Observatorios de precios: ¿herramientas útiles o escaparates políticos?

Los observatorios de precios, como el implementado por la Generalitat Valenciana, surgen con la promesa de ofrecer transparencia e información valiosa a los ciudadanos en tiempos de incertidumbre económica. Sin embargo, la realidad de su funcionamiento y actualización plantea serias dudas sobre su verdadera utilidad.

El Observatorio de precios de la Comunitat Valenciana, creado en 2022 como parte del Plan Reactiva, tenía como objetivo proporcionar un  seguimiento continuo de los precios de productos y servicios de mayor impacto en el consumo ciudadano. No obstante, al examinar la página web, nos encontramos con que los datos más recientes corresponden a noviembre de 2023, lo que evidencia una falta de actualización durante varios meses.

Esta situación nos recuerda inevitablemente a iniciativas similares del pasado, como el informe sobre el precio de los comercios minoristas en España, publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 2010 y alojado en observatoriodeprecios.com [1]. Dicha iniciativa, hoy desaparecida, corrió una suerte similar, quedando obsoleta y finalmente abandonada.

La pregunta que surge es: ¿Son estos observatorios verdaderamente útiles o se convierten en meros escaparates políticos? Por un lado, la intención de proporcionar información detallada sobre la evolución de los precios es loable y potencialmente beneficiosa para los consumidores. Sin embargo, para que estas herramientas sean realmente efectivas, requieren un compromiso constante de actualización y mantenimiento.

La falta de datos recientes no solo resta credibilidad a la iniciativa, sino que también puede llevar a los ciudadanos a tomar decisiones basadas en información desactualizada. En un contexto económico tan volátil como el actual, donde los precios pueden fluctuar significativamente en cuestión de semanas, contar con datos de hace meses resulta prácticamente inútil.

Además, cabe cuestionarse si estos observatorios realmente influyen en las políticas públicas o en las decisiones de los consumidores. ¿Cuántos ciudadanos conocen y utilizan regularmente estas herramientas?, ¿se traducen los datos recopilados en acciones concretas por parte de las administraciones?, ¿sirven realmente para algo?

La comparación con la iniciativa de 2010 del Ministerio nos muestra que este no es un problema nuevo. Parece existir una tendencia a lanzar estos proyectos con un gran aparato de propaganda, solo para dejarlos morir con el tiempo.

Para que estos observatorios cumplan realmente su función, sería necesario un compromiso a largo plazo, no solo en términos de actualización de datos, sino también en la difusión de la información y en la implementación de medidas basadas en los hallazgos. También sería crucial una evaluación periódica de su impacto real en la sociedad y en la economía.

De esta forma, aunque la idea detrás de estos observatorios es potencialmente valiosa, su ejecución actual deja mucho que desear. Si las administraciones públicas realmente desean proporcionar herramientas útiles para los ciudadanos en tiempos de inflación, deberían replantearse su enfoque, asegurando la relevancia, actualidad y accesibilidad de la información proporcionada. De lo contrario, estos observatorios corren el riesgo de convertirse en otro ejemplo más de buenas intenciones que se quedan en el camino, desperdiciando recursos públicos y, lo que es más importante, la confianza de los ciudadanos.

Juan Carlos Insa es abogado experto en consumo