Mónica Oltra y Carmen MontónVALENCIA. La secretaria autonómica de Sanidad, Dolores Salas, presentó este lunes su dimisión tras el informe de la Conselleria de Transparencia que detectaba irregularidades en las contrataciones en la Fundación Fisabio, donde su hija trabajó meses atrás y en la que la número dos de la conselleria fue directiva en la pasada legislatura. Un informe que dejaba claro que los procedimientos llevados a cabo no eran los adecuados y ponía a los pies de los caballos a Salas. Su renuncia llegó poco después de las cuatro de la tarde, una decisión a todas luces impuesta por la cúpula de la Generalitat hecha pública solo media hora después de que se conociera el citado informe de Transparencia.
La situación implica un revés importante para la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, quien ha visto como un alto cargo designado por su partido, Iniciativa, ha sido el primero obligado a dimitir por una cuestión de enchufismo. El informe encargado a la Conselleria de Transparencia no dejó dudas sobre los defectos en el proceso de la fundación Fisabio respecto a la contratación de la hija de Salas, por lo que la puerta de salida quedó abierta de par en par para la hasta ahora número dos de Sanidad.
Un sapo difícil de tragar para la vicepresidenta del Consell, quien meses atrás ponía el grito en el cielo por la contratación del economista y marido de la consellera Carmen Montón, Alberto Hernández Campa, como gerente de Egevasa, empresa hidráulica de la Diputación de Valencia. En aquel momento, Oltra consideró que el nombramiento no era "estético", unas declaraciones que causaron no poco revuelo en el Consell y que, finalmente, se saldaron con la renuncia del elegido para el cargo. La indignación de los socialistas por la reacción de la vicepresidenta respecto a un puesto de confianza elegido por el PSPV fue supina. La tensión entre Oltra y Montón no ha desaparecido desde entonces y más de un alto cargo socialista veía lo acaecido ayer como una pequeña victoria interna de la consellera socialista.
En este sentido, en los últimos días, desde el entorno de Oltra se aceptaba en privado que el procedimiento por el que se había nombrado a la hija de Salas debía ser estudiado. No obstante, los primeros datos ofrecidos por los medios ya apuntaban a la gravedad del caso: la explicación se hacía complicada y el asunto se dejó en manos de la Conselleria de Transparencia. El veredicto ha sido claro y la consecuencia, inmediata: el Gobierno valenciano pierde a su primer alto cargo por una cuestión ajena a la gestión.
Una decisión que pone más aún en la cuerda floja a la otra dirigente pendiente de un informe de la Conselleria de Transparencia. La directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, se encuentra bajo la lupa debido a una posible cuestión de incompatibilidad referente a una gasolinera familiar sobre la está pendiente una actuación por parte de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente. Un embrollo que también se estudia desde Transparencia y por el que no pocos altos cargos del Ejecutivo consideran que Cucarella puede perder su puesto.
En cuanto Salas, las conclusiones de la Inspección General de Servicios anulaban cualquier margen para salvar a la secretaria autonómica. Las irregularidades detectadas en la selección de personal temporal de Fisabio se refieren a tres aspectos esenciales: los defectos en la fijación de los criterios de selección, la concurrencia de un conflicto de interés y la "falta de rigor" en los requisitos de titulación mínima a utilizar en los puestos de técnico de apoyo, "falta de rigor presente de forma significativa" en la contratación de la hija de Salas.
Un auténtico traje a la medida de la familiar de la exalto cargo de la Conselleria de Sanidad que el departamento encabezado por Manuel Alcaraz resuelve con la eufemística fórmula de "preconfiguración de los candidatos a seleccionar". Ante ello, insta a evitar en futuras convocatorias que los méritos "se encuentren excesivamente vinculados a la experiencia previa adquirida en Fisabio o que puedan presentar una orientación ad personam poco razonable".
Respecto a la existencia de conflictos de interés, el informe -publicado de forma parcial- subraya la obligación "concreta" aplicable al personal de las fundaciones públicas "de abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público".
En sus recomendaciones, el informe también invita a revisar la situación de Aníbal G. S. contratado como investigador mediante un procedimiento que, según Transparencia, podría no haber sido correcto "desde el punto de vista que el mismo se estaría ocupando careciendo del requisito de la titulación que se definió inicialmente en la convocatoria de dicho puesto (Licenciatura en Ciencias de la Salud)".
Sin embargo, la convocatoria a la que se refiere el documento (Fisabio 2016/29) apunta como requisito indispensable la Licenciatura en Ciencias Económicas o Empresariales y la formación en "economía de la salud", una cualificación que sí podría acreditar atendiendo a la información publicada por él mismo en su perfil de la red social profesional LinkedIn.
