Oltra: "Ahora el sistema de dependencia funciona y quizá por eso se han triplicado las peticiones"

VALÈNCIA. El anteproyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2018 indica un incremento del 13,8% en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra (Neuss, Alemania, 1969). Un aumento, el mayor de todo el Gobierno valenciano, dirigido a aupar la inversión en políticas sociales a la altura de la media española. "Deberíamos estar por encima para recuperar los años perdidos pero es una buena noticia", afirma la también coportavoz de Compromís, quien recibe a Valencia Plaza en su despacho de la plaza de Nules para analizar la gestión de su departamento y la actualidad del Consell a falta de un año y medio de las elecciones de 2019.

-Su conselleria, Igualdad y Políticas Inclusivas, es la que más aumenta en el anteproyecto de Presupuestos para 2018. ¿Qué destacaría de las partidas que se incrementan?
-Destacaría en primer lugar lo que es el aumento general y esto tiene una razón: nosotros éramos la comunidad autónoma de España con menos inversión en políticas sociales, muy por debajo de la media. Si estos presupuestos se aprueban será la primera vez que nos pongamos en la media española. Teniendo en cuenta además que somos una autonomía con muchas vulnerabilidades sociales, más paro que la media, más tasa de pobreza que la media, un sistema de dependencia más débiles que otras CCAA... en realidad deberíamos estar por encima para recuperar los años perdidos pero es una buena noticia. El Pacto del Botánico establece en su eje primero el rescatar personas y esta conselleria es la que más competencias tiene en esto. Destacaría la Igualdad, sobre todo en la lucha contra la violencia género y machista, donde estas cuentas ya incluyen el acuerdo firmado por 63 organismos y asociaciones diferentes. Es la primera vez que se hace un pacto de estas características en España y cuenta con 12,8 millones de euros dedicados al cumplimiento de este acuerdo. 

-También se aprecia un ascenso importante en infancia...
-Sí; hemos hecho ahí un gran esfuerzo donde el presupuesto sube más de un 20%. Aquí destacaría las ayudas a las familias. Las familias acogedoras, extensas, cobrarán 420 euros al mes -cuando llegamos al poder recibían 135 euros-; las familias educadoras cobraban 270 euros y cobrarán ahora 420 euros y se mejoran las partidas cuando la familia acogedora es monoparental o cuando el niño o niña tiene una necesidad educativa especial o alguna discapacidad. Así, las de acogimiento especializado pasarán a cobrar 990 euros todas y si son monoparentales, 1.050 euros. Está clara la apuesta de este gobierno por el acogimiento frente a los centros: para nosotros el mejor lugar donde un niño o una niña puede estar es en una familia. Por otro lado, en servicios sociales municipales hemos aumentado desde 2015 hasta ahora un 327% las partidas para ayuntamientos. Esto nos permite haber pasado en atención a la dependencia de 145 puntos de atención a 243 en los municipios.

-Hay muchos aumentos de partidas desde 2015 pero luego se acusa a la Conselleria de que no ejecuta los presupuestos asignados. Hasta septiembre de 2017, por ejemplo, está ejecutado en inversión poco más de un 13%. ¿Cuál es el problema?
-Creo que hablar de ejecución del presupuesto sin que se cierre el ejercicio es especular porque en el último trimestre se ejecuta mucho en inversiones. Hay obras que cuando tú las recibes es cuando se paga la mayor parte del dinero o por ejemplo en subvenciones, hasta que no recibes las justificaciones por parte de la entidad y ves que todo está correcto no lo puedes pagar. En 2016 ejecutamos el 94%. En julio de 2015 cuando llegamos al gobierno, en renta solo se había ejecutado 4,2 millones de los 30 y nosotros ejecutamos en cinco meses por encima de los 30 millones. Todos los años han estado por encima del presupuesto en este ámbito, por eso os digo que es un poco relativo.

"SI LE DAS ALGO A UN AMIGUETE TODO VA RÁPIDO, HACER BIEN UN CONCURSO PARA ADJUDICAR 3.300 PLAZAS LLEVA SU TIEMPO"

-Precisamente en renta garantizada se aumenta notablemente la cantidad destinada en los presupuestos de 2018 y se amplía la población que puede resultar beneficiaria. ¿Qué cálculos tiene de esos 88 millones que están previstos?
-Se dignifican las cuantías pasando de los 360 euros de ahora a 532 euros y se amplían también los potenciales beneficiarios. Se rebaja la edad de 25 años para casos especiales como por ejemplo si tienen hijos o cargas familiares, para jóvenes extutelados por la Generalitat, víctimas de trata o de violencia de género... Esperamos llegar a 80.000 beneficiarios el año que viene, actualmente estamos en 55.000. También entrarán a implementarse las figuras de renta con el complemento de ingresos del trabajo: gente que no tiene un problema de exclusión social porque tienen empleo pero un salario muy bajo y no llegan al salario mínimo interprofesional y se les complementa.

-¿No le preocupa que vayamos hacia una sociedad cada vez más subsidiada? 
- El proyecto de ley de Renta establece dos derechos: uno, el derecho a una estabilidad económica y dos, el derecho a la inclusión social. Con estas personas se va a trabajar, por eso también se desburocratiza la renta. No va a caducar cada seis meses, no va a suponer tanto papeleo y eso permite a los profesionales trabajar con ellos su itinerario, su proyecto de vida, su inserción laboral si es posible... El objetivo de esta figura, que otorga estabilidad económica, es que la gente pueda dedicarse a buscar trabajo. Porque si tú estás de la mañana a la noche ocupado por conseguir un paquete de macarrones para que tus hijos coman no estás en condiciones psicológicas y anímicas para centrarte en tu proyecto de vida. En líneas generales, creo que la gente no quiere estar en su casa mano sobre mano, quiere trabajar, sentirse útil, socializarse... También hay que pensar que los perfiles son muy distintos: ahora el grueso de empobrecimiento en nuestra sociedad son personas como tú o como yo, que ayer estaban trabajando y la crisis económica se llevó por delante sus puestos de trabajo. Si eso ocurrió con los dos miembros de la familia es un colapso económico y han tenido que buscar ayuda en sus padres. Todos debemos pensar, con este sistema económico, que todos estamos en riesgo de exclusión social. Un estado avanzado creo que debe ejercer de red.

-¿Cuántos dependientes hay en lista de espera?
-Estamos en unos 31.000 dependientes; hemos subido ahora porque habíamos bajado a 27.000.

-¿Le parece aceptable?
-La razón fundamental es que se han triplicado las solicitudes. Hicimos los cálculos contando que resolveríamos entre 1.000 y 1.200 expedientes al mes y esto lo estamos cumpliendo, pero las solicitudes se han triplicado. Hay que entender que ahora el sistema sí que funciona y quizá por eso se han aumentado las peticiones: 'Pídelo que ahora te responden'. Espero que cuando el decreto 62/2017 que ordena el acceso a las prestaciones se vehicule a través de los ayuntamientos tendremos un bajón importante de la lista de espera porque los consistorios podrán gravar directamente. Hay que recordar que hemos pasado de 17 a 400 valoradores en los municipios y ahora debemos lograr una mejoría en el sistema informático en la que estamos trabajando. 

-Pero el PP incide, por ejemplo, en que se los dependientes se valoran pero luego existe un atasco en el pago.
-Nosotros resolvemos de media entre 1.000 y 1.200 expedientes al mes y en ese momento se empieza a pagar. Pagamos, eso sí, mucha retroactividad, más del 40% de lo que pagamos se va ahí. Hemos llegado a pagar de los años 2007. Es cierto que no estamos cumpliendo todavía los seis meses de la ley y por eso, al rebasar el plazo legal, tenemos que abonar la retroactividad. Cuando podamos equilibrar el sistema, dejaremos de pagarla. Ahora estamos resolviendo abril de 2016 pero cuando entré aquí empezamos resolviendo de 2007 y 2008.

-Usted fue muy dura con la gestión del PP en políticas sociales, especialmente en dependencia. ¿Cómo le sienta que los populares le digan que varios miles de personas han fallecido sin recibir la ayuda?
-A ver, nosotros tratamos de acelerar los casos urgentes, de extrema gravedad. Obviamente me duele que ocurra eso pero el trabajo lo estamos haciendo: de todas formas hay que tener mucho cinismo para decirme que todo va muy lento y que al mismo tiempo hayan recurrido, con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, al frente la contratación de más de 60 valoradores para el Ayuntamiento de València. Efectivamente, hoy en día hay personas que fallecen sin recibir la ayuda pero, por ejemplo, el PP en 2013 no resolvió ni un solo expediente. Y la gente también se moría. Nosotros en cambio estamos resolviendo entre 1.000 y 1.200 expedientes al mes.

-Pero no es suficiente...
-Por la variable que he explicado del aumento de expedientes. Nosotros hicimos los cálculos en base a la realidad, no podíamos predecir la situación, pero estamos cumpliendo con el objetivo que habíamos fijado. Y por cierto, el Gobierno de España tiene que pagar la mitad de la inversión en dependencia y solo está abonando el 13%. Y el resto, lo paga la Generalitat.

-¿No puede llevar a los tribunales al Gobierno de Rajoy para que pague el 50%?
-Esto es complicado. En el Consejo Territorial de Servicios Sociales hemos planteado este problema: están pagando de media el 18% porque el sistema no está bien concebido, no hay manera de homogeneizar los datos, cada CCAA ha desarrollado la ley de una manera... El caso es que te hacen una transferencia menor de lo que te tienen que hacer. Nosotros nos gastamos 700 millones de euros en dependencia y el gobierno debería poner 350 millones y esos no están por ningún sitio. Pero esta pelea es diaria y con otras cuestiones también: por ejemplo, el IRPF social que ahora tenemos que gestionarlo las CCAA porque el Tribunal Constitucional determinó que había una invasión de competencias por parte del Gobierno de España. El ministerio te reconoce que a la Comunitat le debería tocar entre 19 y 22 millones de euros y nos pagan 13. Y si votas en contra... pues te dicen que si no te adhieres al acuerdo no hay dinero. ¿Prefieres 13 o cero? Y esto está funcionando así y es uno de os problemas del modelo territorial que se deben hablar.

-¿Ha reflexionado sobre la polémica en los centros de menores antes del verano? ¿Qué conclusiones ha sacado?
-El sistema residencial de menores era un desastre: no atendía correctamente ni protegía a los menores, perpetuaba las situaciones de exclusión y era en definitiva muy precario. 

-Pero esto estalla en 2017 cuando llevan dos años de gobierno...
-El primer año hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta de lo mal que estaba y por eso se creó en agosto de 2016 la Dirección General de Infancia y Adolescencia para que tratara en exclusiva de estos problemas. Mejoramos las prestaciones de las familias acogedoras en el primer presupuesto y nos pusimos con la remodelación del sistema residencial. Eso necesita un tiempo: ver lo que hay, los cambios que hay que hacer, elaborar un documento, sacar los contratos... que tardan una media de un año porque esta Administración no tiene pulmón. Hemos tenido que echar mano de procedimientos de emergencia en algunos casos porque si no, no es posible. En un año se te va una cuarta parte de la legislatura.

-Pero eso que dice es un problema generado en la Generalitat, no externo...
-Sí, pero es que no tenemos bastantes funcionarios y tenemos una tasa de reposición que nos impiden contratar el personal suficiente. Somos la CCAA en términos relativos con menos empleados públicos por habitante. Cuando se impone el dogma neoliberal de adelgazar la Administración estas son las consecuencias. Y aún así, le hemos dado la vuelta al sistema residencial de menores y saldrán a final del año las 602 plazas con este nuevo sistema, bajando el ratio a la mitad, el doble de trabajadores... pero todo esto ha llevado un tiempo. 

-La patronal de las residencias ha criticado la regulación del concierto social. ¿Por qué no se les deja participar en los conciertos de esas 1.363 plazas?
-Porque va dirigido a entidades sin ánimo de lucro. 

-Pero, por ejemplo, sí se permite a las mercantiles que participen en las 3.300 plazas residencias de mayores...
-Son prioridades. Prioridad número uno, servicio público. Si no puede ser, lo siguiente es entidades sin ánimo de lucro. Y si no se cubren las necesidades así, se recurre al espacio privado. Esto es porque, para nosotros, cuanto menos mercantilizado esté un servicio ligado a una política social entendemos que es mejor porque el dinero que en todo caso vas a invertir en el beneficio empresarial preferimos que se invierta en el beneficio social. Cuando no se cubre con lo público y lo no lucrativo, pues ya entran a jugar las empresas. Esa es la secuencia.

-¿Y cuando se van a adjudicar las 3.300 plazas de las residencias?
-Antes de acabar el año. De hecho hay siete lotes ya adjudicados a 1 de noviembre.

-¿Por qué se está dilatando tanto? El PP asegura que es porque precisamente van a recaer en las residencias del llamado 'modelo Cotino'...
-Esto es un proceso técnico en el que no intervenimos los políticos. Se ha dilatado porque el contrato, para empezar, es complejo: 3.300 plazas, 13 lotes. Se presentaron muchas empresas, más de 40. ¿Por qué? Porque ahora el sistema de accesibilidad no está trucado, ya no es solo para los amiguetes. Muchas de las empresas no tienen experiencia en procesos de contratación pública y ha habido que subsanar muchos errores, resolver recursos de las empresas vía el tribunal económico lo que conlleva la suspensión temporal hasta que se resuelve... Todo esto lleva su tiempo pero vamos, la mesa de contratación se ha reunido hasta en agosto. Si tú le das algo a un amiguete eso va muy rápido; ahora, si tú lo haces bien, un proceso técnico, eso lleva su tiempo y más aún cuando como digo no tenemos bastante personal.

-¿Qué receptividad ha encontrado en las empresas respecto al pacto sobre la violencia de género?
-Es pronto todavía para hacer una evaluación de esto porque se firmó en septiembre. Las empresas de comunicación están respondiendo muy bien así como las asociaciones de periodistas. De momento se han adherido sobre todo entidades y personas físicas y ahora estamos avanzando con las empresas.

-En el pacto se insta a las administraciones públicas valencianas a no contratar o subvencionar a medios de comunicación que utilicen la cosificación de las mujeres y la prostitución. ¿Se va a incluir como cláusula en los concursos?
-Está así firmado, por lo que entiendo que se cumplirá.