La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Foto: G.LUENGAS/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso de la próxima semana debatirá y votará por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Administraciones Públicas entre 2024 y 2026, que fueron rechazados en el Senado el pasado 7 de febrero gracias ala mayoría absoluta el PP.
La Cámara Baja ya aprobó los objetivos y el plan de reequilibrio el pasado 10 de enero en una sesión celebrada en el Senado por estar el Congreso en obras.
Los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria, frente a los votos en contra de PP, Vox y UPN, permitieron al Gobierno superar el trámite. Eso sí, tuvo que ser en una segunda votación porque en la primera se equivocó un diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, y Junts prefirió no participar.
Como hubo un empate a 171 votos en ese primer intento, hubo que repetir la votación, y eso dio tiempo a que Junts cerrara un acuerdo con el PSOE a cambio de su apoyo para, entre otras medidas, comprometer se transferir las políticas de inmigración a Cataluña. Ya en la segunda votación y tras arrancar compromisos se emitieron 179 votos a favor y 171 en contra.
Pero casi un mes después de aquella votación, el PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.
La nueva votación del Congreso esta prevista para el jueves de la próxima semana, día 29 de febrero, y para entonces el PSOE deberá volver a reunir a todos sus aliados y no cometer errores para sacar adelante su plan. Después la historia se podría volver a repetir si el PP opta por vetar de nuevo los objetivos de estabilidad, algo que nunca ha ocurrido y que, de momento, el Ejecutivo no contempla en sus planes.
Pero de consumarse un segundo rechazo en el Senado, el Ministerio de Hacienda tiene un 'plan B', que es un informe de la Abogacía del Estado que avala fijar la senda de déficit remitida a Bruselas en abril en el marco del Programa de Estabilidad. Fuentes parlamentarias confirmaron a Europa Press que el informe se sustenta en el artículo 135.2 de la Constitución Española para evitar el bloqueo de la capacidad presupuestaria del Gobierno.
Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó de que los objetivos presentados a Bruselas son más exigentes que los propuestos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que las autonomías, en su mayoría gobernadas por el PP, tendrían menor capacidad de gasto.
En todo caso, los objetivos de estabilidad que se debatirán el jueves son los mismos que fueron refrendados por el Congreso en enero. Estos vienen acompañados por el plan de reequilibrio y el límite de gasto no financiero, este último conocido como "techo de gasto" y que no es sometido a votación.
Los objetivos fijan un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones Públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.
Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y al 0% en 2026. El techo de gasto, por su parte, se eleva a 199.120 millones de euros en 2024, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, del 105,4% en 2025 y del 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.
