La pandemia agrava la ocupación ilegal en las viviendas de la Generalitat 

VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana cuenta en estos momentos con unas 1.300 viviendas ocupadas de forma ilegal. Pese a los esfuerzos de la administración valenciana por atajar este problema, la actual coyuntura agudiza esta realidad social. Ya con la anterior crisis económica, muchos inmuebles del parque público valenciano empezaron a contar con nuevos inquilinos de forma irregular, pero ahora, con la pandemia, los casos han aumentado y los recursos de la administración son insuficientes para poder frenar una situación con una tendencia al alza. Y es que si a mediados de julio del pasado año se contabilizaron 1.164 ocupaciones ilegales, ahora son 1.298 casos, según las cifras de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha)

La situación no es sencilla. En la mayoría de casos se trata de familias con menores en situación de vulnerabilidad que no cuentan con recursos. "Seguimos con una ocupación estructural del parque público que se ha agravado por los problemas derivados de la covid, que nos han impedido legalizar ocupaciones en trámite y desalojar otros casos", explica Alberto Aznar, director general de esta entidad pública, dependiente de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

Durante los meses de confinamiento se produjeron 63 nuevas ocupaciones en inmuebles de titularidad de la Generalitat Valenciana, 43 de ellas en la provincia de Valencia y 19 en la de Alicante. De hecho, según informaba la Conselleria, en ese tiempo se detectaron casos en los que se habían acondicionado estancias para el cultivo de plantaciones ilegales e incluso se registró algún incendio por la manipulación de las redes eléctricas para acceder al suministro ilegalmente. Y es que, aunque el EVha mantuvo su servicio de inspección activo para atajar las agresiones al parque público y el uso fraudulento de las viviendas de la Generalitat, la situación es complicada. La mayoría de los inmuebles ocupados de forma irregular se encuentran en áreas humildes, como La Coma o Bloques Portuarios en València, la zona de Miguel Hernández en Alicante, o el barrio de San Lorenzo en Castellón.

"No es una realidad fácil, porque en la mayoría de los casos son familias que no tienen adonde ir, con una problemática muy compleja. Son colectivos vulnerables muy localizados en barrios concretos, donde existen problemas reales de drogas y convivencia", explica Aznar. De hecho, el 66% de estos ocupantes están pendientes de legalizar su situación y ser adjudicatarios del inmueble. Y es que, de las 1.298 viviendas ocupadas, 953 son susceptibles de ser regularizadas y 629 se encuentran en este proceso y cuentan ya con el expediente abierto para su tramitación, aunque la actual situación de crisis sanitaria ha ralentizado los procedimientos.

Fue en 2017, cuando el anterior equipo al frente de la Conselleria de Vivienda, liderado por María José Salvador, activó un programa de legalización de ocupantes sin título para la adjudicación excepcional de los inmuebles analizando caso por caso. Una resolución con una 'amnistía' a todas aquellas personas que estuvieran en una vivienda pública desde antes de 2015. Pero, además, debían cumplir una serie de criterios objetivos, como acreditar situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; familias numerosas; con hijos menores, o víctimas de violencia de género.

Además, se exige el cumplimiento de una serie de criterios subjetivos para regularizar las ocupaciones sin título, como demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble o tener arraigo en el barrio. Una información que recaba el EVha de los servicios sociales municipales. En caso de no cumplir con estas condiciones se procede a su desalojo, especialmente en los casos más conflictivos y que enturbian la paz vecinal. Actualmente, son 336 los casos que no van a ser regularizados. 

Rehabilitación y regeneración de los pisos: plan de dignificación

Pero las regularizaciones no siempre son fáciles, porque en la mayoría de casos se debe adecuar el inmueble para que sea habitable. "Cuando hay que legalizarles tienen que abandonar el piso para que se puedan acometer las obras de reforma. Normalmente no tienen adonde ir y no quieren salir por miedo a no volver", explica. A esta situación se suma la posibilidad de que estas viviendas vuelvan a ser ocupadas de forma irregular si se quedan vacías. Desde el EVha han detectado casos en los que se ha desalojado a sus ocupantes, pero inmediatamente otros han entrado y ello impide la actuación en el piso.

Así, en una vivienda de Elx (Alicante), para evitar su ocupación reiterada y poder repararla, se colocó una puerta antivandálica, que a los tres días de su instalación ya había sido arrancada, mientras que en Paterna (Valencia), una de las viviendas que estaba previsto reparar fue ocupada pasados unos días. A día de hoy, hay 147 inmuebles en reparación de los 629 con proceso abierto para su regularización, aunque el objetivo es acabar el año con 500 inmuebles de todo el parque público totalmente rehabilitadas.

Para ello, se ha puesta en marcha un plan de dignificación del parque público de la Generalitat Valenciana, que incluye reparaciones en fachadas e interior de los pisos para poder destinarlos al alquiler. Contempla, por un lado, Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en ciertas áreas y, por otro, planes de intervención integral (PIN) en una docena de municipios por toda la Comunitat Valenciana.

Procesos educativos

"Hay muchos barrios que han sido dejados de la mano de Dios y se les ha abandonado y se han tenido que autoorganizar", explica Helena Ferrando, subdirectora de Intervención Social de la EVha. "Estamos intentando desarrollar políticas de inclusión, porque mucha gente quiere quedarse en sus barrios, cuidándolos", señala. Para ello, se ha diseñado un plan, que contará con una dotación presupuestaria de un millón de euros anuales para poner en marcha procesos de inclusión social y educación. "Tenemos que empezar a cuidar a las familias", subraya.

Así, en cada uno de los cuatro barrios habrá un profesional que hará un seguimiento y acompañamiento a las familias que vayan a regularizar su situación, teniendo en cuenta los problemas de convivencia de la zona. Todo ello en absoluta coordinación con los servicios sociales municipales. "Este servicio no invadirá competencias, sino que ha llegado para complementar y ser un refuerzo, porque si solo concentras la inclusión en dar una casa, sin hacer un seguimiento y acompañarlo de un proceso educativo, el problema se reproduce", puntualiza Ferrando. "La idea es trabajar la intervención comunitaria", recalca.

En la actualidad, el parque público de vivienda está formado por 14.000 inmuebles, de los que 12.676 son para alquiler social, personas en riesgo de exclusión. Otros 1.367 se ofrecen en régimen de alquiler asequible. Estos activos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la geografía valenciana y conforman un volumen que desde la Conselleria de Vivienda consideran insuficiente y escaso para hacer frente al problema habitacional en la autonomía.  De hecho, el reto de legislatura del conseller del ramo, Rubén Martínez Dalmau, es ampliarlo un 30%.