VALÈNCIA. La búsqueda de un edificio por parte de la Generalitat para reubicar temporalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) por la reforma en su sede actual podría ser un perfecto ejemplo de gestión ineficiente del patrimonio público. Alquilar un inmueble privado tendrá un coste relevante que podría haberse evitado de haberse utilizado alguno de los inmuebles disponibles que forman parte del patrimonio de la Generalitat. Estaba previsto que así se hiciera, pero discrepancias entre la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo y la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, sobre el uso de los edificios públicos obligarán a realizar el dispendio.
La Consellera de Justicia está en plena búsqueda de un edificio adecuado para albergar temporalmente la sede de los juzgados. El inmueble deseado para uso exclusivo del TSJ debe tener 3.000 metros cuadrados, estar en el centro y ser accesible desde la calle, según el anuncio del pasado 28 de marzo, víspera de Jueves Santo, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat después de Semana Santa.
Sin embargo, una semana antes, el 21 de marzo, la consellera Gabriela Bravo se reunió con la Sala de Gobierno del TSJ y magistrados y letrados de la administración de justicia para anunciarles que mientras durasen las obras de adecuación de sus dependencias actuales se irían a un inmueble singular de 2.000 metros cuadrados situado en el número 80 de la calle Colón y a dos plantas de 500 metros cada una en un edificio ubicado en Amadeo de Saboya 2, conocido como ‘La Cigüeña’. Ambos son de titularidad pública.
En el encuentro, al que estaban convocados todos los magistrados y secretarios del TSJCV, Bravo incluso señaló el mes de diciembre como fecha prevista para el traslado. A la reunión asistieron una docena de magistrados y según fuentes presentes en la misma, los magistrados no plantearon condiciones para el traslado.
El coste total que la Generalitat tendrá que asumir ahora para pagar el alquiler de la sede temporal del TSJ superará el millón de euros. Fuentes del sector inmobiliario apuntan que la renta de mercado de un edifico de las características que busca Bravo oscila entre 10 y 13 euros el metro cuadrado útil. Dado que la previsión de la Conselleria de Justicia es que la reubicación dure entre dos y cuatro años, el coste para las arcas públicas se elevará hasta 1,5 millones de euros.
A diferencia de lo que sucede con la gran parte del patrimonio inmobiliario de la Generalitat, el edificio de Colón 80 que en su momento albergó la Conselleria de Bienestar Social lo gestiona directamente la Conselleria de Igualdad, no la de Hacienda, porque el departamento de Mónica Oltra se lo adscribió al principio de la legislatura. Desde entonces, casi tres años después, el edificio completo permanece cerrado y sin ningún uso.
Para disponer de él, por lo tanto, es imprescindible contar una cesión expresa por parte de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad.
Cuando Bravo les anunció a los jueces su traslado a Colón 80 y a Amadeo de Saboya 2, Mónica Oltra aún no había cedido formalmente el uso del edificio a Justicia, pero portavoces de su departamento aseguran que sí había comunicado su disposición a hacerlo. No obstante, reconocen que transcurrieron varias semanas desde que se comunicó informalmente la cesión del inmueble hasta que ésta se hizo efectiva.
En ese impasse, Gabriela Bravo anunció en el TSJ el traslado a las sedes públicas, pero una semana después, la subsecretaria de Justicia firmó el anuncio de búsqueda de un edificio. Lo sorprendente es que justo ese mismo 28 de marzo, el subsecretario de la Conselleria de Igualdad firmó la cesión a Justicia del inmueble de Colón 80. El documento está firmado electrónicamente a las 14:44 de esa jornada.
Además de con retraso, la cesión del edificio llegaba con condiciones que hacían inviable de facto la carambola prevista por Justicia para reubicar los juzgados. Según consta en el documento, Igualdad accedía a dejar Colón 80 temporalmente en manos de Justicia, pero a cambio exigía que se le cedieran las plantas 5 y 6 del edificio de Amadeo de Saboya para ubicar el Centro de Valoración de Discapacitados de Valencia.
Las seis plantas del antiguo edificio de la Cigüeña, adscrito a la Conselleria de Hacienda, están cedidas a varias conselleries: dos a Transparencia, dos a Justicia y dos a Igualdad, que las tiene ocupadas con el IVASS.
Para liberar Colón 80, Oltra pedía como contrapartida disponer de las dos plantas de Justicia en Amadeo de Saboya, una condición que convertía en irrealizables los planes de Justicia para ubicar a los magistrados del TSJ porque contaba con sus dos plantas en ese inmueble para los juzgados de lo contencioso.
Un portavoz de la Conselleria de Justicia explicó a este periódico que, pese a que la consellera Bravo les dio por hecho a los jueces su traslado a Colón 80, finalmente se decidió optar por buscar un inmueble privado porque, en los días posteriores a la reunión del día 21 en el TSJ, sus técnicos se dieron cuenta de que la solución no se adaptaba a las necesidades de espacio de los juzgados, cuyos magistrados iban a estar "hacinados".
Las mismas fuentes justifican también el cambio de postura en la elevada inversión que se tendría que realizar para adecuar las dependencias de Colón 80 y en la oposición que algunos magistrados le habrían hecho llegar a la consellera a título particular.
Por su parte, fuentes del TSJ aclararon que no participaron ni en la elección de la sede provisional ni en el cambio de la misma porque son cuestiones que corresponde decidir a la Conselleria de Justicia, por lo que se mantienen a la espera de que se les comunique su nuevo destino.
Mientras, la Conselleria de Igualdad explicó a este periódico que, pese a no haber recibido respuesta de Justicia a la cesión del edificio, ya tenían constancia de no va a hacer uso del inmueble de la calle Colón para reubicar el TSJ.
El edificio de Colón 80 permanece cerrado desde hace años cerrado. La Conselleria de Igualdad, que lo adscribió al Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj) –dependiente de Oltra– al principio de la legislatura, prevé destinarlo a albergar una parte del Centro de Valoración de Discapacitados de Valencia, pero reconoce que lleva tanto tiempo sin uso que requiere de una importante adaptación antes de poder destinarlo a uso público.
El inmueble, que dispone de 2.000 metros cuadrados repartidos en un bajo, cinco plantas y un almacén, ocupa el chaflán entre Colón y la calle Conde Savatierra, una de las zonas más codiciadas de la ciudad por su atractivo inmobiliario. La última reforma se realizó en 1996.
La consellera Mónica Oltra anunció en octubre de 2015 la reubicación de las dos sedes actuales del Ivaj en el edificio de Colón 80, pero dos años y medio después aún no se ha hecho efectivo. En noviembre de 2016 anunció en Les Corts una inversión de 300.000 euros en la adecuación de la que iba a ser sede central del instituto de la Juventud que tampoco se ha llevado a cabo.
Fuentes del sector inmobiliario consultadas por este periódico aseguran que la Generalitat podría obtener importantes ingresos si se desprendiera de ese inmueble que tiene ocioso desde hace años. En concreto, calculan un precio de venta de entre 3,5 y 5 millones de euros, según el estado.
La incapacidad de poner a disposición del TSJ un inmueble propio sin coste para las arcas públicas a pesar de disponer de edificios que podrían satisfacer esa necesidad cuenta con un precedente cercano, el de la Agencia Antifraude.
El organismo que dirige Joan Llinares, adscrito a Les Corts y con un presupuesto de 2,77 millones anuales, se tuvo que buscar destino después de que el Consell fuera incapaz en cinco meses de encontrar entre sus inmuebles uno que cumpliera los requisitos necesarios para albergar la sede de la entidad. Por ello, finalmente la Agencia tuvo que alquilar unas oficinas en la Calle Navellos 14 de València por las que paga 10.000 euros mensuales.
