Oliver cuestiona la validez del informe de la Intervención del Ayuntamiento de València

VALÈNCIA. La exconcejala de Educación del Ayuntamiento de València María Oliver, actual asesora en materia de Vivienda del vicepresidente de la Generalitat Rubén Martínez Dalmau e imputada por, presuntamente, dar a dedo una subvención a José Manuel Rodríguez, compañero de partido de partido, miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València, ha respondido al revés judicial del PP.

Dicho revés venía dado por un informe de la Intervención Municipal, que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de València, que aseguraba que las compras que realizó Rodríguez con dinero público no eran subvencionables en el convenio firmado por la Concejalía de Educación. Dichas compras incluían dos Ipads de 481 euros cada uno, dos cámaras de fotos de 274 euros y una tercera de más de 1.000 euros o dos portátiles de 392 euros.

En un escrito enviado por su defensa, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, se explica que la Intervención del Ayuntamiento, que puso en la picota los gastos en cámaras de fotografía, Ipads u ordenadores portátiles comprados por Rodríguez, no podían ser auditados por ese órgano, la Intervención del consistorio.

El escrito, copia una parte de la pericial en la que cuestiona la capacidad de la Intervención Municipal para decir que los gastos del profesor no son legales.  Dicho escrito empieza diciendo que, en lo que se refiere a si alguno de los gastos incluidos en la relación que se adjunta (certificado de la jefa del Servicio de Contabilidad y Presupuesto de la Universidad de València. No del Servicio de Educación del Ayuntamiento), por un importe de 62.522 euros, es un gasto no subvencionable de acuerdo con el convenio entre el Ayuntamiento de València y la Universidad para el estudio del sistema educativo, les parece “improcedente que se le pida al ayuntamiento una valoración”.

Dice el letrado sobre este extremo que, “nos parece improcedente que se le pida una valoración al Ayuntamiento de València, sin perjuicio de que tenga capacidad objetiva para hacerlo como a continuación se hará mención, de algo que no forma parte del expediente administrativo, ni es autoría del servicio de Educación del ayuntamiento, ni es fiscalizado por la Intervención, sino de la Universidad de València”.

Es en ese momento cuando el letrado entra a valorar las compras que, a juicio de la Intervención, “son inventariables, pero no subvencionables” , pero que según la defensa de Oliver, “no puede analizarse sin que se informe desde el Ayuntamiento de Valéncia si el Servicio de Educación, en algún momento, ha tenido oportunidad de manifestarse u oponerse a esos gastos.

Y apostilla diciendo, “esto es, que se debe requerir al Ayuntamiento al objeto de que indique si en las memorias remitidas por la Universidad de Valencia, como las antes mencionadas del expediente administrativo por ejemplo y que son las que han sido objeto de fiscalización por el Servicio de Educación y la Intervención que aprueba el pago, no en los listados de contabilidad interna remitidos, se han incluido gastos no subvencionables, si han sido aprobados los mismos o, en caso de no serlo, si se ha requerido la subsanación”.

El cierre del escrito, asevera que, además de que el propio informe de la Intervención dice que no tienen conocimiento de si “existe un expediente de reintegro” que, “se debe requerir al Ayuntamiento al objeto de que indique si en las memorias remitidas por la Universidad de Valencia, como las antes mencionadas del expediente administrativo por ejemplo y que son las que han sido objeto de fiscalización por el Servicio de Educación y la Intervención que aprueba el pago, no en los listados de contabilidad interna remitidos, se han incluido gastos no subvencionables, si han sido aprobados los mismos o, en caso de no serlo, si se ha requerido la subsanación”.