en otros municipios donde se han ubicado universidades, como Villafranca de la Cañada, Cerdanyola del Vallés o Sant Vicent del Raspeig, las y los estudiantes representan entre el 42 y el 72% de la población local.