CASTELLÓ (EFE/P.P.). La Fiscalía de Castellón solicita una pena de cuatro años de prisión para diez de los acusados implicados supuestamente en una trama de facturas falsas y subvenciones irregulares en cursos de formación de la extinta Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), entre los que se encuentra el ex secretario general de la patronal, Rafael Montero, y el exresponsable de Formación, José Antonio Espejo.
Es el segundo juicio al que se enfrenta la excúpula de la CEC después de que, recientemente, la Audiencia Provincial de Castellón juzgara y sentenciara otra causa de la misma patronal por apropiación indebida. El juez condenó a los que fueran dirigentes -Montero, Espejo y el expresidente, José Roca- a dos años de prisión por un delito de apropiación indebida al haberse desviado una subvención de más de 190.000 euros que iba dirigida a pagar cursos de formación. Las compañías contratadas prestaron estos cursos pero nunca los cobraron, por lo que la CEC dejó a deber 18 facturas pese a haber recibido la ayuda finalista por parte de la Generalitat.
Pues bien, en este segundo caso se juzga a los implicados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como de falsedad documental por un supuesto desvío de 1,8 millones de euros por parte de la empresa Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la CEC, por unos cursos de formación que, presuntamente, y a diferencia del caso anterior, nunca se celebraron. El juzgado instructor de Nules dictó auto de apertura de juicio oral en febrero de 2021 y el juicio tendrá que celebrarse en un juzgado de lo penal, según explicaron fuentes judiciales, si bien todavía no ha sido remitido al órgano de enjuiciamiento, de manera que no hay fecha para la celebración del juicio todavía.
La Fiscalía explica en su escrito de calificación que en la parte del Plan de Formación, uno de los acusados se puso de común acuerdo con su esposa y su suegra, también acusadas, y en connivencia con Espejo, que era el encargado de estos planes y con el consentimiento y conocimiento de Montero, y "simuló para sus fines una relación absolutamente inexistente entre él y cinco centros de formación".
Esos centros de formación impartían formalmente los cursos y emitieron bajo un nombre comercial conjunto "hasta 23 facturas con cargo a la subvención concedida" desde la entonces patronal autonómica CIERVAL para programas de Formación Continua. Unas facturas que, "basadas en una inexistente participación de uno de los acusados en una actividad complementaria", respondían a tres conceptos -"impartición módulo RRLL; apoyo gestión y ejecución plan y evaluación de calidad".- y que ascendían a 160.200 euros.
Pero sobre esas facturas "ha podido comprobarse que no correspondían a acción formativa ni de colaboración alguna", sino que "fueron creadas artificialmente con el único fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito percibiendo las cantidades en las mismas reflejadas". El procedimiento empleado para este "indebido enriquecimiento" consistió una emisión de facturas como actividad complementaria a otras efectivamente realizadas, "de modo que por cada acción formativa se emitían dos facturas".
"Una -añade- que se ajustaba a la realidad y era emitida por el centro que había impartido el curso, y otra paralela que no correspondía a acción formativa ni de colaboración alguna, la que se reputa falsa, que se emitía con base en una inexistente actividad complementaria supuestamente desarrollada".
Esa actividad "en ningún caso llegó a realizarse al no contar el acusado ni la capacidad, ni la formación, ni los medios necesarios para ello, toda vez que ni siquiera la impartición de un módulo de riesgo laborales estaba previsto como actividad a impartir en el Plan formativo en la parte gestionada por la CEC".
Las facturas, explica el fiscal, "pese a que no respondían a acción formativa alguna, ni existía soporte documental alguno de una relación contractual, ni tampoco la persona que supuestamente las impartía había sido dada de alta como docente en la aplicación", fueron "validadas" a sabiendas por los responsables del sector de formación de la CEC, Espejo y Montero, quienes "abonaron su importe directamente" desde la cuenta de la patronal castellonense.
El mismo procedimiento se llevó a cabo entre otro de los acusados, puestos de común acuerdo con Espejo y Montero de manera "idéntica" con los mismos "fines ilícitos". Así, simularon de nuevo la participación de otro de los acusados en los cursos ofertados en el mismo Plan de Formación y emitieron hasta 56 facturas por 258.500 euros.
Esas facturas, igualmente, "no correspondían a acción formativa ni de colaboración alguna y fueron creadas artificialmente con el único fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito". Con posterioridad se declaró "la obligación de la beneficiaria de reintegrar 478.579,84 euros y otros casi 60.000 por intereses de demora", un reintegro que "fue efectivamente satisfecho".
También recoge que Espejo y Montero, actuando como responsables directos de una mercantil, "simularon una relación contractual inexistente" con otras dos entidades, y percibieron por esta supuesta participación un total de 120.897 euros.
Los hechos son constitutivos según el ministerio Fiscal de un delito de falsedad en documento mercantil en relación con el artículo 390.1.2º y 74 del Código Penal, en concurso medial con un delito de fraude de subvenciones del Código Penal. Por ello, pide para cada uno de los diez acusados una pena de prisión de cuatro años, además de diversas multas que van desde los 800.000 hasta los 2,6 millones de euros.
